CHICAGO –
Los $31,690 que Johnny Melton recibió para finiquitar una demanda por la muerte de su madre le iban a ayudar para recomenzar tras salir de prisión.
Pero antes de ser liberado, luego de 15 meses por un condena relacionada a drogas, el Departamento de Correccionales de Illinois (IDOC) demandó a Melton y ganó casi $20,000 para cubrir los gastos de su encarcelamiento. Cuando Melton fue liberado bajo palabra a principios de este año, se vio obligado a ir a un refugio para desamparados y después un primo lo recibió en su casa. Melton vivía de estampillas para comida y cuando murió en junio, según su familia, era un desamparado.
“No tenía un centavo”, dijo Denise Melton, una de sus hermanas. “Tuvimos que juntar dinero para cremarlo”.
La demanda contra Melton fue una de un pequeño pero creciente número de casos que IDOC entabla contra expresidiarios para recuperar los gastos de su encarcelamiento, en un esfuerzo enfocado para solventar operaciones y que hace a los presos sentir el yugo financiero por los delitos cometidos -además de la sentencia en prisión.
Las demandas, en algunos casos, se enfocan en homicidas o violadores que cumplen largas sentencias. Algunos presos nunca saldrán; otros serán liberados cuando estén muy viejos. Pero muchas de las demandas se enfocan en delincuentes menores que han conseguido u obtienen algo de dinero, ya sea por una herencia, algún un fondo o, como fue el caso de Melton, tras el acuerdo por una demanda por una muerte negligente.
De cualquier forma, los críticos dicen que las demandan complican a los expresidiarios el reinsertarse en la sociedad, además de aumentar la reincidencia y echar por tierra las metas de rehabilitación de IDOC. Debido a que la estabilidad financiera y un trabajo son clave para no volver a prisión, quitar a un preso la seguridad financiera aumenta las probabilidades de que vuelva a cometer un crimen o, al menos, depender de los contribuyentes, como ocurrió con Melton cuando recurrió a las estampillas. Los legisladores en todo el país, e incluso el presidente Barack Obama, se han enfocado en los puntos de reincidencia.
En algunos casos las demandas parecen punitivas, incluso vengativas, para los presos, y puede tener un efecto escalofriante en los presos si se toman en cuenta sus derechos constitucionales. Luego de que un presidiario recibiera $50,000 como parte de un acuerdo por una demanda contra IDOC por no haberle tratado adecuadamente de cáncer, IDOC reviró y demandó al preso por casi $175,000 -a pesar de que IDOC había ya acordado por escrito no intentar recuperar el dinero del acuerdo.
Los funcionarios reconocieron que entablar la demanda fue un error y dicho eso, como una regla, ellos no intentan castigar a presos que entablan demandas.
Al final, el dinero difícilmente es un problema mayor en el presupuesto anual de $1,500 millones de IDOC, y quizá no cubra los gastos del litigio y otros asociados a la oficina del fiscal general, que es la que entabla las demandas. Pero para los presos, el dinero puede representarlo todo.
“Si no tienes manera de mantenerte, terminarás en la economía informal. Eso es criminal y terminará devuelta en la prisión”, dijo Alan Mills, director ejecutivo de Uptown People’s Law Center, el cual proporciona asesoría legal a los presos. “Esa es una horrenda pol tica pública”.
Ann Spillane, jefa de personal de Lisa Madigan, fiscal general, dijo que la oficina acepta referencias de IDOC y sopesa si vale la pena demandar. Lo que intentan es balancear las necesidades de los presos con la cantidad de dinero que el departamento busca y están dispuestos a trabajar con los presos para llegar a acuerdos, a pesar de que los presos libres bajo palabra entrevistados por Tribune dijeron que no estaban al tanto de que podían negociar la cantidad debida.
“No llegamos al caso con la postura de tomar todo el dinero de una persona”, indicó Spillane. “Intentamos ser conscientes y entender los hechos… Creo, en general, que estas demandas son difíciles por la gente a la que tienen que enfrentar”.
En una declaración, Madigan dijo que las demandas generan cuestionamientos “morales” y que los legisladores estatales deberían evaluar el tema.
“La Legislatura debería revisar si la ley es apropiada”, dijo Madigan. “Estas restituciones pueden representar obstáculos para expresidiarios que intentan enderezar sus vidas fuera de prisión. Como un resultado, las decisiones que deben hacerse en un intento por recuperar los costos de encarcelación generan cuestionamientos que los legisladores deben atacar”.
Al menos 43 estados permiten a sus funcionarios buscar recuperar de los presos lo que comúnmente se conoce como gastos de estancia y alimentación, según un estudio de principios de año del Brennan Center for Justice, con sede en la Escuela de Derecho de la Universidad Nueva York. Algunos estados cobran a los presos los gastos médicos. Ambas estructuras de cobro son parte de un amplio esfuerzo -también llamado pagar para vivir- para aminorar la enorme carga financiera del sistema de prisiones sobre los contribuyentes, según expertos.
En Illinois, esa ley que permite al estado demandar a los presos por su encarcelamiento data de 1982. Sin embargo, al menos recientemente, la oficina no parece haberla perseguido con mucho entusiasmo hasta este año, cuando el número de demandas pasó de dos en 2012 y 2013 a 11 en los primeros 10 meses del año.
De 31 presos en libertad bajo palabra demandados desde 2010, se ha recuperado dinero de 11 de ellos, con seis casos pendientes. Catorce casos fueron desechados, y el estado no obtuvo nada.
Si desea leer el artículo completo en inglés y escrito por Steve Mills y Todd Lighty, haga click aquí.
