ILLINOIS – Un grupo de proveedores de servicios que tienen contrato con el gobierno estatal demandó al gobernador Bruce Rauner y a su administración el miércoles por no pagar facturas por sus servicios desde el estancamiento del presupuesto estatal que comenzó en julio del año pasado.
En una demanda presentada ante el Circuito de Cortes del Condado de Cook, la Coalición Pay Now Illinois – Paga ahora Illinois, en español-, formada por 64 proveedores de servicios sostienen que llevan sin cobrar desde el estancamiento del presupuesto que comenzó hace 10 meses, incluso cuando el estado les forzó al cumplimiento de los contratos.
Los grupos ofrecen servicios a jóvenes, personas desamparadas, personas con VIH/Sida y personas de bajos ingresos con problemas de salud mental.
El grupo alega que se les debe más de $100 millones por esos servicios.
La oficina de Rauner rechazó la demanda inmediatamente y la consideró un acto de frustración de los proveedores de servicios que quedaron atrapados en el medio de la lucha presupuestal.
“Mientras comprendemos que la frustración lleva a muchas organizaciones que valen la pena a buscar soluciones donde sea, entre ellas, en la corte, la única solución es que la Asamblea General apruebe un presupuesto orientado a una reforma balanceada tan pronto como sea posible”, mencionó Catherine Kelly, portavoz de Rauner en un comunicado.
La situación comenzó luego que los demócratas enviaron a Rauner un plan de gastos para el gobierno estatal que quedaba miles de millones de dólares corto y Rauner vetó la mayoría del mismo, entre lo que se incluyen las facturas que autorizan los pagos por los servicios ofrecidos por parte de las organizaciones que presentaron la demanda.
La coalición quiere que un juez declare inconstitucional el veto de Rauner de las facturas de gastos al discutir que el veto menoscaba sus derechos contractuales bajo la Constitución de Illinois.
La presidenta de la coalición, Andrea Durbin, mencionó que los contratos del estado con proveedores contienen una cláusula que permite al estado cancelar o suspender los contratos si no hay dinero para pagar por los servicios, sin embargo, la administración de Rauner mantuvo los contratos activos.
“Se nos hizo responsables de los contratos, se nos pidió que ofrezcamos los servicios, que reportemos nuestros datos, que estemos a cargo del programa”, dijo Durbin
“No puedes pedir a la gente que haga un trabajo por un lado y negarles la habilidad de cobrar por otro”.
Durbin lanzó la demanda como “un caso estrictamente de negocios”, por lo que mencionó que la incapacidad del estado de pagar sus deudas a proveedores tuvo un efecto dominó que recayó en bancos, acreedores y propietarios que también hacen negocios con los proveedores.
