SERIE ‘Navegar en tiempos de crisis’
Tercera de cuatro entregas
CHICAGO – María Pérez conoció a Jorge Estrada (ambos nombre ficticios) con 17 años en un baile de un pequeño pueblo de Jalisco, México. Nunca imaginó que aquel hombre carismático y amable se convertiría en un monstruo que la tendría atemorizada durante 10 años. Como muchos compatriotas, Jorge emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor y María le siguió, poco después, junto a su primer hijo. Fue entonces, en 2005, cuando el idilio se rompió. “Cuando llegué empezó todo. Mi esposo comenzó a tomar mucho y empezaron los abusos físicos, sexuales y verbales”, recuerda angustiada María.
El caso de esta residente de La Villita es sólo la punta del iceberg de un fenómeno, el del abuso sexual y la violencia doméstica, que afecta a miles de personas. Según el último estudio de la Autoridad de Información de Justicia Criminal de Illinois en colaboración con la Coalición en contra de la Agresión Sexual de Illinois (ICASA), más de 37,000 personas, víctimas de violencia sexual, fueron atendidas, entre 2011 y 2015, en sus 33 centros de crisis. El 60% de estas víctimas fueron adultos y el 40% restantes jóvenes de menos de 17 años. A estas cifras hay que añadir las más de 42,000 peticiones de servicios de intervención rápida que atendieron estos centros.
María tardó una década en denunciar a su marido. Durante este tiempo, el miedo la atenazó. “Vivía atemorizada por mí y por mis hijos, porque él tomaba mucho, no sé si se drogaba, y temía que les fuera a pasar algo. Por la noche llegaba a casa pateando la puerta”. Su esposo, además, cumplía con el patrón manipulador de los agresores y minó su autoestima hasta prácticamente anular su voluntad. “Tuve la autoestima por el suelo porque me decía que estaba gorda, que estaba fea y que nadie me iba a querer con tres hijos”.
El dinero fue otro instrumento de dominación. “No me dejaba trabajar y yo no tenía dinero para irme a ninguna parte”. Tanto es así que cuando, por fin, decidió dar el paso tras un nuevo episodio violento, regresó a los pocos días: Estaba embarazada y no tenía otro lugar a dónde ir. Tampoco al hospital para curarse las lesiones físicas que su agresor le infligía. No podía pagar las facturas.
Su situación legal constituía otro obstáculo que se le antojaba insalvable. La de María es una de las miles de historias de inmigrantes indocumentados, en su mayoría mujeres, que han sufrido un abuso sexual o violencia doméstica y que pagan con el precio de vivir traumatizadas su condición de irregular. Estas mujeres no denuncian a sus agresores bajo la falsa creencia de que si lo hacen, las autoridades las arrestarán y las deportarán, según indican expertos en el tema. De ahí que vivan sumidas en el silencio y la invisibilidad. Son las personas más vulnerables de un colectivo ya de por sí vulnerable. “Tenía miedo también porque no tenía papeles y pensaba que si le acusaba también me llevaban a mí”, cuenta María. Pero cuando finalmente lo hizo la realidad fue muy distinta: “No tiene nada que ver que uno no tenga papeles. A mí nadie me los pidió, pero muchas veces la gente no sabe y tiene miedo”.
Según María Pesqueira, presidenta de Mujeres Latinas en Acción, “si ya hay barreras para las sobrevivientes, hay más para las sobrevivientes inmigrantes, porque desconocen sus derechos, el idioma, el sistema judicial o el sistema político”. Para la responsable de esta organización sin ánimo de lucro hay un grave problema de información. Hay mujeres que desconocen que cumplen con los requisitos para obtener el visado para víctimas de abusos sexuales o de trata de personas.
Incomprensión y silencio
María ocultó los abusos de su marido durante mucho tiempo: Se sentía avergonzada. “No se lo conté a mi mamá y a mi papá hasta que acabó todo. No lo hice antes porque me daba pena. Tampoco ellos pueden hacer nada porque están allá, en México. No quería preocuparlos. Además, soy la única mujer de cinco hermanos e iban a pensar que era fracasada”.
Trató sin éxito buscar ayuda en la familia de su marido. Le sugirieron que se resignara. “Yo le decía a su hermana que él me pegaba y me gritaba pero ella me decía que le tenía que aguantar y que así era como me había tocado mi esposo. Su mamá me decía que así son los hombres, que nadie se separa y que debía aguantarlo. Ahora yo soy la mala porque lo dejé y, peor aún, porque lo denuncié”.
Como en el caso de María, los abusos sexuales y la violencia doméstica suelen quedar enterrados en el ámbito familiar. Según Maritza Reyes, responsable del programa de Abuso Sexual de Mujeres Latinas en Acción, “la violencia sexual es un tema que muy pocas veces se habla a todos los niveles. Existe ese miedo a hablar, ese estigma, ese miedo de que la realidad es demasiado espantosa”. Y es que, como subraya, una de cada tres mujeres puede ser violada a lo largo de su vida. “Cuando uno piensa en las mujeres que existen en su vida este dato es espantoso”.
A su juicio, atajar este problema requiere, en primer lugar, acabar con los mitos acerca de este fenómeno. Uno de los más extendidos es que los abusos sexuales ocurren en callejones de madrugada. Nada más lejos de la realidad. Según el informe de la Autoridad de Información de Justicia Criminal de Illinois, el 86% de las víctimas que pudieron identificar a su agresor reconocieron que se trataba de alguien conocido, como un amigo o un compañero de trabajo (38%) o un miembro de su familia distinto a su pareja (20%).
A continuación, enumera, se debe analizar el impacto que la violencia sexual tiene en las familias y en la comunidad. Para Maritza Reyes la violencia genera más violencia, creando una espiral de la que es difícil salir. “(Hay que analizar) cómo sufren los hijos cuando la mamá está con una persona que no la respeta. Cuando crecen en un ambiente así, van a buscar ayuda fuera. A lo mejor pueden relacionarse con pandillas y con sus propias relaciones abusivas”.
María tuvo tres hijos con su marido. Los mayores, de 14 y 9 años, quedaron marcados por el ambiente irrespirable que se vivía en casa. Ambos tuvieron problemas en la escuela y todavía hoy siguen acudiendo a terapia. La pequeña casi no recuerda a su padre.
Red de apoyo
María conoció Mujeres Latinas en Acción a través de una amiga. Tardó en dar el paso. “Mi amiga me decía que si seguía con él un día me iba a matar, y me dijo que buscara ayuda, no por mí sino por mis hijos. A mí me costaba porque tenía mucha depresión”. Fue en esta organización sin ánimo de lucro donde encontró ayuda y asesoramiento; también la paz que anhelaba. Durante las primeras sesiones permaneció en silencio, como aprendió a hacer durante tantos años, en una de las sillas que conformaban el pequeño círculo de “compañeras”. “Al cabo de un tiempo vi que no era la única con problemas y me sentí a gusto, muy en familia”.
No obstante, la situación de Mujeres Latinas en Acción y la de otras organizaciones comenzó a empeorar en julio, cuando el estado fue incapaz de aprobar un presupuesto para este año fiscal. El gobernador Bruce Rauner veta, todavía hoy, esta partida a menos que los demócratas accedan a acometer reformas en el sistema de incentivos para empresas y en la negociación colectiva. Según su portavoz, Catherine Kelly, Illinois encara un déficit presupuestario de $6,000 millones, del cual, dice, el gobernador no es responsable. Para Kelly, “sin una reforma estructural, se deben tomar decisiones difíciles”.
Según un estudio publicado hace apenas unos días por la Coalición del Presupuesto Responsable, alrededor de 75,000 mujeres víctimas de violencia doméstica han dejado de recibir ayuda del estado en los últimos cinco meses. Además, 29 agencias han tenido que o bien despedir a trabajadores o bien dejar puestos vacantes.
Por lo que respecta a Mujeres Latinas en Acción, el estado les adeuda, hasta marzo, más de $154,000. A pesar de ello, han conseguido no cerrar ninguno de sus programas. Eso sí, han tenido que despedir a 10 empleados y otros 15 han reducido su jornada laboral. La consecuencia es que los tiempos de espera se han alargado. “Si no las atendemos nosotros las opciones son limitadísimas, más aún si no hablan inglés o son indocumentados. Pero cuando vienen es porque están en lo último que pueden estar, pero a veces nos duele decirles no les podemos ayudar, que vayan a otro lugar. Sabemos que la probabilidad de que sigan buscando ayuda es muy baja”, reconoce Reyes.
Para Pesqueira, directora de esta organización, que reciban esta ayuda es una cuestión de vida o muerte. “(Los políticos) no saben que sus decisiones pueden poner en riesgo la vida de estas mujeres y la de sus hijos. Juegan con las vidas de nuestras familias”.
María es, empleando el vocabulario de Mujeres Latinas en Acción, una sobreviviente. Denunciar a su marido y solicitar el divorcio fueron dos pasos muy importantes, pero las heridas tardarán en cicatrizar. A excepción de la pequeña, el resto sigue acudiendo a terapia. En casa, por las noches, el silencio ha sustituido a los gritos y los niños, por fin, duermen plácidamente.
Próximo viernes:
En la cuarta entrega de esta serie hablaremos de la importancia que tiene para la comunidad los programas de atención a las personas sin hogar.