WASHINGTON- El Tribunal Supremo federal se mostró hoy divido sobre los factores necesarios para dictar la pena de muerte, durante una audiencia en la que los nueve jueces estudiaron el caso de tres hombres del estado de Kansas a los que la Corte Suprema local libró en julio de recibir la pena máxima.
Los magistrados del alto tribunal -que volvieron este lunes al trabajo tras el receso estival- escucharon durante más de dos horas el caso de Jonathan y Reginald Carr, dos hermanos que en el año 2000 se sumergieron en “una ola brutal de crímenes de violaciones, robos y violencia”, según la descripción de los fiscales de Kansas.
Los dos hermanos -que dejaron cinco muertos y un herido grave- fueron juzgados juntos, declarados culpables y condenados a muerte.
El otro caso que estudió hoy el alto tribunal fue el de Sidney Gleason, condenado a muerte por asesinar en 2004 a una mujer y su novio por creer que podían delatarle por un robo previo.
El pasado julio, la Corte Suprema de Kansas, la máxima instancia judicial de ese estado, consideró que los dos hermanos debían de haber sido juzgados en casos separados. Anuló la condena a muerte de los dos y también la de Gleason, y sembró la polémica en un estado de tradición conservadora favorable a la pena capital.
Por eso, ahora la gobernación de Kansas recurrió ante el Supremo federal la sentencia de la Corte Suprema estatal, en la que seis de los siete jueces fueron nombrados por demócratas o republicanos moderados; una circunstancia que suscitó controversia por su supuesta oposición a la pena capital.
La primera hora de la audiencia en el Tribunal Supremo, con sede en Washington, giró hoy en torno a si los jurados populares reciben información clara sobre los llamados “factores atenuantes” que permiten la formulación de sentencias diferentes a las de muerte, como por ejemplo enfermedades mentales relevantes o abusos en la infancia.
“Un hombre es sentenciado a muerte bajo instrucciones que son confusas”, sostuvo la abogada Neal Katyal, que defiende a Reginald Carr, cuyos crímenes reunieron los requisitos de “factores agravantes” al ser especialmente atroces y crueles y, por ello, fue condenado a muerte.
La jueza Sonia Sotomayor, la primera hispana del Supremo, se mostró de acuerdo con esta idea, mientras que el juez Stephen Breyer, considerado un magistrado “centrista”, cuestionó algunos de los factores más graves que se sopesaron en el momento del juicio.
No obstante, en la audiencia, el juez Antonin Scalia, entró en los detalles más brutales del caso de los dos hermanos, que forzaron a sus seis víctimas -tres hombres y tres mujeres- a tener sexo entre ellas para luego violar a las mujeres, robar a todos ellos y dispararles mientras estaban arrodillados en un campo de fútbol.
“Estos son algunos de los asesinos más horrorosos que hemos visto en los últimos diez años aquí. Y los que vemos prácticamente en cada caso de pena de muerte que aparece en el país”, destacó el juez Samuel Alito, de 62 años y católico.
En julio, el Tribunal Supremo dio continuidad a la pena de muerte al permitir el uso de un polémico sedante utilizado en las inyecciones letales, pero abrió la puerta a un debate a largo plazo sobre la constitucionalidad de ese castigo.
Estos nuevos casos, de un matiz más técnico, podrían repercutir en las protecciones judiciales que se les presta a los reos a la hora de recibir la pena máxima y podría permitir al Supremo profundizar en la constitucionalidad de este castigo, según Amy Howe, antigua profesora de las Universidades de Stanford y Harvard.
El Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte en 1976 y el estado de Kansas lo hizo en 1994, aunque desde entonces el estado no ha llevado a cabo ninguna ejecución, según un informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Los dos últimos ejecutados en Kansas, en la horca en 1965, fueron Richard “Dick” Hickok y Perry Smith, cuya historia recogió Truman Capote en su famoso libro “A sangre fría”.
