WASHINGTON – El Gobierno se mantiene firme en sus políticas de deportaciones de indocumentados y está centrando sus esfuerzos en expulsar a los inmigrantes que hayan cruzado la frontera en el último año y medio, indicó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Marsha Catron.
La vocera del DHS explicó que los individuos que se encuentran bajo el ojo de las autoridades migratorias son aquellos que cruzaron la frontera después del 1 de enero de 2014, han recibido una orden final de deportación de una corte de inmigración y no tienen pendiente ninguna petición de asilo humanitario.
Entre esos indocumentados que llegaron a EEUU en el último año y medio, se encuentran los miles de niños que cruzaron sin acompañante la frontera durante el verano de 2014 intentado huir de la violencia y la falta de oportunidades económicas de sus países de origen, en su mayoría El Salvador, Guatemala y Honduras.
La gran llegada de niños a EEUU en el verano de 2014 desató una crisis migratoria sin precedentes en la frontera suroeste.
“Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el Departamento de Seguridad Nacional debe hacer cumplir la ley en consonancia con nuestras prioridades. Nuestra máxima prioridad es la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, resaltó Catron.
De esta forma, el Gobierno reaccionó a unas informaciones periodísticas que apuntan a un nuevo plan de las autoridades migratorias para deportar en mayo y junio a una gran cantidad de madres y niños indocumentados, que han entrado en EEUU de forma ilegal y proceden en su mayoría de Centroamérica.
Esas informaciones provocaron el rechazo de tres congresistas demócratas del Congreso de EEUU, Bernie Sanders, aspirante presidencial demócrata, y varias organizaciones pro inmigrantes como la Coalición pro Derechos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA) y el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM, en inglés).
“Me opongo a la acción dolorosa e inhumana de encerrar a las familias que han huido de la violencia terrible de Centroamérica y de otros países. Enviar a esa gente de vuelta al dolor está mal”, resaltó Sanders en un comunicado.
El senador por Vermont urgió a Obama a que extienda a todos los inmigrantes de Centroamérica el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), unos permisos que el Gobierno concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Por su parte, tres legisladores demócratas, Lucille Roybal-Allard, Zoe Lofgren y Luis Gutiérrez, informaron en un comunicado de que han pedido más información a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional para saber si las deportaciones tienen como objetivo a mujeres y niños.
“Llevar a cabo este tipo de acciones contra mujeres y niños que han huido de la violencia y que se enfrentarán a la violencia si vuelven, no solo es hipócrita, sino que es claramente cruel”, consideraron los congresistas en un comunicado.
Por su parte, la portavoz de FIRM, Kica Matos, una de las organizaciones más combativas contra las deportaciones, calificó el plan de Obama de “indignante, horrible e inaceptable”.
Las autoridades migratorias ya apresaron en enero de este año a 121 inmigrantes indocumentados en diferentes operaciones en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte, según informó entonces un portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
