EEUU

Juez criticado por Trump recibe caso de mexicano deportado

El caso de un hombre deportado a México pese a tener permiso para estar en Estados Unidos bajo un programa federal que protege a jóvenes inmigrantes está ahora en la corte de un juez en San Diego cuya imparcialidad fue cuestionada por Donald Trump durante la campaña presidencial a causa de su origen mexicano.

Por ,  04/20/17 - 1:06pm
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En esta foto sin fechar suministrada por el National Immigration Law Center muestra a Juan Manuel Montes, de 23 años, quien fue deportado a México en febrero de este año. JUAN GASTÉLUM/NILC VÍA AP

SAN DIEGO — El caso de un hombre deportado a México pese a tener permiso para estar en Estados Unidos bajo un programa federal que protege a jóvenes inmigrantes está ahora en la corte de un juez en San Diego cuya imparcialidad fue cuestionada por Donald Trump durante la campaña presidencial a causa de su origen mexicano.

El juez federal Gonzalo Curiel recibió el caso de Juan Manuel Montes, de 23 años, cuyos abogados dicen pudiera ser la primera persona deportada por el gobierno de Trump que estaba acogida al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que aplaza la deportación de jóvenes traídos de niños ilegalmente al país. Montes presentó el martes una demanda pidiendo acceso a los documentos de su deportación.

La demanda se produce menos de un mes después que Curiel aprobó un arreglo de 25 millones de dólares en un caso contra la ahora desaparecida Universidad Trump por acusaciones de engañar a estudiantes. Trump criticó reiteradamente al juez oriundo de Indiana durante su campaña, insinuando que su herencia mexicana lo había prejuiciado en el caso debido a la posición de Trump sobre la inmigración no autorizada.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que Montes tenía derecho a estar en Estados Unidos hasta inicios del 2018 bajo el DACA, revirtiendo su posición de la víspera de que su estatus había expirado en agosto de 2015 y no fue renovado.

La agencia dijo que Montes admitió bajo juramento que había entrado ilegalmente al país el 19 de febrero, lo que resultaba en la pérdida de su estatus porque era una admisión de que había salido sin el permiso requerido.

El caso pudiera ayudar a definir el enfoque de Trump hacia el programa, que fue introducido en 2012 por el expresidente Barack Obama. Trump lo ha dejado en vigor y hecho declaraciones de simpatía sobre sus beneficiarios, enfureciendo a algunos opositores acérrimos a la oposición.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el miércoles que no quería dar una opinión apresurada sobre el caso de Montes y refirió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que las prioridades del gobierno en inmigración son personas que cometen crímenes en Estados Unidos y representan una amenaza.

“Yo diría, con respeto, que en este caso los hechos no son completamente conocidos, así que preferiría no apresurar conclusiones”, dijo.

Incluso tras su nueva declaración, la versión del Departamento de Seguridad Nacional difiere claramente de lo que los abogados de Montes dicen que sucedió.

El abogado dijo en la demanda presentada en la corte federal en California que su defendido dejó el país el 17 de febrero solamente porque fue detenido por un agente de la ley, quien le pidió que se identificase cuando caminaba a un puesto de taxis en Calexico, California, unas 120 millas (190 kilómetros) al este de San Diego. Se le pidió que firmase documentos sin recibir copias ni una oportunidad de ver a un juez de inmigración.

Tras ser asaltado en la ciudad fronteriza mexicana de Mexicali, Montes regresó a Estados Unidos dos días más tarde y se entregó a las autoridades, según la demanda. De nuevo se le pidió que firmase documentos, sin recibir copias, y fue devuelto a México.

El miércoles, Seguridad Nacional dijo que la Patrulla Fronteriza no tenía registros del encuentro inicial en Calexico y que Montes había salido de Estados Unidos en una fecha desconocida.

Por otra parte, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México, advirtió el jueves a Estados Unidos que el Estado de derecho debe prevalecer ante los casos de deportaciones que están llevando a cabo las autoridades estadounidenses.

El canciller, que se encuentra de visita oficial en España, se refirió de este modo a la deportación de una mexicana que lleva residiendo más de 15 años en el país norteamericano y tiene cuatro hijos con nacionalidad estadounidense, y al caso de un menor protegido por DACA.

“Ninguno de los dos casos representan ninguna amenaza, no tienen antecedentes criminales (…)”, señaló el canciller, quien explicó que el Gobierno mexicano prestará asistencia legal a ambos a través de los consulados mexicanos y agotarán “todas las instancias” para que sus casos se resuelvan.

Los Estados Unidos son una nación “soberana” con facultad para definir su política migratoria, pero siempre con la obligación de “cumplir” los derechos humanos, aseveró el canciller.

—Con información de EFE

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