POR NICHOLAS RICCARDI/
LOS ANGELES TIMES/DENVER, COLORADO
Hace un año, parecía que se iniciaba una revolución de leyes migratorias, cuando legisladores en por lo menos 20 estados prometieron seguir los pasos de la SB 1070 de Arizona enfocada en combatir la inmigración indocumentada.
Ahora parece que ese impulso ha dado un giro.
En al menos seis estados, las propuestas han recibido votos en contra o simplemente han “muerto”. Muchas de las otras propuestas ni siquiera lograron superar una de las cámaras legislativas.
La sección más polémica de la ley de Arizona requiere que la Policía investigue el estatus migratorio de la gente que es retenida legalmente y de quien se sospecha que es inmigrante sin documentos.
Incluso en Arizona, varias propuestas migratorias estrictas han quedado estancadas en el Senado, ante los argumentos de dirigentes empresariales y varios republicanos en el sentido de que ese estado ya no necesita más polémicas.
Utah, estado cuya legislatura ha aprobado una ley al estilo Arizona, sólo aprobó un proyecto de ley diluido acompañado por otra medida que va en una dirección opuesta.
La Legislatura de Utah votó este viernes para crear identificaciones para “trabajadores huéspedes” y las familias de estos, siempre y cuando ellos paguen una multa y no cometan delitos graves. Los inmigrantes que entraron al país ilegalmente al país serían multados hasta con 2 mil 500 dólares. Los inmigrantes que ingresaron legalmente al país pero que no cumplieron con la ley federal de inmigración serían multados con mil dólares.
“¿Por qué no aplicar algo que de aquí a cinco años podamos decir que hicimos algo, en vez de enviar a unas cuantas personas a sus casas?”, dijo el representante estatal republicano Bill Wright, quien redactó el proyecto de ley. “Enviar a unas cuantas personas a sus casas no resolverá nuestros problemas”.
La medida de Utah es en esencia una versión a nivel estatal de la reforma migratoria integral que muchos simpatizantes del enfoque de Arizona califican como “amnistía”.
Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute, dijo que el impulso detrás de la SB 1070 de Arizona era similar a los motivos que impulsaron las campañas republicanas durante las elecciones de 2010 y a una bandada de nuevos legisladores respaldados por el Tea Party dispuestos a dejar su huella.
“Hubo un fuerte entusiasmo por esto de parte de los recién llegados (a la política)”, dijo Chishti. “Creo que ahora la realidad ha prevalecido”.
El factor principal detrás de la retirada es la inconsistencia sobre los costos, dijo Ann Morse, quien monitorea la legislación en materia migratoria para la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Arizona fue demandado por el Gobierno de Barack Obama, lo cual aseguró una orden judicial en contra de la mayoría de la SB 1070. Ese fallo está siendo apelado y se espera que llegue a la Corte Suprema, costándole millones de dólares en honorarios de abogados. Arizona también fue castigada por una serie de boicots y de convenciones canceladas.
“La mayoría de los estados buscan dónde ahorrar dinero, no dónde gastar dinero”, dijo Morse.
Aún hay tiempo para que cambie la dinámica. Las leyes modeladas en parte en la SB 1070 de Arizona han salido de una de las dos cámaras de las legislaturas de Indiana, Kentucky y Georgia.
Pero la situación en Georgia simboliza por qué ha sido difícil aprobar leyes al estilo Arizona. El gobernador republicano de ese estado, Nathan Deal, hizo campaña para llevar a Georgia tales legislaciones. Sin embargo, sus aliados lo acusan de equívoco porque él no ha prometido que firmará la propuesta de ley que aprobó la Cámara Baja el jueves pasado.
Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Inmigración en Washington, dijo que no es sorprendente que los esfuerzos para replicar la SB 1070 encaren batallas cuesta arriba. Tales leyes desatan una oposición feroz de parte de empresas, autoridades policiales y activistas pro inmigrantes.
El asunto ganó fuerza en Arizona, dijo Krikorian, debido a que ahí la inmigración ilegal era vista como un problema serio. Pero en otras partes, “no hay negocios con empleados a tiempo completo que intenten aplicar las leyes migratorias. Todo lo contrario”.
“Cualquier progreso me sorprendería”, agregó.
En Nebraska, el proyecto de ley tipo SB 1070 del senador estatal Charlie Janssen está atorado en el comité judicial de la Legislatura, donde dice él que seis de los ocho integrantes se muestran fríos ante la idea.
“Cuando uno habla con la gente de Nebraska, ellos dicen, ‘Adelante, hazlo'”, dijo Janssen. “Pero cuando llega acá, los grupos defensores se conectan con los senadores individualmente”.
En Florida, un medida basada en la SB 1070 tiene pocas posibilidades de ser aprobada, pero la Legislatura controlada por los republicanos aun consideraría requerir que a todos los individuos que sean fichados en la cárcel les sean revisadas posibles infracciones migratorias.
“Lo que es alentador es que están alejándose de del estridente sentimiento antiinmigrante en Arizona”, dijo Subhash Kateel, de la Coalición de Inmigración de Florida. “Pero hay políticos que hicieron campaña haciendo cosas al estilo Arizona, y ahora tienen que hacer algo”.
En el mismo estado de Arizona, la SB 1070 ayudó a impulsar a los republicanos por márgenes récord en ambas cámaras de la Legislatura y hacia una barrida a nivel estatal de funcionarios electos durante las elecciones de noviembre. Los sondeos muestran que la medida es bastante popular en el estado y a nivel nacional.
Pero su autor, el presidente del Senado Russell Pearce, no ha podido replicar la aprobación sin trabas de la SB 1070 con la última serie de leyes migratorias. Pearce no contestó nuestras solicitudes para comentarios.
Han encontrado obstáculos en lo comités del Senado las propuestas que requieren que los hospitales verifiquen el estatus migratorio de los pacientes, que los maestros y los trabajadores sociales turnen a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados a las autoridades federales y que a los hijos nacidos en EEUU de inmigrantes indocumentados se les niegue la ciudadanía. Las propuestas tienen que ser sometidas todavía a votación por el pleno del Senado. Es posible que las medidas a fin de cuentas sean aprobadas, pero muchos observadores políticos del estado están sorprendidos de que haya oposición republicanas a ellas.
“Tenemos otros asuntos más importantes y esto nos distrae”, dijo el senador John McComish, un republicano que votó por la SB 1070.
El giro más grande ha ocurrido en Utah, donde, el día que fue promulgada la SB 1070 el año pasado, un legislador prometió llevar la misma ley a este estado. En respuesta, empresas y grupos comunitarios emitieron una declaración de principios conocida como “Utah Compact” para luchar contra la propuesta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual está creciendo rápidamente en el extranjero y entre las comunidades inmigrantes de EEUU, apoyó la declaración.
Cuando la Legislatura de Utah actuó en materia de inmigración la semana pasada, se desplazó en dirección contraria, intentando satisfacer a activistas que quieren un estricto enfoque a la inmigración ilegal y a dirigentes empresariales y religiosos que piden flexibilidad y compasión hacia las familias trabajadoras.
La Legislatura debilitó la ley estilo Arizona, la cual ahora sólo requeriría verificaciones de estatus migratorio de la gente arrestado por delitos graves. Aun así, la medida fue aprobada con facilidad en ambas cámaras legislativas. El programa de identificaciones para trabajadores huéspedes también fue aprobado fácilmente.
El proyecto de ley para trabajadores huéspedes depende una permiso federal, y hay muchos que se muestran escépticos de que el Gobierno federal lo conceda. “Eso envía un mal mensaje, que Utah quiere su propio programa de amnistía”, dijo Ronald Mortensen, activista de Utah contra la inmigración ilegal. “Creo que habrá mucha gente que se va a molestar”.
Los críticos califican el esfuerzo de trabajadores huéspedes de Utah un intento anticonstitucional para crear normas migratorias a nivel estatal sólo para enviar un mensaje a Washington, donde el debate migratorio está trabado. Ese fue también blanco de críticas de la ley de Arizona.
El pasado viernes, cuando el conservador Senado de Utah debatía el tema, un senador tras otro dijo que la medida era una advertencia necesaria para un Washington al que consideran como desconectado en materia de impuestos y regulación. El senador estatal Howard Stephenson comparó la medida a los primeros disparos de la guerra de independencia de EEUU.
“En cierto sentido estamos disparando y diciendo que vamos hacerlo bien”, dijo Stephenson. “Y establecer un patrón para que sea seguido por el Congreso y el resto del país”.
