Las condiciones en las cuales vivían los trabajadores migrantes y sus familias en el complejo de departamentos
en Rantoul, eran capaces de revolver hasta al estómago más curtido.
Las aguas negras inundaban el área en la cual se erigían los edificios.
Había hoyos en las ventanas que permitían ver y sentir la nieve que cubría el exterior de los edificios. No había calefacción ni electricidad. La gente calentaba sus hogares dejando abierta la puerta del horno.
No había agua, y no había habido por un mes, según rumores.
Había cables eléctricos sueltos y ningún detector de humo o dióxido de carbono a la vista.
Aunque varias agencias habían trabajado de forma individual para tratar de mejorar la situación, bastó una visita en diciembre de 2009 de
, Administradora de Salud Pública por Champaign-Urbana para comenzar un enfoque colectivo hacia la solución de las condiciones subestándares.
En varios sentidos, lo lograron.
Trabajando juntos, un diverso grupo de organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro e instituciones religiosas, trasladaron a los residentes del complejo de apartamentos a unas vivienda con mejores condiciones. Proporcionaron alimentos a los migrantes e inscribieron a sus hijos en escuelas de la zona.
Además, a través de los tribunales, lograron cerrar el conocido complejo de departamentos.
Los administradores, Eduardo Ramos y su hijo Bernardo Ramos,
recibieron una multa de $54,000
. Bernardo Ramos fue arrestado en Washington, D.C. en abril de 2011.
“Fue un esfuerzo colaborativo para ayudar en una mala situación”, dijo
, director ejecutivo del Centro de Servicio Comunitario del Condado Norte de Champaign.
Esta colaboración representa un marcado contraste a la respuesta y acción federal a las aún más terribles condiciones en las que los trabajadores laboraban en
en Galt, Iowa, que en 2010 se convirtió en el epicentro del mayor retiro de huevos del mercado en la historia de la nación.
Pero mientras algunos consideran el esfuerzo local como una nueva forma de proteger y mejorar la salud comunitaria de los migrantes predominantemente latinos que se aventuran hacia el norte cada año para trabajar en los cultivos de la zona, otros han dicho que sólo demostró el impacto limitado que tienen este tipo de intervenciones. Una Migrant Camp Labor Law inefectiva y difícil de acatar en un sistema ineficaz, problemas jurisdiccionales, y los grandes temas de los salarios y condiciones de trabajo de los inmigrantes, no fueron afectadas por este avance, creen algunos.
“Han sido la mano de obra oprimida desde la época de la esclavitud”, dijo
, un abogado de la Fundación de Asistencia Legal del área metropolitana de Chicago quien ha trabajado durante más de una docena de años en asuntos legales relacionados con migrantes. “Son los remanentes de la esclavitud.”
El proceso
Después de su visita a los departamentos en diciembre de 2009, Pryde escribió un correo electrónico a las personas que trabajaban con la comunidad migrante de la zona.
Decía, en parte:
“Como muchos de ustedes saben, Cherry Orchard Apartments, ubicado al sur de Rantoul, no cuenta con un sistema séptico legal ni funcional. El complejo de departamentos también tiene otros desperfectos que atentan contra la seguridad de sus habitantes como la falta de agua corriente, o que la electricidad que usan sus habitantes proviene de edificios vecinos a través de extensiones de cable eléctrico, además de otras cuestiones …
“Me gustaría que nos reunieramos para discutir las posibles opciones que tienen los residentes en Cherry Orchard. CUPHD está dispuesto a tomar la iniciativa en esta situación. Estamos dispuestos a entrevistar a los residentes y trabajar con ellos para encontrar una vivienda alternativa. La meta de la reunión es encontrar ideas que puedan facilitar este punto. También se discutirá la situación en curso para evitar que se repita en el futuro.”
Los residentes y las agencias de la zona respondieron al llamado y pusieron manos a la obra.
El esfuerzo, en gran parte local, involucró a muchas entidades diferentes, de acuerdo con Elizabeth Tyler, directora de desarrollo de la comunidad de la ciudad de Urbana. Enlistó a funcionarios de ciudades y villas en Urbana y Rantoul, a miembros de la junta del condado, a defensores de la comunidad latina, a varias agencias de servicios sociales y distritos escolares del área, entre otros.
El grupo pasó de discutir las posibles opciones para los residentes de Cherry Orchard a suministrar alimentos y viviendas dignas para las familias y escolarización para los niños.
Basándose en experiencias anteriores, Pryde explicó que quería evitar que las personas fueran desalojadas sin tener mejores alternativas.
Tyler dijo que un grupo del condado había creado un fondo para ayudar a los migrantes con el costo de la renta por ahora y en el futuro con los enganches de sus propios departamentos.
El esfuerzo parecía haber rendido frutos hasta que los Ramos trasladaron a un segundo grupo de trabajadores al complejo.
La odisea comenzó de nuevo, con el elemento adicional de la acción legal emprendida contra los Ramos por el sistema séptico.
Keberlein explicó que la fosa séptica era un elemento que justificaba la clausura del complejo.
“Cada uno de nosotros estábamos tratando de hacerlo a nuestra manera”, dijo. “El tanque séptico con fugas era la excusa para lograr cerrar el lugar. El mayor problema en estos lugares de vivienda precaria donde hay líderes de barrio es encontrar una manera legal de clausurar el complejo”, dijo. “Te presentas a nombre de un sólo cliente y por lo general obtienes dinero para compensar los daños de ese cliente único. No se obtiene una medida cautelar para cerrar el lugar. El tanque séptico afecta a todos”.
El tanque fue sólo uno de los muchos problemas de salud a los que se enfrentaron los migrantes, dijo Keberlein.
Entre algunos de los más importantes: los altos índices de lesiones, exposición a pesticidas, una dieta poco saludable, y condiciones de trabajo que evitaban que los trabajadores se tomaran tiempo para ir al médico.
“Todo esto afecta la salud de una familia de trabajadores agrícolas”, dijo. “La ironía es que las personas que cultivan y cosechan comida, no pueden darse el lujo de comerla”.
En abril de 2011, John Kennedy, juez del condado de Champaign, multó a los Ramos con $54,000 y les ordenó que cerraran la propiedad.
Pero muchos residentes se quedaron, un hecho que hizo que Pryde y los ayudantes del sheriff, acompañados de un traductor, tocaran puerta por puerta en julio de 2011 informando a los inquilinos que tenían que abandonar el complejo.
Mirando al futuro
Hubo división de opiniones acerca de qué se logró con el cierre de Cherry Orchard.
Tyler, de Urbana, dice que la acción tuvo varios resultados positivos:
“Puso el tema en la mira y sacó a relucir algunas debilidades en nuestra estructura y legislación que no podían ignorarse. Fue importante para detectar problemas en el código y para mostrar que estas cosas pasaban en nuestra comunidad, [como] niños viviendo en condiciones peligrosas.”
Uno de los hombres responsables de las condiciones en Cherry Orchard, se encuentra de nuevo libre debido a un error jurídico.
Bernardo Ramos, quien, junto con su padre Eduardo Ramos, era vigilante en Cherry Orchard, fue liberado después de que el periodo de su extradición desde Washington, DC se manejara inadecuadamente, de acuerdo con el Champaign News-Gazette.
abogado estatal asistente del condado de Champaign, quien se encargó de la extradición, dijo al News-Gazette que el caso debería haberse manejado como una extradición federal, y en vez de eso fue procesado como una extradición interestatal cualquiera.
Fletcher no pudo ser contactado por Hoy.
Por su parte, Keberlein llamó ineficiente a la Migrant Camp Labor Law argumentando que la ley federal permite una violación de $500 al año. En términos más generales, dijo que es poco probable que los trabajadores que viven en comunidades por períodos limitados y que tienen escasos conocimientos sobre sus derechos presenten un recurso legal. Y los que están dispuestos a hacerlo se enfrentan a obstáculos al tratar de recibir el dinero que les correspondería.
“Al final del día, tienes que ser capaz de cobrar”, dijo, y señaló que en un caso, la persona que administraba el complejo se había declarado en bancarrota. “Es difícil perseguir al dinero.”
Más allá del complejo habitacional en cuestión, algunos se preguntaban qué tanto habían cambiado las condiciones para los trabajadores.
“Lo único que hicimos en Cherry Orchard fue mover a la gente”, dijo Pryde. “Lo cerramos y nos ocupamos del problema de salud pública que representaba el drenaje que inundaba el campo, pero de ninguna manera resolvimos el problema.
“Cerramos Cherry Orchard, pero eso no quiere decir que no haya otros Cherry Orchards en otros lugares”.
Jeff Kelly Lowenstein escribió esta historia con la asistencia del “Dennis A. Hunt Fund for Health Journalism”, fondo administrado por “The California Endowment Health Journalism Fellowships”, un programa de la escuela de periodismo “USC’s Annenberg School for Communication & Journalism”.
