Pandillas, ¿cantera del narco en México?

El involucramiento de menores de edad con el crimen organizado es ya un severo problema en varias zonas del país, pues representan mano de obra barata y fácilmente reemplazable. REFORMA

Por Jésica Zermeño
CIUDAD DE MÉXICO - Cuando la Policía Ministerial de Sinaloa lo detuvo en Charay, un pequeño poblado de El Fuerte, el 11 de septiembre, Francisco Miguel, de 16 años, llevaba consigo un revólver calibre .38, tres cartuchos útiles y 30 dosis de cristal. Dijo que iba armado por seguridad personal. Después, en su declaración ministerial, el adolescente, apodado “El Patojo”, “El Mike” y “El Niño”, confesó que su participación en al menos 51 asesinatos, y que para consumarlos había utilizado lo mismo rifles AK-47 que pistolas tipo escuadra o hasta tijeras.

“El Patojo” nació en Tijuana, Baja California. Desde febrero era sicario de Los Mazatlecos, un grupo criminal a las órdenes de los Beltrán Leyva y Los Zetas. Entre sus víctimas están un policía municipal, un maestro, un músico, siete ganaderos y un migrante guatemalteco. Además, participó en el secuestro de por lo menos nueve personas -a todas las asesinó-, calcinó a siete e informó a las autoridades que en alguna parte de Sonora hay una fosa clandestina con otras cinco muertes de su autoría.

Según la Ley de Justicia para Adolescentes del estado, el sicario podrá tener una pena máxima de siete años de cárcel, por su condición de menor de edad, pero legisladores locales ya se pronunciaron por endurecer las penas para los adolescentes con delitos graves, como en otras entidades.

El 2 de febrero, siete meses antes de su detención, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa detuvo en Los Mochis a un reclutador de sicarios de Los Mazatlecos, José Iván Moreno Espinoza, “El Iván”, quien “contrató” a varios adolescentes como Francisco Miguel. En una entrevista con el semanario Río Doce, “El Iván”, de apenas 21 años, relató dónde encontraba a los futuros sicarios de la banda: entre las pandillas callejeras.

“Había una bolita de cholos que andaban ahí, y les digo: ‘A ver, qué onda plebes, ¿cómo están?, ¿quién quiere chambear?’. ‘¿De qué?’, me dice uno de los cholillos. ‘Pos la neta, plebes, la chamba que se les ofrece es de sicarios. Se les ofrece 8,000 pesos a la quincena. ¿Quién sabe disparar?’, les pregunto. No, pos nadie, me dicen. No, pos se les va a llevar a un campo de entrenamiento donde les van a enseñar de todo. Desde cómo armar y desarmar un rifle, cómo disparar, cómo reventar una cosa, cómo pegarle a un detenido para que se te desmaye al primer golpe, todo. Cómo manejar el Barret 50, todas las armas.

“Yo les entregaba lo que es el boleto a Mazatlán y 1,000 pesos de gastos a cada uno”, relató el reclutador, quien calculó que envió a por lo menos 15 jóvenes pandilleros para entrenarse de sicarios a un rancho al sur de Sinaloa. Según sus cuentas, al momento de la entrevista había muerto una decena.

Historias como las de “El Patojo” y “El Iván” se volvieron comunes en este sexenio. El acercamiento de la delincuencia organizada a los jóvenes y niños, algunos miembros de pandillas, para incorporarlos a su cadena de producción de delitos y violencia ha sido sigiloso, y aún intrazable con precisión.

El involucramiento de menores de edad con el crimen organizado es ya un severo problema en varias zonas del país, pues representan mano de obra barata y fácilmente reemplazable. Muchos de ellos fueron reclutados en la calle, entre las pandillas.

En 2011, la Red por los Derechos de la Infancia calculaba que había por lo menos 30,000 menores que cooperaban con la delincuencia organizada. Según la Red, los más pequeños son utilizados como “halcones” (vigilantes de posibles víctimas); a partir de los 12 años cuidan casas de seguridad, y a los 16 ya son sicarios, pues trabajan en secuestros y asesinatos.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, entre diciembre de 2006 y junio de 2012 fueron detenidos 5,585 menores por delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. El 67% de esas detenciones se concentró en nueve entidades, la mayoría con alta presencia del crimen organizado: Baja California (799), Guanajuato (661), Distrito Federal (657), Jalisco (493), Chihuahua (268), Sinaloa (266), Nuevo León (247), Tamaulipas (193) y Guerrero (179). Sin embargo, estas estadísticas no incluyen a los menores detenidos por homicidio, el delito para el que los adolescentes son más utilizados y que, por ser del fuero común, es castigado por los sistemas estatales de justicia.

En varias de estas entidades se documentan acercamientos del crimen organizado con las pandillas. En enero de 2010, la PGR reconoció en un informe para la OEA la presencia de 215 pandillas relacionadas con la delincuencia organizada en todo el país: 165 en el norte, 34 en el centro del país y 16 en el sur. Según la dependencia, en ese año la Mara Salvatrucha tenía presencia en 21 entidades.

“Información de inteligencia refiere la operación de pandilleros reclutados por Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ en los municipios de Ciudad Juárez, Batopilas, Guachochi, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos, Ascensión, Ignacio Zaragoza, Galeana, Guadalupe y Calvo, Praxedis G. Guerrero, Villa Ahumada y Valle de Juárez en Chihuahua, para pelear la plaza a la ‘Línea’, brazo ejecutor de los Carrillo Fuentes.

“Igualmente, miembros de la ‘Mara Salvatrucha 13′ y ‘Barrio 18′, localizados en el sur del país, son contratados por organizaciones dedicadas al narcotráfico como sicarios para el ajuste de cuentas, porque cuestan poco, asesinan por placer y les ofrecen pagos en efectivo y droga”, dice el informe de la PGR, que detalla con precisión los nombres de los grupos pandilleros más peligrosos en cada zona.

Sin embargo, especialistas en juventud concuerdan en que, más allá de la alianza de estas superpandillas con la delincuencia organizada, los criminales se han acercado cada vez más a las pandillas locales, no tan estructuradas, entre las que antes sólo existía consumo de droga, y han abierto el canal para que, de manera individual o colectiva, los jóvenes como “El Patojo” trabajen para ellos, lo que ha generado en varias poblaciones del país una catástrofe social de la que todavía no hay mediciones.

Héctor Castillo Berthier, fundador del centro cultural El Circo Volador y coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud de la UNAM, fue uno de los primeros que documentó el que, a juicio de todos los expertos, es el peor ejemplo después de Ciudad Juárez de lo que puede suceder si se deja desamparados a los jóvenes ante la delincuencia organizada: Monterrey.

El equipo del sociólogo, experto en modelos de intervención con jóvenes en situación de violencia, trabajó con los chavos de la Sultana del Norte entre octubre de 2007 y junio de 2009, contratado por el Consejo de Desarrollo Social del gobierno de Nuevo León.

Los sociólogos encontraron que, según datos de los municipios, había más de 1,600 pandillas, pero que sólo 12 de ellas, integradas por unos 200 jóvenes, estaban relacionadas con la delincuencia. Concluyeron que el 51%de los menores que vivían cerca de los 21 Centros Comunitarios de Desarrollo Social creados por el estado no estudiaban y, lo peor, que el acoso del crimen organizado hacia ellos crecía día con día.

En febrero de 2009, en medio de la investigación, por primera vez en la historia de Monterrey, grupos de jóvenes, mujeres y niños cerraron calles varios días, con la cara tapada, para exigir la salida del Ejército de la entidad. Se sabría después que los tapados -como los bautizaron los medios de comunicación- vivían en las zonas más marginadas de la ciudad -una de las más desiguales del país-, que habían sido “contratados” por hombres que viajaban en lujosas camionetas y que a cambio de participar en las movilizaciones les daban 500 pesos, despensas y mochilas con útiles escolares.

“A pesar de los tapados, cuando entra la administración de Medina (octubre de 2009) cambian la visión de desarrollo social 180 grados. Empiezan a rechazar a los pandilleros en los centros sociales, y cancelan todos los proyectos que se gestaban. Se volvieron a cerrar al macramé, a la pastelería, en un momento en el que era fundamental que alguien del Estado, alguna autoridad, hiciera presencia con los jóvenes en las zonas complicadas, no sólo con policía.

“En el informe ya hablábamos de la presencia de Los Zetas en los tianguis, de la cooptación que sufrían los chavos, quienes contaban que no querían entrarle, que no querían vender droga ni manejar un arma, pero que eran obligados, literalmente, porque ya no tenían otra opción. Se necesitaba que hubiera atención. Tenían que abrir las puertas a nuevas formas de participación juvenil para salvarlos. No lo entendieron”, explica Castillo Berthier.

Eso que no entendieron, dice el investigador, se resume en cuatro factores, todos presentes, revueltos: la escuela dejó de ser un mecanismo de ascenso social; el empleo se ha reducido y ha crecido la informalidad; la cultura y las artes ya no les importan a los jóvenes, por lo que crean símbolos identitarios nuevos; y la familia nuclear no significa nada en sus entornos.

“El papá, la mamá y los hijitos juntos ya no existen más… Mientras las autoridades no entiendan estos cambios y lo incluyan en su política de seguridad, no habrá solución. No la veo”, sentencia.

Los tapados aparecieron otra vez el 9 de junio de 2010, tras la captura de Héctor Luna Luna -”El Tori”, líder de Los Zetas en Monterrey-, desquiciando con narcobloqueos la ciudad. En ese tiempo se calculaba que ya eran 30,000 los “pandilleros” al servicio de Los Zetas en esa ciudad. Su Ejército juvenil.

Ese año, según información de Patricia Cerda, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, había en la Zona Metropolitana de Monterrey 1,920 pandillas, 300 más que un año antes, y los principales focos rojos de la ciudad se encontraban en 70 colonias, donde la violencia en las calles, la violencia intrafamiliar, los suicidios y las pandillas se combinan de manera peligrosa.

El gobierno de Rodrigo Medina implementó un programa piloto de recomposición social, llamado Unidos Transformando mi Comunidad, cuya meta es aplicarlo en 10 colonias al final del sexenio.

“El problema es que faltan 60 colonias, y el gobierno estatal no empezó por los focos más rojos de la entidad. Sé que es una cuestión de presupuesto, pero ¿qué va a pasar en las otras colonias? O mejor dicho, ¿qué pasa?”, se pregunta Cerda.

El acoso a jóvenes pandilleros por parte del crimen organizado es una amenaza a la seguridad de varios municipios que no se caracterizaban por tener esta problemática.

El 17 de noviembre pasado, los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara anunciaron que pondrían en práctica políticas públicas conjuntas para contener la actividad de 699 pandillas, presentes en seis municipios, y para inhibir que más jóvenes se unan a sus filas. Ese día, el entonces alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, dijo que la actividad de las pandillas se estaba convirtiendo en un problema mayor, por el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado. “Les dan un arma, 3,000 pesos y un auto y hacen lo que sea”, sentenció.

También en noviembre pasado, el entonces alcalde de León, Guanajuato, Ricardo Sheffield, solicitó que el Ejército entrara a la ciudad para vigilar las colonias más conflictivas, ante la existencia de 800 pandillas que utilizaban ya armas de grueso calibre. La policía municipal calcula que por lo menos una decena de ellas tiene relación directa con la delincuencia organizada.

En Acapulco, investigaciones ministeriales indican que la relación de las pandillas callejeras con los cárteles en crecimiento, como La Barredora, es cada vez más estrecha, y pone en jaque a toda la ciudad. La disputa del puerto entre bandas criminales y pandillas la ha posicionado en la ciudad más violenta del país, según estimaciones del especialista en seguridad Eduardo Guerrero.

Además, autoridades municipales han detectado crecimiento de los grupos pandilleriles relacionados con la delincuencia organizada en Saltillo y Torreón, Coahuila, y en Nezahualcóyotl la policía municipal tiene detectadas a dos pandillas que ya colaboran de lleno con el crimen organizado. Lo mismo en San Luis Potosí, Zacatecas, Durango… En Baja California, funcionarios de la Procuraduría de Justicia estatal calcularon en mayo pasado que en Mexicali hay 7,000 niños y jóvenes propensos a entrar a una pandilla, y 2,500 en Tijuana.

Para Castillo Berthier, es importante que autoridades de todos los niveles de gobierno pongan en marcha una estrategia integral de atención a los jóvenes en estas zonas antes de que el problema sea tan grande que el tejido social esté completamente roto, como en Nuevo León y Tamaulipas.

Y uno de esos lugares, a su parecer, es San Luis Potosí. Hasta ahí llegó el doctor en sociología por la UNAM con su equipo a principios de 2011 para trabajar con los chavos, y encontró una situación, en sus palabras, “muy pesada”.

Ahí, donde en agosto fue ejecutado el alcalde electo, fueron recibidos por advertencias de Los Zetas, quienes les dijeron que les permitirían trabajar pero sólo en algunas zonas de la ciudad. “‘No nos vamos a meter con ustedes, pero no se pasen de pendejos. No se metan en estas áreas y no hagan pendejadas’, nos dijeron a todos. La zona era demasiado pesada. Debe llegarse a las zonas con los chavos antes de esto”, dice.

El diagnóstico fue igual al de Monterrey años atrás: chavos acosados por la delincuencia organizada, sin ninguna posibilidad de decir no.

Hoy, con el auspicio del programa Hábitat, de la Sedesol, el sociólogo trabaja en modelos de intervención con jóvenes en Tijuana, Juárez, Nogales, Tapachula, Playa del Carmen, San Luis Potosí e Iztapalapa. En todos lados ha encontrado presión hacia los menores.

“Hay una frase que me dijeron en la colonia Colinas del Sol, en Nogales, y que se me quedó grabada. Es una zona que está a 800 metros del cruce con Estados Unidos, zona de polleros, de traficantes de armas, de droga. Cuando yo le pregunté a una señora de ahí que si había pandillas de chavos, ella me respondió ‘Mire, hay muchos jóvenes, pero aquí ya no tenemos pandillas. Aquí ya todos son sicarios’.

“¿Cómo les dices a los chavos que están ganando 300 o 500 dólares a la semana como halcones, burros, sicarios, lo que tú quieras, que hagan capoeira (expresión artística brasileña parecida a las artes marciales) con nosotros para aprender el control de su cuerpo? Trabajas siempre al límite, con el miedo, tratando de trabajar con grafiteros, pintores, actores, poetas, músicos, diciéndote a ti mismo ‘Sí, sí se pueden hacer cosas y vale la pena hacerlas’”.

¿Y cómo hacer intervenciones sociales con los jóvenes en esas zonas?, se le pregunta.

“Tengo que aceptar que hay lugares en los que ya es imposible. Cuando esto se desborda es muy difícil regresar. No es ‘aparezco yo, el Estado, y vuelvo a jalar a los chavos’. No. En comunidades donde la ruptura del tejido social se volvió un caso extremo, y tienes presencia tan fuerte del crimen organizado es imposible. Todavía no sé cómo. Ni siquiera hay una lectura social por parte de las autoridades de lo que sucede. Es una desgracia”, asegura.

Para Alfredo Nateras, investigador urbano de la UAM, la tragedia que ha vivido la población juvenil del país es resultado de la estigmatización de las autoridades, que sólo han visto a los jóvenes como delincuentes, sin importarles su potencial y sus problemas, que son imposibles de superar sin el apoyo de políticos, empresarios y sociedad civil, y con programas integrales focalizados en ellos.

“El panorama es muy complicado. Han sido muy desacertados los comentarios de Felipe Calderón con respecto a los jóvenes, que reflejan el imaginario político de las autoridades sobre ellos, porque ahorita ser joven es automáticamente ser sicario y ser pandillero. Más allá de sexenios, a la élite política se le está acabando el tiempo para atender a los jóvenes. Esto es una bomba de tiempo”.

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