Por Fernand Santos
The New York Times News Service
PHOENIX –
En este año de elecciones, las organizaciones comunitarias que trabajan para que más latinos vayan a las casillas a votar han tenido la ayuda de un aliado involuntario: el alguacil Joe Arpaio, la personificación de la insolencia al hablar en las batallas por la inmigración ilegal en Arizona y más allá.
Cuando tocan puertas -tratando, primero, de persuadir a los latinos para inscribirse en el patrón electoral, y regresar después para asegurarse que entregaron las boletas electorales- los activistas recurren a la misma pregunta para iniciar la conversación: ¿no quiere que Arpaio deje el cargo?
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Luego hacen su presentación: ¿ha oído hablar de su oponente, Paul Penzone? Los grupos, organizados con nombres pegajosos, como Adiós Arpaio y Joe se tiene que ir, son una mezcolanza variopinta: integrantes de organizaciones religiosas, sindicatos de trabajadores y organizaciones de defensoría, así como alumnos de bachillerato que, en su mayoría, son demasiado jóvenes para votar. Los unió la oportunidad, las circunstancias y un objetivo común que para muchos está demasiado cerca.
Al padre de Felix Trejo lo deportaron a México hace tres años, cuando los policías de Arpaio lo capturaron manejando sin licencia. En 2010, al de Yaraneth Marin también lo deportaron después de que los policías del alguacil cumplieron una orden judicial para cercar a varios de sus familiares en su casa. Al abuelo de Jacqueline Garcia, quien la había estado educando a ella y a su hermano, lo deportaron en mayo después de que los policías lo aprehendieron por algún tipo de infracción de tránsito que ella no pudo describir.
“Sé qué se siente”, Jacqueline les dice a menudo a los posibles electores a los que conoce en las horas que pasa solicitando votos. Toca puertas cada tarde después de clases en la preparatoria tecnológica Carl Hayden, donde cursa el segundo año.
Según su conteo, los organismos comunitarios han registrado a 34,327 votantes latinos en los últimos seis meses. Bruce Merrill, un investigador sénior en el Instituto Morrison para las Políticas Públicas, de la Universidad Estatal de Arizona, dijo que se espera que la participación del alguacil y de Richard H. Carmona, un demócrata hispano que busca un escaño senatorial, hagan que suba la participación de los votantes latinos.
Otros signos ya indicaban unas elecciones muy peleadas en el caso de Arpaio, de 80 años, cuya jurisdicción es el condado de Maricopa. Apenas este año, lo enjuiciaron por acusaciones de violaciones a los derechos civiles en contra de latinos, quienes lo acusaron de seleccionarlos en redadas y para detenerlos por infracciones de tránsito. El Departamento de Justicia lo demandó por los mismos motivos, e internos y sus familias han presentado otras demandas judiciales por maltrato en las cárceles del condado.
Durante su ejercicio -lo eligieron por primera vez en 1992-, Arpaio ha recibido bien las críticas que provocan sus directivas, como vestir a los internos con ropa interior color de rosa, crear un grupo de presas que trabajan encadenadas y usar descaradamente los poderes que le confieren las leyes del estado para perseguir a los inmigrantes indocumentados.
“Ha estado en el cargo lo suficiente para haber alejado a muchísimas personas”, dijo Merrill. “Pero la clave es entender que nadie aquí en Arizona conoce a Paul Penzone. Es una contienda de Joe Arpaio contra Joe Arpaio”.
Penzone, de 45 años, un demócrata, retirado del Departamento de Policía de Phoenix hacer tres años, después de 21 años en la fuerza, gran parte de los cuales trabajó como agente de narcóticos encubierto y como un gerente del programa Testigo Silencioso, que ofrece recompensas a las personas que ayuden a las autoridades a resolver delitos. No obstante, es alguien muy ajeno a muchos electores.
Cuando Yaraneth, de 16 años, le preguntó a una mujer cuya puerta había tocado sobre Penzone, le contestó: “No sé mucho sobre él”.
Ha estado trabajando para presentarse entre los electores poco a poco. Ha organizado actos en Fountain Hills, donde vive Arpaio, y en El Mirage, donde la oficina del alguacil no investigó adecuadamente diversos delitos sexuales.
Hace unas semanas, Penzone habló ante 50 votantes en Sun City, una comunidad para retirados, justo en las afueras de Phoenix y uno de los bastiones más incondicionales de Arpaio. La semana pasada, platicó con un grupo que ayudó a empezar la campaña para retirar a Russell K. Pearce, un ex senador estatal y principal proponente de la iniciativa de la polémica ley sobre inmigración del estado. En el sitio web de Penzone, se presenta en forma prominente el vínculo: “republicanos por Penzone”.
“El plan es seguir siendo firmes en el mensaje, definir quién soy y asegurar que hay honestidad en el mensaje del alguacil”, dijo Penzone en una entrevista.
Arpaio no realiza una campaña tradicional. Habla o se presenta donde quiera que lo inviten, notó Chad Willems, su coordinador de campaña. Las invitaciones llegan a menudo: el programa Ride for Kids de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos en Phoenix el 21 de octubre; el Simposio sobre Valores Inmobiliarios en la vecina Scottsdale el 22 de octubre; el concurso de tartas de manzana en el Festival de Otoño en Anthem, el 27 de octubre, y la inauguración del nuevo edificio de Elks Lodge en Mesa el 28 de octubre. Y esos sólo son los que mencionó en su cuenta de Twitter. “Lo buscan mucho”, dijo Willems.
También tiene mucho dinero -8.5 millones de dólares en el conteo más reciente, muchísimo más que cualquier otro candidato que compite por un cargo local de elección popular en la historia del estado. Sus anuncios están en todos los canales de televisión, en los que aparece como un esposo devoto, se resalta su experiencia anterior a su elección como alguacil (trabajó durante años en el Departamento Estadounidense Antidrogas) y les cuenta a los electores una parte del pasado de Penzone que es posible que no conozcan: un incidente de violencia doméstica con su ex esposa, tras del cual se emitieron órdenes judiciales de restricción contra ambos.
Penzone contó que ella lo golpeó con palos de jóquey. Ella le dijo a la policía que él la empujó contra la puerta. Un juez falló que Penzone representaba “una amenaza creíble para la seguridad” de su ex esposa y le ordenó que entregara sus armas, según el expediente judicial.
En la entrevista, Penzone restó importancia al incidente, diciendo que sucedió “hace más de 10 años” y que “no se levantaron cargos”, ni hubo reprimendas contra él en ese entonces, cuando todavía era un policía.