Por Monique García
CHICAGO –
En un nuevo intento, Pat Quinn, gobernador de Illinois; John Cullerton, presidente del Senado, y Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, dijeron que apoyan una propuesta de ley para que se otorguen licencias de manejo a los indocumentados.
En esta ocasión, los demócratas que controlan el gobierno dijeron que esperan obtener la ayuda de aquellos republicanos que no se vieron favorecidos del voto latino en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre.
No existe una propuesta formal, pero Cullerton dijo que quiere intentar que haya algo la próxima semana, cuando los legisladores vuelvan a Springfield para la sesión de veto. Después volverán unos días en diciembre y otra vez en enero.
Pocos detalles se han hecho públicos, pero la propuesta no es para que los indocumentados obtengan la misma licencia de conducir disponible para los residentes legales. En cambio, la discusión se centra en ampliar el programa actual de la Secretaría del Estado que permite licencias temporales para visitantes extranjeros que están aquí legalmente.
Bajo el plan, los indocumentados que puedan comprobar su residencia y presenten un pasaporte u otro documento deberán aprobar los exámenes de visión, escrito y manejo, así como obtener seguro para su auto. Podrían obtener una licencia de tres años que es válida sólo para manejar pero no como identificación.
En una conferencia de prensa, los funcionarios dijeron que hay unos 250,000 indocumentados en Illinois y que si la mitad de ellos obtienen licencia y seguro, eso mejorará la seguridad pública y reduciría costos en los reclamos de seguro.
El republicano Jim Edgar, ex secretario del estado y ex gobernador, compareció en la conferencia para apoyar la idea, y agregó que sus correligionarios necesitan acercarse a los latinos.
“Es una propuesta de ley moralmente justa, económicamente sólida y políticamente inteligente”, señaló Edgar.
Quinn dijo que firmará la medida si se aprueba. Washington y Nuevo México ya aprobaron medidas similares, añadió el gobernador.
El tema se ha debatido candentemente en la Asamblea General, más recientemente en 2007, cuando una medida similar se aprobó en la Cámara Baja, pero no en el Senado.
