La oleada de desalojos genera una crisis de indigentes en España

Por en Mundo 11/25/12 1:11 PM

Por Suzanne Daley

SEVILLA, ESPAÑA — La primera noche después de que, en esta ciudad, desalojaron de su apartamentito a Francisco Rodríguez Flores de 71 años y a su esposa Ana López Corral de 67, porque se atrasaron en el pago de la hipoteca, durmieron en el vestíbulo del edificio. Sus hijas, ambas desempleadas, que viven con ellos, durmieron en la camioneta de un vecino.

“Fue la peor cosa que nos haya pasado”, dijo López hace poco, mirándose detenidamente las manos. “No puede imaginarse lo que se siente estar ahí en el vestíbulo. Es una historia que realmente no se puede contar porque no es lo mismo que vivirla”.

Las cosas están un poco mejor ahora. Los Rodríguez están entre las 36 familias que tomaron un edificio de apartamentos de lujo que había estado vacío durante tres años. No hay electricidad. Acaban de cortar el agua, y existe el temor de que las autoridades las desalojen otra vez. Sin embargo, dice López, no viven en la calle, al menos todavía no.

La cantidad de familias españolas que se enfrentan a los desalojos aumenta a un ritmo vertiginoso; cientos al día, dicen defensores de la vivienda.

Mientras que algunos pueden mudarse con familiares, un creciente número, como los Rodríguez, no tienen esa opción. Sus parientes no están en mejores condiciones que ellos, y España, prácticamente, no tiene ningún sistema de refugios de emergencia para familias.

Para algunos, la presión ha sido demasiada para soportarla. En las últimas semanas, un señor de 53 años se colgó en Granada, unas horas antes de que lo echaran a la calle, y una mujer de la misma edad en Bilbao saltó a su muerte cuando funcionarios judiciales llegaron a su puerta.

Al mismo tiempo, el país está salpicado de viviendas vacías de todo tipo, quizá unos dos millones, según algunas estimaciones. Expertos dicen que son cada vez más los desalojados —que encaran toda una vida de deudas y un sistema de listas negras que hace que sea prácticamente imposible rentar— que toman propiedades vacantes o regresan a sus antiguas casas después de que se las confiscaron.

A veces, los vecinos reportan esas actividades. Sin embargo, dicen los expertos que a menudo no lo hacen. Es una existencia temporal y a menudo llena de preocupación. Sin embargo, muchos no ven ninguna alternativa.

Los Rodríguez se atrasaron en el pago tratando de ayudar a sus hijas, quienes perdieron el empleo y tienen tres hijos entre las dos. Ellas fueron a vivir con ellos después de que las desalojaron. “No podía dejar que mis hijas y nietos se murieran de hambre”, dijo López, quien solía trabajar como limpiadora en una residencia para ancianos.

Nadie lleva un registro de la cantidad de paracaidistas. Sin embargo, Rafael Martín Sanz, el presidente de una administradora de bienes raíces, dice que el paracaidismo se ha vuelto tan común que algunas inmobiliarias son renuentes a colocar letreros en las fachadas que indiquen que hay un apartamento disponible.

“El chiste es que la mitad de las personas que recorren apartamentos que están en el mercado, en realidad, eligen cuál van a ocupar ilegalmente”, explicó.

La mayoría de los desalojos se realizan discretamente, y las avergonzadas familias dejan las llaves en los bancos. Sin embargo, en algunos barrios obreros, hay enfrentamientos semanales con la policía y los ejecutivos de bancos a medida que los defensores de la vivienda y voluntarios tratan de resistirse a los desalojos.

Hace poco, en el barrio de Carabanchel, en Madrid, una multitud que protestaba afuera de un apartamento en un sótano, gritaba: “debería darles vergüenza” a un montón de funcionarios bancarios y judiciales que llegaron para desalojar a Edward Hernández y su familia. Sin embargo, Rafael Mayoral, el abogado de Hernández, evaluó la situación y pronosticó que podría negociar un aplazamiento. La multitud de partidarios, dijo, superaba en número a los policías.

Hernández, de 38 años, quien trabajó en la construcción, compró el departamento en 320,000 dólares en 2006, pero perdió el empleo tres años después, contó. Pensó que había negociado con el banco para pagar menos durante algún tiempo. Sin embargo, un día, dijo, recibió una carta en la que le informaban que se había subastado su apartamento.

Hernández y su esposa tienen el ojo puesto en uno vacío que pretenden ocupar. Si falla eso, la pareja tendrá que separarse, comentó. Su esposa regresaría a vivir con su madre, quien también está atrasada en el pago de la hipoteca y ya alberga a sus otros hijos adultos. Hernández viviría con su hermano, quien vive con su familia más joven en un estudio.

Al finalizar la mañana, los funcionarios bancarios y judiciales acordaron posponer el desalojo de Hernández por seis semanas. Todavía enfrenta una deuda de más de 330,000 dólares, más de lo que pagó por el apartamento. En España, los tenedores son personalmente responsables por la cantidad total de la hipoteca. Luego, se suman los recargos por intereses moratorios y decenas de miles de dólares en cuotas en los juzgados por la ejecución hipotecaria. La bancarrota tampoco es una solución porque la deuda hipotecaria está expresamente excluida.

Para tratar de parar el flujo de indigentes, el gobierno español pidió a los bancos adherirse a un código de conducta que protege, hasta cierto punto, a los españoles más pobres, y muchos lo han hecho. Sin embargo, defensores dicen que el código ofrece alivio a una parte tan estrecha de propietarios de casas —los que no tienen en su casa a adultos que trabajen y que pagaron menos de 260,000 dólares por ella— que es poco probable que tenga gran efecto.

Elena Cortés, la concejala de obras públicas y vivienda en Andalucía, la región que abarca a Sevilla, dijo que durante los años de auge, fue raro que el gobierno construyera vivienda de interés social. Encima, el país nunca ha tenido muchas propiedades para renta. Ahora, las familias a las que echan a la calle no tienen a dónde ir.

En una declaración por escrito, la asociación bancaria de España, la AEB, dijo que, cada vez que pueden, los bancos buscan evitar los desalojos mediante negociaciones.

Los Rodríguez empezaron a vivir en el edificio de lujo, la Corrala Utopía, en mayo, con sólo unas cuantas pertenencias, una acción organizada por integrantes del movimiento 15-M, el nombre dado a personas que se organizaron después de las protestas en todo el país que comenzaron el 15 de mayo del año pasado. Un miembro del grupo, Juanjo García Marín, dijo que eligieron esa propiedad porque está enredada en procedimientos legales, lo cual podría darles a las familias más tiempo para quedarse ahí.

Los vecinos les han dado muebles, y la mayor parte de los días llegan donaciones de alimentos. Una noche reciente, López usaba un generador para mantener encendidas las luces y funcionando el refrigerador. Otros en el edificio también tienen generadores, pero algunos no pueden pagar la gasolina para que funcionen.

El nieto de 13 años de López llegó después de la cena, y anunció que necesitaba un lugar dónde hacer la tarea. No había luz en el apartamento de su madre, en el piso de arriba.