En México mejoran las leyes, pero aumentan los abusos

En el sexenio ocurrieron 46,640 ejecuciones (del 1 de diciembre de 2006 al 2 de noviembre de 2012), y en 4,565 casos (casi 10%) los cuerpos han sido hallados con huellas de tortura. REFORMA

Por Martha Martínez

CIUDAD DE MÉXICO — Cerca de 50,000 muertos, más de 5,000 desaparecidos, al menos 20,000 migrantes secuestrados, 140,000 desplazados, 200 reos muertos en motines, más de 40,000 huérfanos como consecuencia de la violencia… En los últimos seis años las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron de forma sistemática en todo el país.

Expertos aseguran que prácticas como la tortura, los abusos de autoridad perpetrados principalmente por Fuerzas Armadas, las agresiones en contra de activistas y migrantes y la falta de investigación de las mismas no es nada nuevo, pero en este sexenio aumentaron en número y frecuencia.

Además, advierten que aun cuando el próximo gobierno heredará un gran deterioro en derechos humanos, no cuenta con una estrategia clara para atender la situación. Por el contrario, afirman, las propuestas dadas a conocer por Enrique Peña Nieto son lugares comunes que muestran desconocimiento y falta de interés sobre el tema.

Aumentan los abusos

Durante la actual administración se crearon al menos dos instancias federales para la protección de las víctimas, se presentaron dos protocolos para homologar la investigación de delitos como la desaparición forzada, se promulgaron dos nuevas leyes y sus protocolos para la protección de grupos vulnerables y se registraron 11 reformas con incidencia directa en la defensa y promoción de los derechos humanos.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, advierte una contradicción: a pesar de estos avances, la situación de los derechos humanos en el país se deterioró.

El especialista advierte que muchas de las violaciones documentadas en los últimos seis años aumentaron al grado de convertir algunas en prácticas sistemáticas, como la desaparición forzada.

“Por décadas la tortura ha sido perpetrada por policías en México para obtener confesiones; sin embargo, hemos visto un incremento alarmante en los últimos años. Además, hemos documentado el uso generalizado de abusos que no se vieron en décadas, como la desaparición forzada”, sostiene.

Según la base de datos de Reforma, en el sexenio se registraron 46,640 ejecuciones (del 1 de diciembre de 2006 al 2 de noviembre de 2012), y en 4,565 casos (casi 10%) los cuerpos han sido hallados con huellas de tortura.

Vivanco señala que el incremento de las violaciones a los derechos humanos no puede explicarse fuera del contexto de la lucha contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón, misma que por las deficiencias de su planteamiento generó el falso dilema entre reducir la inseguridad del país o respetar los derechos de las personas.

Según informes oficiales y de organismos nacionales e internacionales, en los últimos seis años el número de personas desaparecidas, torturadas, ejecutadas y desplazadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado se multiplicó. Más aún, muchas de las víctimas fueron menores de edad y civiles que el gobierno llamó “daños colaterales”. En la mayoría de los casos la impunidad fue el común denominador.

Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que entre 2006 y 2010 se registraron al menos 5,397 personas desaparecidas. La cifra es superior a los 535 casos registrados durante la llamada Guerra Sucia de los años setenta, documentados por el mismo organismo. A la fecha no se tiene conocimiento de alguna consignación por este delito.

En abril pasado, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) difundió el Reporte Global de Desplazados Internos, según el cual desde 2007 unas 140,000 personas se desplazaron como consecuencia de los enfrentamientos entre los cárteles de la droga.

De acuerdo con información de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, creada en 2011, del total de desplazados sólo una familia ha recibido una casa prestada por Infonavit para que la habite en tanto se establecen las condiciones para que pueda regresar a su lugar de origen.

La CNDH indica que la práctica de la tortura también se incrementó. Los informes anuales del organismo señalan que entre 2007 y 2011 las quejas por este delito aumentaron de 4 a 42, y la autoridad que más hace uso de esta práctica es la Secretaría de la Defensa Nacional.

El documento presentado por el gobierno mexicano durante su comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU, el 3 de octubre pasado, indica que de 127 averiguaciones previas iniciadas entre 2005 y 2012, sólo 74 fueron consignadas y de ellas seis recibieron sentencia.

En 2011 la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados presentó un informe según el cual, de entre las más de 47,000 personas que, según cifras oficiales, fueron ejecutadas en el marco de la guerra contra el narcotráfico, alrededor de 1,600 eran menores de edad. Según el informe, además de los menores asesinados, 40,000 quedaron huérfanos a causa de la violencia.

Además, la guerra contra el narcotráfico incrementó las condiciones de hacinamiento e inseguridad en los penales del país, lo que derivó en motines y la muerte de cientos de reos.

Un seguimiento hemerográfico revela que en los últimos seis años tuvieron lugar al menos 20 motines en penales de siete estados del país, en los cuales perdieron la vida 271 reos. Los estados con el mayor número de motines fueron Durango (5), Nuevo León (4), Tamaulipas (3), Chihuahua (2) y Quintana Roo (2).

Los migrantes

Los abusos contra los migrantes fueron sistemáticos y generaron pronunciamientos de organismos internacionales y la llegada de caravanas de defensores y de madres centroamericanas.

En julio de 2008 entró en vigor la reforma a la Ley General de Población que despenaliza la migración indocumentada y establece disposiciones para eliminar los abusos en contra de este sector de la población. A pesar de dicha reforma, en 2009 la CNDH dio a conocer el Informe especial sobre secuestro de migrantes, el cual indica que en sólo cinco meses, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, más de 9,500 migrantes fueron secuestrados por bandas del crimen organizado. Un informe de seguimiento dado a conocer en 2011 por el mismo organismo indica que entre abril y septiembre de 2010, el número de migrantes secuestrados por el crimen organizado aumentó a más de 11,000.

En agosto de 2010 se hizo un hallazgo que colocó a México en la lupa mundial: el Ejército localizó en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, los cuerpos de 72 migrantes que, según la PGR, fueron asesinados por integrantes de Los Zetas, luego de que se negaron a trabajar para ellos. En abril de 2011, la procuradora Marisela Morales declaró que los cuerpos encontrados en 47 fosas clandestinas más localizadas en el mismo lugar sumaban 193.

Jorge Bustamante, ex relator especial sobre los derechos de las personas migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, afirma que durante la administración de Calderón México ganó el primer lugar en violaciones a los derechos humanos de los migrantes, pues nunca antes se habían registrados tantos secuestros y homicidios como en los últimos seis años.

“En este sexenio fue cuando ganamos este triste campeonato mundial en el número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, esto lo han comprobado los datos de los informes sobre secuestro que ha producido la CNDH tanto en 2009 como en 2011. Si se suman los cadáveres de los migrantes encontrados en fosas clandestinas y se piensa que detrás de cada cadáver se cometieron varias violaciones a los derechos humanos de los que en vida llevaron esos cuerpos, no se encontrará un país con tantos migrantes muertos”, asegura.

Deudas históricas

Para el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, las violaciones a los derechos humanos no se agotan en el tema inseguridad. En su opinión, México también tiene una deuda en temas estructurales como la violencia de género y la pobreza.

“Tenemos una clara conciencia de que son problemas que giran en el eje del tema de la seguridad, pero que no se agotan ahí. Hay también temas estructurales: la procuración de justicia, el debido proceso, el imperio de la ley, hasta temas ligados sí a la cultura, sí a la reproducción de valores, al modelo machista”, refiere.

Informes oficiales indican que en los últimos seis años la violencia de género, la trata de personas y la pobreza aumentaron a pesar de la aprobación de nuevas leyes y la creación de organismos federales para la investigación de delitos relacionados con estos fenómenos.

En 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como diversas disposiciones para incrementar las penas en contra de quienes comenten el delito de explotación sexual. No obstante, en febrero pasado la CNDH dio a conocer que de las 280 averiguaciones previas iniciadas entre 2009 y 2012, la PGR y las procuradurías estatales obtuvieron únicamente 14 sentencias condenatorias.

Según el informe Reporte de Tráfico de Personas 2012, dado a conocer en junio pasado por el Departamento de Estado de EEUU, aunque el país hace esfuerzos significativos para combatir este delito, “el gobierno de México no cumple por completo con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico (de personas)”.

En enero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en enero de 2008 se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y, cuatro años más tarde, Calderón firmó un decreto de promulgación para incorporar el feminicidio al Código Penal Federal y establecer de 40 a 60 años de cárcel a quien cometa este delito.

Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señalan que, de acuerdo con información proporcionada por las procuradurías de justicia federal y estatales, entre enero de 2010 y junio de 2011, al menos 1,235 mujeres fueron asesinadas, pero sólo 4% de los casos fueron sentenciados.

Además, un caldo de cultivo para la violación a los derechos humanos en el país es la pobreza y, según datos del Coneval, ésta aumentó de 48.8 a 52 millones de personas entre 2008 y 2010.

Avances de papel

Daniel Zapico, coordinador de Movilidad e Impacto de Amnistía Internacional, señala que la contradicción entre los avances en materia de instrumentos y legislación y el deterioro de los derechos humanos en el país se debe a que muchas de estas modificaciones se aprueban sin la voluntad y la capacidad para implementarlas.

“Es muy contradictorio. Amnistía Internacional reconoce que cosas como la reforma constitucional en derechos humanos es uno de los grandes avances en la historia reciente del país porque abre la puerta a muchas cosas, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mandar al fuero civil los abusos cometidos por militares.

“El problema, yo diría, es casi sistemático en México y es que se avanza muchas veces en las leyes pero muy poco en la aplicación, y tal vez sea más sencillo avanzar en las leyes porque no hay una verdadera voluntad de aplicarlas o una verdadera capacidad. Hablamos de que México es un país de leyes sin justicia”, sostiene.

Entre 2008 y 2011 entraron en vigor tres reformas legales que marcaron un antes y un después en materia de derechos humanos. A pesar de ello su aplicación ha sido lenta y, en muchos casos, las autoridades han generado dudas sobre su capacidad para ponerlas en práctica.

El 18 de junio de 2008 entró en vigor la Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, la cual busca consolidar un sistema garantista partiendo de la presunción de inocencia, invalidar cualquier prueba obtenida bajo tortura y garantizar la relación directa entre el juez y las partes al establecer la oralidad de los juicios.

A cuatro años de su entrada en vigor y a mitad del plazo establecido por la Constitución para su implementación —2016— sólo tres estados han puesto en marcha la operación total de la reforma: Chihuahua, Estado de México y Morelos.

Chihuahua fue el primer estado en implementarla y a pesar de ello su sistema de impartición de justicia ha estado sometido a por lo menos dos escándalos. El primero ocurrió en 2010; ese año la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo fue asesinada tras denunciar públicamente que el asesino de su hija había sido liberado a pesar de haber confesado ser el homicida.

Otro caso fue el de Israel Arzate, quien fue arraigado luego de que mediante tortura confesara haber participado en el ataque en el que 14 jóvenes fueron asesinados mientras celebraban el cumpleaños de un compañero de escuela. Arzate fue liberado a principios de octubre luego de que obtuviera un amparo; a la par, la SCJN anunció que entraría al análisis del caso por considerar que abre la discusión sobre las violaciones a los derechos a la presunción de inocencia y el debido proceso.

En junio de 2011 se promulgó la reforma constitucional en materia de amparo, que permite a los ciudadanos interponer juicios cuando consideren que los derechos consagrados no sólo en leyes internas sino también en tratados internacionales ratificados por México han sido vulnerados.

La reforma también incorpora la figura de “amparo por omisión”, mediante la cual los ciudadanos podrán defenderse de la falta de actuación de las autoridades. A la fecha no se han dado a conocer cifras sobre el impacto de estas modificaciones constitucionales.

En junio de 2011 entró en vigor también la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional dichas garantías, establece el principio pro homine que obliga a las autoridades a elegir entre las leyes internas y los instrumentos ratificados por México el que proteja más a las personas y amplía las facultades de la CNDH.

Hasta ahora los avances más importantes relacionados con esta reforma los ha dado la SCJN. A principios de este año el máximo tribunal comenzó la discusión sobre la justicia militar y la obligación de México de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el primer caso determinó que los abusos de militares en contra de civiles deben ser atendidos por tribunales civiles. Respecto a la obligatoriedad de las sentencias, el máximo tribunal consideró que México tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a éstas. A pesar de ello, la administración Calderón concluirá sin haber cumplido con las cinco sentencias que la CIDH emitió en contra del Estado mexicano durante su sexenio.

Miguel Moguel, coordinador de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, detalla que hasta ahora el gobierno mexicano ha dado cumplimiento a los primeros puntos de las recomendaciones, los cuales hacen referencia a acciones básicas como la publicación en medios de comunicación de las sentencias, la entrega de indemnizaciones a las familias de las víctimas —algunas no las aceptaron— y, en el caso de la sentencia conocida como “campo algodonero”, referente al homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, la edificación de un monumento en su memoria.

“Todo lo referente al acceso a la justicia y las garantías de no repetición son elementos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deja pendientes esta administración y que deberán ser retomadas y cumplidas por la siguiente”, precisa.

Hasta ahora la CNDH ha hecho uso en una sola ocasión de su facultad investigadora —misma que antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos estaba en manos de la SCJN— para indagar la represión de elementos policiacos en contra de normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Moguel reconoce que es temprano para emitir una opinión sobre si el uso de la nueva facultad investigadora está subutilizado o no, advierte que en el caso de los normalistas la CNDH no aprovechó la oportunidad para dimensionarlo como uno más de la estrategia de represión que desde hace muchos años utilizan las autoridades.

Peña Nieto, sin propuesta

Issa Luna Pla, una de las académicas que junto con un grupo de expertos participó en el análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales en un ejercicio convocado por la Fundación Ethos, señala que a pesar de que Peña Nieto recibirá un país deteriorado en materia de derechos humanos, sus propuestas denotan desconocimiento y falta de interés sobre el tema.

Como ejemplo indica que una de las propuestas del hoy Presidente electo es “apuntalar los derechos humanos e impulsar la universalidad de los mismos”, a pesar de que una característica de éstos es precisamente la de ser universales.

“Los derechos humanos tienen la cualidad de ser universales lo diga Peña Nieto o no, y desde 1948 México ha reconocido eso, entonces a él le falta revisar desde ese año qué ha hecho el país en la materia para que todos partamos de que son universales y que no es necesario impulsar esa naturaleza”, indica.

Luna Pla señala que las propuestas dadas a conocer hasta el momento por Peña Nieto se centran en repetir las bondades intrínsecas de los derechos humanos y no en asumir compromisos concretos en la materia.

Y da un ejemplo: “uno de sus compromisos es aplicar una estrategia que tenga como soporte el respeto de los derechos humanos en el tema de la seguridad, esto es una cosa bastante lógica no sólo en el tema de seguridad, tiene que ser el soporte de las políticas públicas”.

Otra característica de las propuestas del priista, señala la académica, es que tienen poca viabilidad práctica, pues al carecer de objetivos claros, no es posible establecer de manera clara presupuestos, autoridades responsables de llevarlas a cabo y metas a alcanzar.

“Lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos siglos es que los derechos humanos pueden ser o se convierten en retórica cuando no tienes estrategias concretas para ser implementadas y aquí lo que vemos es que no hay objetivos concretos y por lo tanto no es posible saber cómo las va a implementar”, señala.

La académica advierte que la próxima administración no puede darse el lujo de relegar a segundo plano la defensa y promoción de los derechos humanos, pues se corre el riesgo de que ante la falta de resultados el gobierno federal invente supuestos avances.

“Los derechos humanos se respetan a cabalidad sólo si la clase política entiende la dignidad humana y tiene dignidad humana, lo que vemos en estas propuestas es que la dignidad humana no es el centro de las propuestas, entonces corremos el riesgo de aumentar las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales y muy seguramente pasaremos bastantes vergüenzas en escenarios internacionales porque los responsables en esta materia van a tener que presumir avances y eso va a llevar al gobierno a que si no tiene resultados los va a inventar”, advierte.

Reforma solicitó una entrevista con Claudia Ruiz Massieu, coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

Hasta ahora el equipo de transición no ha tenido reuniones públicas con organizaciones civiles especializadas en el tema o con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.


El autor

Agencia Reforma es contribuidor Vívelohoy

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