CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE –
La División de Vehículos Motorizados (DMV) de Carolina del Norte anunció hoy la cancelación de las licencias de conducir que “por error” se otorgaron a los “soñadores” amparados por la acción diferida.
En un comunicado, la portavoz del DMV, Margaret Howell, explicó que una revisión interna realizada la semana pasada arrojó que habían otorgado “accidentalmente” al menos 13 permisos a jóvenes amparados este programa aprobado por el Gobierno federal el pasado verano.
El fin de semana pasado esta dependencia estatal comunicó su decisión de no otorgar a estos inmigrantes la licencia de conducir y modificó en su página oficial de internet los requisitos para optar a la licencia de conducir, excluyendo el permiso de trabajo que los jóvenes obtienen con la acción diferida.
Según Howell, el 10 de septiembre pasado el DMV envió una carta al fiscal general de Carolina del Norte, Roy Cooper, solicitando una “opinión legal” sobre la validez de otorgar las licencias a este grupo de inmigrantes.
A la vez, decidió en ese momento no seguir emitiendo licencias a los “soñadores” amparados por la acción diferida, aunque no dio a dar a conocer públicamente este cambio de política.
“Para ser consistentes, hemos notificado a los afectados en carta enviada el 11 de enero que sus privilegios de manejo han sido cancelados”, apuntó el comunicado.
“Una vez obtengamos la opinión de la Fiscalía daremos a conocer la decisión de si otorgamos la licencia a los solicitantes” que gozan de la acción diferida, señaló el texto.
El DMV destacó que todavía siguen actualizando su base de datos y que puede haber más afectados a quienes se les cancelarán sus licencias.
De esta forma Carolina del Norte se sumó a la lista de estados como Arizona, Iowa, Michigan y Nebraska, que han negado a los “soñadores” la posibilidad de conducir legalmente.
La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y el Centro de Justicia de Carolina del Norte solicitaron el lunes a las autoridades del estado que vuelvan a emitir licencias de conducir a los “soñadores” con acción diferida.
Las organizaciones argumentan que estos jóvenes inmigrantes están “legalmente presentes en el país”, que es el asunto que “preocupa” a las autoridades del DMV.
Los grupos civiles amenazaron con comenzar a presentar demandas por esta medida si la Fiscalía no da a conocer su decisión al respecto antes del próximo 18 de enero, aunque se desconoce la fecha en la que la oficina de Cooper se pronunciará.
