Más preguntas que respuestas sobre la reforma migratoria

Los legisladores federales Luis Gutiérrez y Dick Durbin en el Instituto del Progreso Latino, en Chicago. JAIME REYES | DIARIO HOY

CHICAGO – A María González le gusta que la reforma migratoria finalmente se mueve en la capital federal, pero le preocupa que todavía haya muchos asuntos y preguntas sin resolver.

González, de 24 años y estudiante de sociología del Instituto de Tecnología de Illinois (IIT) llegó a esa conclusión tras una reunión que el senador federal Dick Durbin y el representante federal Luis Gutiérrez tuvo con representantes de organizaciones comunitarias del área de Chicago.

Los legisladores federales tuvieron esa reunión en la escuela del Instituto del Progreso Latino en dónde dijeron cómo marcha el debate de la reforma migratoria en Washington D.C., y contestaron, hasta donde pudieron, algunas de las preguntas que le hicieron en diferentes aspectos los representantes de varias organizaciones comunitarias, laborales, empresariales y religiosas.

La reunión se da a días que ocho senadores presentaron una propuesta para una reforma migratoria y que el presidente Barack Obama dijera que si el Congreso no se pone las pilas él presentaría su propia propuesta.

Hasta ahora, la Cámara de Representantes no ha presentado su propia propuesta.

“El debate sobre una reforma migratoria integral empezó en Washington D.C. esta semana cuando siete colegas y yo introdujimos una declaración de principios que confeccionamos como el punto inicial de la legislación”, indicó Durbin.

Esos principios, según Durbin, servirán como una guía que se usará para una propuesta que luego se presente al Comité Judicial del Senado.

Durbin dijo que aunque se encuentran en las etapas tempranas, si saben que tienen que abordar el tema desde un punto de vista bipartidista, y que su propuesta tiene que ser aprobada por los caucuses hispano y republicano.

Algunas de las preguntas que se formularon a los legisladores iban desde la seguridad o cumplimiento de las leyes de inmigración; como reconciliar la reforma mientras  sigue el alto número de deportaciones; que va a pasar con los padres deportados de hijos ciudadanos; como asegurar que el programa de verificación laboral sea confiable; que va a pasar con los trabajadores indocumentados mientras se legalizan;  y como van a determinar qué antecedentes penales son deportables, entre otras cuestiones.

Durbin señaló que a pesar de que bajó el número de inmigrantes que cruzan la frontera y de que Inmigración recibe anualmente $18 mil millones para combatir la inmigración indocumentada más que el FBI, DEA y otras agencias juntas para algunos eso no es suficiente.

“Tenemos métodos de vigilancia para detectar a quien sea que cruce la frontera, pero para algunos nunca va ser suficiente”, dijo Durbin.

En el caso del número de deportados, que alcanzó números récord bajo el mandato de Obama, Gutiérrez indicó que la lucha por las personas que son deportadas va a continuar.

“Vamos a pelear por la discreción judicial en cada estado y en cada ciudad”, dijo Gutiérrez.

Laura Garza, del Local 1 del sindicato SEIU, preguntó que el tema de la verificación laboral tiene muy preocupados a trabajadores, al tomar en cuenta que el programa actual E-Verify es muy impreciso.

“Es una pesadilla para los trabajadores”, dijo Garza.

Durbin contestó que el reto es desarrollar un sistema de verificación que sea exacto, barato y que cumpla con los derechos constitucionales de los trabajadores.

Sam Toia, de la Asociación de Restaurantes de Illinois, llevó a la mesa la preocupación de ese sector, al indicar que se anticipa que el proceso para legalizar a los indocumentados va a durar unos cinco años.

“Que vamos a hacer en esos cinco años. Hay cinco millones de trabajadores en la industria del servicio que son indocumentados”, dijo Toia.

Esa pregunta, al igual que otras como determinar qué récord criminal amerita la deportación o como crear la infraestructura para sacar de las sombras a 11 millones de personas sigue en el proceso de ser resueltas, según Durbin.

Gutiérrez, por otra parte, dijo que espera que la comunidad indocumentada participe en el debate y se tome en cuenta su opinión porque al final ellos son los más afectados.

La reunión con los legisladores se llevó a cabo en la misma escuela donde días atrás el gobernador de Illinois Pat Quinn firmó la ley que permite a indocumentados conducir legalmente.


El autor

Jaime Reyes es Reporter, Writer Vívelohoy

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