NUEVA YORK –
Activistas, intelectuales y periodistas volvieron a la carga el miércoles en la justicia estadounidense contra una ley de la administración Obama que, a su entender, viola la Constitución al permitir la detención indefinida de civiles por parte de militares en el país.
Abogados de demandantes y del gobierno hicieron oír sus argumentos ante un tribunal de apelaciones de la justicia federal de Manhattan, que debe pronunciarse sobre una cuestionada sección del Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2012.
La demanda fue lanzada a principios del año pasado por el periodista Chris Hedges, al que se sumaron luego figuras como el intelectual y activista político Noam Chomsky y el ex analista militar Dan Ellsberg, conocido por haber filtrado a la prensa en 1971 los “Papeles del Pentágono” sobre la implicación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.
La polémica cláusula ya fue considerada ilegal por la jueza Katherine Forrest en septiembre pasado, pero el Departamento de Justicia estadounidense recurrió el fallo y logró que el tribunal de apelaciones suspendiera su aplicación hasta que se pronuncie de manera definitiva.
La “sección 1021(b)(2)” de la NDAA afirma que el presidente Barack Obama “tiene autoridad para detener a personas que eran parte o apoyaron de manera sustancial a fuerzas de los talibanes o Al Qaida o fuerzas asociadas que están involucradas en hostilidades contra Estados Unidos o sus aliados”.
Además, incluye a “cualquier persona que ha cometido un acto beligerante o ha directamente apoyado hostilidades, ayudando a esas fuerzas enemigas”.
Según la querella, la legislación amplía la capacidad del gobierno de mantener a una persona detenida en manos de militares por tiempo indefinido sin cargos y y sin acceso a un abogado.
También abre la puerta al arresto de periodistas y corresponsales de guerra a partir de su vínculo con presuntos terroristas en el marco de su trabajo de cobertura de un conflicto.
“Esta ley amplía cualquier poder preexistente de los militares para detener gente en este país. Si el poder la utiliza, significa que estadounidenses pueden ser objeto de detención militar en caso de que el gobierno piense que van demasiado lejos en su apoyo a causas impopulares vinculadas por Oriente Medio o terroristas”, dijo uno de los abogados de la demanda, Bruce Afran.
“Este caso es acerca de garantizar que no nos convertiremos en una sociedad dominada por los militares. Es una erosión de principios legales básicos”, agregó en una conferencia de prensa posterior, señalando que no habría un fallo al respecto hasta dentro de “varios meses”.
Durante la audiencia del miércoles, los abogados del gobierno insistieron en que la NDAA no es una nueva ley sino una recodificación de una antigua legislación aprobada tras el 11 de septiembre del 2011 para detener a quienes planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron en los ataques terroristas que dejaron unos 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
Unos dos centenares de activistas se dieron cita en los tribunales, obligando a abrir una sala adicional para que siguieran los debates a través de altoparlantes.
Mientras, en la calle, militantes marcharon portando pancartas denunciando que la ley significa la “destrucción de la primera enmienda” de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza, entre otros derechos, la libertad de expresión.
