Por grupos y en tiempo récord, decenas de indocumentados son sentenciados diariamente en la frontera, indica
un artículo publicado el martes por el diario The New York Times
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Veinticinco segundos son suficientes para que un indocumentado sea instruido de cargos, se declare o no culpable y reciba sentencia.
Tiempo récord para el juez Bernardo P. Velasco, quien dijo al times que le bastaron 30 minutos para decidir, en una de las audiencias, el destino de 70 indocumentados que fueron detenidos mientras intentaban entrar ilegalmente a Estados Unidos por Arizona.
Todo eso es parte de la ‘Operación Steamline’, desconocida, según el diario, por la mayoría de los estadounidenses y que forma parte de la lucha contra la inmigración ilegal.
Es el núcleo de un programa federal que opera en tres estados fronterizos bajo la premisa de “enjuiciar y encarcelar” para disuadir a la gente de ingresar ilegalmente al país.
El objetivo es aumentar las consecuencias como parte de una estrategia más amplia contra quienes violan las leyes migratorias, añade el Times.
A diferencia del resto de las cortes de Inmigración en el país, que administran las deportaciones como simples violaciones administrativas, las cortes bajo la ‘Operación Steamline’ califica a los indocumentados como criminales.
Según comentarios del juez Velasco al Times, los procedimientos en esas cortes “son constitucionales” y, “por feo que pueda parecer, es una ganga para los acusados”.
No obstante la efectividad del programa, las deportaciones masivas han derivado señalamientos de que la justicia se imparte como si de “un ensamblaje en línea” se tratara.
El programa, añade el Times, comenzó en la administración del presidente George W. Bush, pero creció bajo el gobierno de Barack Obama, quien puso énfasis en las deportaciones, las cuales alcanzaron los 1.9 millones en diciembre, “un récord para un presidente estadounidense”, dice el diario.
Saúl M. Huerta, un abogado contratado por el gobierno a razón de $110 la hora para representar a los migrantes, comentó al Times que el objetivo es “cumplir con lo básico” y asegurarse de “no violar los derechos” de nadie.
Las sentencias van de 30 días a seis meses y se cumplen en prisiones federales, condales o privadas que operan bajo contrato con el gobierno, pero pueden ser hasta por 20 años, dependiendo del número de reingresos y los antecedentes penales del acusado.
Ricardo Pineda Albarrán, cónsul general de México en Tucson, dice que a diario envía personal a la corte para mantener informados de la situación a los familiares de los procesados.
“Respetamos el proceso; Estados Unidos es un país soberano. Pero condensar una decisión sobre el futuro de alguien en minutos o segundos, cuando las circunstancias de cada caso son tan diferentes, tiene un impacto devastador en lo social y lo humano a ambos lados de la frontera”, dijo Pineda.
