CHICAGO – Con un granito de esperanza, Elvira Arellano y un grupo de madres y niños pasaron la frontera en la garita de Otay el martes sólo para ser detenidas.
Emma Lozano, copresidenta de la organización Familias Latinas Unidas, dijo que Arellano y un grupo de madres con sus hijos fueron detenidos tras cruzar la garita y las mantenían juntas.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió hasta el cierre de edición para confirmar la versión.
Antes de intentar el cruce y ser detenida, Arellano indicó en un mensaje videograbado que: “Para mí es una esperanza, es un granito de esperanza que tienen estas familias de poder regresar de manera legal a Estados Unidos”.
Según Arellano, la decisión de formar parte del grupo se debe a que “estas madres y padres viven la misma situación que yo”.
Arellano fue parte del cuarto grupo de madres que cruzaron la frontera como parte de la campaña #BringThemHome, coordinada por la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA) y la colaboración de la Familia Latina Unida y Movimiento Migrante Mesoamericano que abogan por reunir a familias separadas por las leyes de inmigración, la reforma migratoria y un alto a las deportaciones.
Lozano indicó que el cruce de Arellano, su hijo Saúl, su hijo de meses y de 15 madres con sus hijos “es para presionar al presidente Barack Obama a que use su poder ejecutivo para ampliar la acción diferida que otorgó a los ‘dreamers’ a sus padres y a los padres de niños estadounidenses”.
Arellano fue deportada en 2007 luego de pasar alrededor de un año recluida en la iglesia Unida Metodista Adalberto del barrio de Humboldt Park, en Chicago. Su detención fue resultado del endurecimiento de la seguridad en el país tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sin embargo, la anterior deportación de Arellano podría empeorar su caso ya que autoridades migratorias han indicado que el reingreso de una persona deportada al país lo convierte en un caso prioritario para el Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Cualquiera que reingresa a Estados Unidos tras ser deportado comete un delito castigable hasta por 20 años de cárcel si es hallado culpable”, según una declaración de ICE.
Al respecto, Lozano indicó que su abogado investigaba qué clase de castigo podría recibir Arellano.
“Elvira lo hace para los demás y no creo que hubo oportunidad de contemplar los consecuencias”, dijo Lozano.
Un estudio del Pew Research Center dado a conocer el martes indicó que mientras el número de ofensores sentenciados en cortes federales de Inmigración se duplicó de 36,564 a 75,867 casos entre 1992 y 2012, el número de condenas por reingresos ilegales aumentó 28 veces y pasó de 690 en 1992 a 19,463 en 2012 y se convirtió en casi la mitad (48 por ciento) del aumento del total de ofensores sentenciados en cortes federales de Inmigración en ese período.
Según el estudio de Pew, casi todos los casos de reingreso ilegal se castigaron con cárcel, con un promedio de dos años para quienes fueron hallados culpables.
El 73 por ciento de las 19,463 convicciones por reingreso ilegal se concentraron en los distritos de inmigración del sur y oeste de Texas, Arizona, Nuevo México y del sur de California, según el estudio.
Pero para madres como Cecilia García, el riesgo vale la pena.
“Me arriesgo a ser encarcelada. Prefiero eso a estar en Michoacán siendo testigo de (la violencia) que pasa. Allá todo lo sabemos, todo lo escuchamos, todo lo vemos y debemos callarnos”, dijo García sobre los grupos del crimen organizado.
Lo anterior ocurre a pocos días que el presidente Obama dijo que quiere
, aunque algunos lo dudan.
condicional el 20 de marzo.
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