RIO DE JANEIRO (AP) – El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva prestó juramento como jefe de gabinete el jueves y la presidenta Dilma Rousseff insistió que él le ayudará a encarrilar el país, a la vez que denunció los intentos de derrocarla.
Los detractores del gobierno consideran el nombramiento de Silva un intento descarado de evitar su posible detención como parte de una enorme pesquisa por corrupción en la petrolera estatal Petrobras, ya que solo la Corte Suprema puede autorizar que un miembro del gabinete responda a cargos penales.
La pesquisa ha implicado a decenas de figuras públicas de todo el espectro político, así como empresarios destacados. Es una de varias crisis que afectan al país cinco meses antes de los Juegos Olímpicos de Río, y que incluyen tanto una recesión creciente como un brote de zika.
La furia por el nombramiento dio lugar a protestas en Sao Paulo, donde manifestantes con muñecos inflables de Silva vestido como presidiario bloquearon la arteria central en esta zona metropolitana de 18 millones de habitantes.
En Brasilia, tres manifestantes fueron arrestados tras enfrentamientos con partidarios del gobierno.
Y en un nuevo giro inesperado, un juez de tribunal inferior emitió un interdicto para suspender el nombramiento de Silva, aunque funcionarios del gobierno aseguraron que sería anulado rápidamente por una corte de apelaciones.
En la ceremonia de juramentación reinó un clima de acto de campaña, con una multitud que prorrumpió en consignas a favor del gobierno.
En un discurso combativo, Rousseff dijo que contaba con su “gran amigo, gran compañero” Silva para que la ayudara a sacar al país de sus dificultades económicas y políticas. Juró que “el griterío de los golpistas no me desviarán de mi rumbo ni pondrán a nuestro pueblo a ponerse de rodillas”.
La presidenta, cuyo índice de aprobación ha caído a menos del 10%, enfrenta un intento de juicio político en el Congreso y reclamos de su renuncia en las calles.
Rousseff fustigó la inesperada difusión el miércoles de grabaciones de conversaciones telefónicas entre Silva y varias figuras prominentes, incluida la propia presidenta. El juez que encabeza la pesquisa en Petrobras, Sergio Moro, las dio a conocer horas después del anuncio del nombramiento de Silva y sostuvo que parecen insinuar que hubo intentos de influenciar a las autoridades judiciales a favor del expresidente
La presidenta calificó las grabaciones de ilegales y su difusión de “claro intento de sobrepasar los límites del estado democrático”.
“Sacudir la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves”, dijo Rousseff. “Así comienzan los golpes”.
Hace dos semanas, la policía llevó a Silva a una comisaría para responder preguntas sobre el escándalo de Petrobras, y los opositores consideran su regreso al gobierno una manera de evitar problemas legales. En cambio, los partidarios del gobierno insisten que el expresidente cumplirá un papel crucial para bloquear un juicio político a Rousseff por presunto mal manejo de fondos fiscales.
Tanto Rousseff como Silva han negado reiteradamente haber cometido delito alguno.
El país de 200 millones de habitantes enfrenta crisis en varios frentes. La investigación de un enorme plan de sobornos en la petrolera estatal Petrobras ha implicado a la elite política y empresarial del país. Es el país más afectado por el brote de zika, que según los científicos puede provocar defectos de nacimiento cuando infecta a mujeres embarazadas. La economía sufre la recesión más grave desde la década de 1930, con aumento de la inflación y anuncios diarios de despidos que provocan miedo y desesperación. Y en medio de todo, Río de Janeiro será la sede de los Juegos Olímpicos en agosto.
El domingo, unas 3 millones de personas marcharon contra el gobierno en diversas ciudades. Se planeaban nuevas protestas para el jueves y viernes.
