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Activistas a favor de que cesen las deportaciones buscaron entrevistarse el jueves con autoridades, en un intento por detener la colaboración de agencias de la ley locales y el Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE), lo cual, dijeron, “termina en deportaciones de inmigrantes sin antecedentes penales”.

El reverendo José Landaverde, de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Villita, y la campaña Familia Latina Unida de la organización Centro Sin Fronteras, realizan una serie de acciones, que por lo general terminan en arrestos, con el fin de “presionar” para que las autoridades locales dejen de colaborar con el programa federal “Comunidades Seguras”, cuyo fin la deportación de criminales extranjeros.

“Si el gobierno federal dice que no deporta a no criminales, ¿por qué hay personas (sin antecedentes penales) que son entregadas a ICE y en proceso de deportación por violaciones de tránsito?”, se preguntó Landaverde.

“Debemos terminar con esa colaboración”, añadió Landaverde, quien aseguró que mientras no haya una respuesta a sus peticiones, se manifestarán pacíficamente y bloquearan calles o entradas de edificios públicos como lo hicieron el jueves al bloquear la entrada de la Cárcel del Condado de Cook, localizada en la esquina de 26th St. y California Ave.

Landaverde mencionó que el próximo domingo, “en el Día de las Madres”, realizarán otra protesta frente a la cárcel en espera de una posible reunión con el alguacil Tom Dart la próxima semana.

Sin embargo, la oficina de Dart no acudirá a la mencionada reunión pactada para el martes 10 de mayo en la Misión Nuestra Señora de Guadalupe. Una portavoz del Alguacil indicó que en representación de Dart acudirán funcionarios de esa agencia.

Illinois rechaza ‘Comunidades Seguras’

En tanto, el miércoles Pat Quinn, gobernador de Illinois, envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional en la que declara la salida formal del estado de “Comunidades Seguras”, programa que a pesar de enfocarse en inmigrantes criminales, también ha sido utilizado contra indocumentados arrestados por delitos menores.

Casi una tercera parte de los indocumentados de Illinois bajo el programa nunca fueron condenados por ningún crimen, señaló Quinn en la carta citando cifras del Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas. La oficina de Quinn suspendió la participación del estado en el programa desde noviembre en medio de preocupaciones sobre su efectividad.

“Durante la suspensión, expresamos nuestras preocupaciones a ICE y les pedimos que demostraran que ‘Comunidades Seguras’ puede y será empleado como fue acordado”, indicó el gobernador en una declaración. “Luego de revisarlo, no estuvimos satisfechos y determinamos que la implementación de ‘Comunidades Seguras’ por parte de ICE estaba viciada”.

ICE responde

Por su parte, ICE dijo que cuando se trata de hacer cumplir nuestras leyes federales de inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional concentra sus recursos en aquellos que están en el país de forma ilegal y que han violado otras leyes penales, dice una declaración escrita de Bárbara González, portavoz de ICE.

“Comunidades Seguras es una parte fundamental de este enfoque. ‘Comunidades Seguras’ es una asociación de intercambio de información entre dos agencias federales, ICE y el Departamento de Justicia, que no impone ningún requisito nuevo o adicional sobre la aplicación de la ley estatal y local. Cuando el estado y las autoridades locales detienen y registran en la cárcel a un delincuente, se someten huellas digitales a la Oficina Federal de Investigaciones. Estas huellas son automáticamente ingresadas a las bases de datos por ICE. Si las huellas dactilares revelan que la persona está ilegalmente en Estados Unidos, ICE toma acción -dando prioridad a la eliminación de los individuos que representan una amenaza para la seguridad pública según lo determine la gravedad del crimen, sus antecedentes penales y otros factores”, añadió González.

ICE también dijo que le corresponde al gobierno federal, y no el estado o agencias locales del orden público, determinar la acción sobre el control migratorio. Y añade en su declaración que “ICE trabajará con Illinois para cumplir con ese objetivo”.

Esfuerzos a nivel estatal

Por otro lado, la Legislatura de Illinois debate la propuesta de ley “Smart Enforcement”, que regularía la aplicación de “Comunidades Seguras” y que exigiría la presentación de informes de gastos y resultados en los condados donde se aplica.

Esta ley junto con la Dream Act local, son dos proyectos pro inmigrantes que impulsa la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). El miércoles el Senado estatal aprobó el Dream Act de Illinois, ahora se espera un voto en la Cámara de representantes.

lespinosa@tribune.com