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Ha pasado poco más de un año desde que Wright County Egg

llevó a cabo el mayor retiro de huevos

en la historia de Estados Unidos. Y para

Austin “Jack” DeCoster,

dueño de la empresa, las cosas no han sido fáciles.

Él y sus empresas –

Wright County Egg

y

Quality Egg LLC

– son sólo dos de los nombres que aparecen las demandas en su contra, que suman más de una docena agosto, cuando Wright County Egg retiró primero 228 millones de huevos y luego otros 380 millones.

Muchas de las demandas son de gente o grupos de personas que buscan compensaciones por daños a la salud que dicen haber sufrido tras consumir los huevos que producen esas empresas.

Las demandas incluyen a los padres de unos niños que quedaron gravemente enfermoes luego de ingerir nuevos comprados en Massachusetts y Texas.

DeCoster también ha sido demandado por supuestos abusos de los obreros, principalmente mexicanos, que trabajan en sus empresas.

En una demanda presentada el 1 de agosto, Homero Ramírez narra una desgarradora historia de abuso físico, emocional y psicológico durante casi un cuarto de siglo que lo dejó profundamente traumado y con un caso severo posttraumático y depresión mental, además de otros trastornos de la salud.

La denuncia dice que Ramírez, quien tiene poco dominio del inglés, ayudó a DeCoster para conseguir a los trabajadores mexicanos para algunas de sus muchas empresas.

En 1988 o 1989, DeCoster ofreció a Ramírez un trabajo en Maine para ayudar a contratar trabajadores mexicanos para las granjas avícolas. A cambio, él dice que se le prometió un sueldo. DeCoster también acordó pagar la vivienda de Ramírez, su servicio de energía eléctrica, combustible para la calefacción de su casa y seguro de salud.

Ramírez trabajó en ese puesto por más de 20 años, pero no fueron felices.

DeCoster ha implementado “una cultura que trata a los trabajadores mexicoamericanos como” estúpidos “y esclavos virtuales, cuyo único valor es su disposición a realizar tareas peligrosas o humillantes para DeCoster”, dice la demanda.

Entre los aspectos más degradantes del trato, según la denuncia, son:

* Decoster pediría a Ramírez poner aceite a maquinaria de gran tamaño durante las operaciones normales de la planta sin necesidad de apagar la máquina, como es requerido por las normas de seguridad. Otros trabajadores a veces ofrecen para que le ayuden, pero DeCoster se negó a que Ramírez tuviera ayuda.

* DeCoster imitó con sus manos un arma y apuntó a la cabeza de Ramírez. También hizo declaraciones como: “Voy a tomar un palo parapegarte en la cabeza”, o “sabemos dónde vives”.

*De forma rutinaria DeCoster empujó a Ramírez en el pecho con las manos y los dedos. Estas acciones, dice la demanda, causó en Ramírez estrés y reacciones físicas como náuseas y la pérdida de control de sus intestinos.

Cuando Ramírez envió una carta a DeCoster para pedir protección bajo la Ley de Licencia Médica Familiar, la Ley para Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Derechos Humanos de Maine, Decoster dejó de pagar Ramírez su salario y prestaciones. También más tarde dejó de pagar el seguro de salud de Ramírez, así como sus cuentas de electricidad y gas, según la denuncia.

El caso de Ramírez no es el primer problema legal que DeCoster enfrenta.

En 2002, la Comisión de Igualdad de Oportunidades encontró que en la planta Wright de Iowa había un ambiente en el que las mujeres habitualmente eran víctimas de acoso sexual e incluso hubo un asalto sexual.

Y en 2003, la compañía acordó pagar $1.25 millones al gobierno federal en un acuerdo por haber contratado a inmigrantes indocumentados.

Vamos a seguir a estar pendientes de lo que ocurre en el caso y analizar los problemas de ejecución y los trabajadores latinos.

Mientras tanto, queremos saber de usted.

¿Conoce a alguien que haya tenido una experiencia similar a la de Ramírez? ¿Qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias para la salud de la persona? ¿Fue efectiva la respuesta del gobierno?

Jeff Kelly Lowenstein escribió esta historia con la asistencia del “Dennis A. Hunt Fund for Health Journalism”, fondo administrado por “The California Endowment Health Journalism Fellowships”, un programa de la escuela de periodismo “USC’s Annenberg School for Communcation & Journalism”.