PALMAS DEL MAR, PUERTO RICO –
El operador de bonos Ben Eiler cambió su vida del suburbio de Georgia por una isla en el Caribe, y ni siquiera tuvo que pedir un visado.
Eiler, de 38 años y nativo de Arkansas, forma parte de las al menos 250 personas que aceptaron la invitación de Puerto Rico a ciudadanos estadounidenses adinerados para mudarse a la isla y disfrutar de la vida sin impuestos sobre las plusvalías, una oferta tentadora para los que viven de las inversiones.
Eiler vive en una comunidad cerrada en la costa sureste de Puerto Rico y tarda menos de 5 minutos de su casa a la oficina, atravesando jardines con una gran vista del océano.
“Conducir al trabajo en sandalias y un carrito de golf no está mal”, comentó entre risas.
El semiautónomo territorio estadounidense marca su propia política fiscal, y los residentes no pagan impuestos federales sobre los ingresos ganados en el país. Sumido en una recesión durante casi una década y con una tasa de desempleo del 13%, más del doble que el total de Estados Unidos, el gobierno de la isla decidió en 2012 intentar atraer a inversionistas acomodados que probablemente comprarían costosas propiedades, establecerían negocios y crearían empleo.
La Ley 22, que estableció el programa, exime a la gente de impuestos sobre ganancias por plusvalías amasadas desde que se instalan en la región, y proporciona una exención de impuestos locales sobre dividendos e intereses si se instalan de forma permanente, entre otras condiciones. Un folleto del gobierno lo resume como “Sol, arena y cero impuestos”.
“Francamente, para los estadounidenses, es algo sin precedentes”, comentó Alex Daley, estratega de inversiones en tecnología que se mudó con su esposa de Vermont en diciembre de 2013.
Daley dijo sentir que el territorio continental de Estados Unidos se ha vuelto más hostil en materia fiscal con el gobierno del actual presidente, Barack Obama.
“Intentan tener cautiva a la gente con más movilidad y más acomodada”, dijo Daley sobre el gobierno. “A la gente le está enfadando eso”.
Sin embargo, la ley está produciendo una cierta controversia en Puerto Rico, especialmente para los trabajadores de clase media, inmersos en dificultades económicas y que pagan impuestos en la isla por ingresos no procedentes de inversiones. Otros dicen que la estrategia ayuda a erosionar la base de ingresos fiscales del gobierno federal estadounidense al desviar ingresos del continente.
Además, algunos economistas señalan que los nuevos residentes no bastarán para rescatar a la isla de sus profundos problemas económicos. Una estrategia más inteligente sería ampliar la base que paga impuestos, señaló Barry Bosworth, economista del Instituto Brookings en Washington.
“En cambio, Puerto Rico dedica mucho tiempo y esfuerzo a atraer a una subpoblación que quiere trato especial y busca evitar impuestos en el continente”, dijo. “Da la impresión de estar a la venta”.
Un informe reciente de Standard & Poor’s emitió otra advertencia: “Si Puerto Rico tiene demasiado éxito promocionándose como un paraíso fiscal, en nuestra opinión es probable que el Congreso estadounidense imponga restricciones”.
Sin embargo, por ahora se han aprobado las solicitudes de al menos 500 personas, la mitad de las cuales ya se han instalado, como Eiler. Antes de mudarse con su familia sólo había visitado brevemente el lugar, pero encuentra el entorno familiar.
“Tenemos un Walmart y Costco y P.F.Chang’s”, comentó.
La llegada de estos nuevos residentes contrasta con otra tendencia en dirección opuesta. De 2010 a 2014, la población de Puerto Rico descendió un 5% a 3.5 millones de personas, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Muchos de los que se fueron son profesionales de clase media, expulsados por la falta de oportunidades económicas y los altos costes de vida.
Aunque los boricuas no pagan impuestos sobre la renta a Estados Unidos, salvo por el Seguro Social y Medicare, tienden a pagar el equivalente en impuestos sobre sus ingresos al estado. El tramo más oneroso, para los que ganan más de $62,000, es del 33%.
La Ley 22 ha generado más de $200 millones en el sector de bienes raíces, según Juan Carlos Suárez, un funcionario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, quien dijo que el programa no difiere mucho de los que ofrecen incentivos en otros sectores. Suárez agregó que recién este año el gobierno empezará a investigar cuánto dinero y empleo en total han generado estos inversionistas. “Estamos muy contentos con el impacto que ha tenido la Ley 22, especialmente en los dos últimos años”, indicó.
-Este artículo fue escrito por Danica Coto
