AUSTIN – El Tribunal Supremo de Tennessee suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas en los próximos meses mientras la justicia dictamina sobre la constitucionalidad de las inyecciones letales y la silla eléctrica en ese estado.
En un fallo del viernes, del que se informó hoy, los magistrados suspendieron tres ejecuciones programadas para agosto, octubre y noviembre de este año y otra para marzo de 2016.
En los últimos meses este tribunal ya había suspendido media docena de ejecuciones al aceptar apelaciones individuales de los presos, pero la decisión anunciada hoy paraliza todo el protocolo hasta que sea revisado.
Tennessee ejecutó a un preso por última vez en 2009, y desde entonces ha tenido que hacer frente a problemas con el suministro de inyecciones, por lo que el año pasado aprobó reinstaurar la silla eléctrica como método de ejecución, adelantándose a otros estados como Utah o Oklahoma, que recientemente han legalizado el fusilamiento y la asfixia con nitrógeno, respectivamente.
Este estado sureño, que tiene a 69 personas en el corredor de la muerte, programó el año pasado once ejecuciones entre mediados de 2014 y 2016, pero los tribunales no han permitido llevar a cabo ninguna de ellas.
Dos de estos presos murieron por causas naturales durante este periodo, indicaron las autoridades.
Tennessee se pasa a ser así el último de varios estados que han suspendido sus ejecuciones en los últimos meses mientras se analiza la constitucionalidad de las inyecciones letales, que en 2014 fallaron en tres ocasiones causando un sufrimiento prolongado a los presos.
Oklahoma, Florida y Alabama tienen suspendida la aplicación se las sentencias de muerte a la espera que el Tribunal Supremo falle a mediados de este año sobre el uso del midazolam, el sedante que falló en 2014.
Ohio, por su parte, decidió suspender las ejecuciones mientras prepara un nuevo protocolo, y Georgia las pospuso todas después de advertir que los medicamentos usados en las inyecciones letales estaban “turbios”.
Los magistrados de Tennessee deben decidir ahora si la inyección letal y la silla eléctrica violan la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de castigos crueles o inusuales, como alegan los presos en el corredor de la muerte.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reinstauró la pena de muerte en 1976, Tennessee tan solo ha ejecutado a seis presos, convirtiéndose en uno de los estados que menos la ha aplicado.
