Denver, 28 jul (EFE).- El concejo municipal de Fremont, Nebraska, decidió suspender la implementación de una ordenanza anti-inmigrante y contratar al abogado que redactó la ley SB1070 de Arizona para que desde hoy defienda el caso ante la justicia federal.
Por votación unánime la noche del martes de los ocho concejales, la Ordenanza 5165, que debería haber entrado en vigor mañana, quedó suspendida hasta que se conozca la decisión de la corte sobre la constitucionalidad de la medida, por sendas demandas presentadas por MALDEF (Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación) y ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles).
El caso será tratado hoy por la jueza federal de distrito Laurie Smith Camp.
También por unanimidad, el concejo municipal de Fremont decidió contratar los servicios de Kris Kobach, un abogado de Texas responsable por el texto de la ley SB1070 en Arizona y por la redacción de la ordenanza de Fremont.
Fremont cuenta con un seguro legal para casos de demandas judiciales, que podría haber usado, o podría haber contratado a alguno de los abogados que ya trabajan para la ciudad. Pero los servicios de Kobach serán pagados por la Federación para la Reforma Inmigratoria en América (FAIR), un grupo anti-inmigrante que pagó por impulsar la ordenanza de Fremont y por medidas similares en otras ciudades.
La ordenanza, aprobada por voto popular el pasado 21 de junio en elecciones especiales, prohíbe la contratación de empleados o el alquiler de viviendas sin antes revisar la documentación de la persona interesada para verificar que esté legalmente en el país.
Scott Getzschman, presidente del concejo municipal de Fremont, explicó que la decisión de no implementar la ordenanza no significa desconocer la votación de junio pasado, sino anticiparse a una orden judicial, ahora innecesaria.
"Se nos aconsejó suspender la ordenanza antes del inicio de los procedimientos legales para tener la oportunidad de posiblemente reducir costos", dijo Getzschman. Por su parte, Kristin Ostrom, directora de Un Fremont, Un Futuro (un grupo comunitario que se opone a la nueva ordenanza) comentó que, aunque la medida no entrará en vigor, "ya ha creado un ambiente donde han aumentado las palabras y las acciones de intolerancia".
"La reunión de anoche del concejo municipal de Fremont fue muy difícil. Las autoridades locales desperdiciaron la oportunidad de públicamente darles la bienvenida a los ciudadanos y residentes legales hispanos y de aclarar que el voto de Fremont no es para que los hispanos se vayan de la ciudad", dijo Ostrom a Efe.
"La ordenanza no está vigente, pero ya le está costando a Fremont crecientes conflictos y discriminación", agregó.
Por votación unánime la noche del martes de los ocho concejales, la Ordenanza 5165, que debería haber entrado en vigor mañana, quedó suspendida hasta que se conozca la decisión de la corte sobre la constitucionalidad de la medida, por sendas demandas presentadas por MALDEF (Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación) y ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles).
El caso será tratado hoy por la jueza federal de distrito Laurie Smith Camp.
También por unanimidad, el concejo municipal de Fremont decidió contratar los servicios de Kris Kobach, un abogado de Texas responsable por el texto de la ley SB1070 en Arizona y por la redacción de la ordenanza de Fremont.
Fremont cuenta con un seguro legal para casos de demandas judiciales, que podría haber usado, o podría haber contratado a alguno de los abogados que ya trabajan para la ciudad. Pero los servicios de Kobach serán pagados por la Federación para la Reforma Inmigratoria en América (FAIR), un grupo anti-inmigrante que pagó por impulsar la ordenanza de Fremont y por medidas similares en otras ciudades.
La ordenanza, aprobada por voto popular el pasado 21 de junio en elecciones especiales, prohíbe la contratación de empleados o el alquiler de viviendas sin antes revisar la documentación de la persona interesada para verificar que esté legalmente en el país.
Scott Getzschman, presidente del concejo municipal de Fremont, explicó que la decisión de no implementar la ordenanza no significa desconocer la votación de junio pasado, sino anticiparse a una orden judicial, ahora innecesaria.
"Se nos aconsejó suspender la ordenanza antes del inicio de los procedimientos legales para tener la oportunidad de posiblemente reducir costos", dijo Getzschman. Por su parte, Kristin Ostrom, directora de Un Fremont, Un Futuro (un grupo comunitario que se opone a la nueva ordenanza) comentó que, aunque la medida no entrará en vigor, "ya ha creado un ambiente donde han aumentado las palabras y las acciones de intolerancia".
"La reunión de anoche del concejo municipal de Fremont fue muy difícil. Las autoridades locales desperdiciaron la oportunidad de públicamente darles la bienvenida a los ciudadanos y residentes legales hispanos y de aclarar que el voto de Fremont no es para que los hispanos se vayan de la ciudad", dijo Ostrom a Efe.
"La ordenanza no está vigente, pero ya le está costando a Fremont crecientes conflictos y discriminación", agregó.
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