El terremoto que demolió la capital de Haití, Puerto Príncipe, ha dejado secuelas con las que el país tendrá que lidiar por años. Una de ellas es la gestación de una generación de niños desamparados que perdieron a sus padres.
Esta terrible situación se complica porque el cataclismo no sólo acabó con vidas humanas sino que nulificó las ya de por sí débiles instituciones. En conjunto, estas dos realidades significan la existencia de miles de niños huérfanos y con mínima o nula protección del Estado.
Frente a esta coyuntura, el mundo ha visto con buenos ojos la reubicación y adopción de cientos de pequeños haitianos hacia el seno de familias en Estados Unidos, Holanda y otros países. Se trata de niños cuyos procesos de adopción ya estaban en trámite antes de que ocurriera el terremoto. La emigración de estos chicos se suma a la de miles más que son parte del sistema de adopciones internacionales.
Pero la circunstancia de desamparo familiar e institucional también dio lugar a un tipo de migración más siniestro, aunque no del todo sorprendente: el tráfico de menores. A los pocos días del sismo se comenzaron a recibir informes de niños que eran sacados de Haití hacia la República Dominicana por miembros de redes de prostitución infantil. Quienes caen bajo dichas redes pueden ser víctimas de cosas peores, como el tráfico de órganos.
También se informó que personas asociadas con grupos religiosos estadounidenses habían sido detenidas por supuestamente tratar de sacar a niños del devastado país sin la documentación requerida. No estoy insinuando que estas personas sean culpables, ni que lo que hayan intentado o no hacer es tráfico de menores. Eso lo decidirán las autoridades haitianas.
Pero lo que si planteo es que lo que en un principio puede parecer un acto lleno de buenas intenciones puede, en el fondo, ser negativo para los niños y la sociedad. Los protocolos de Naciones Unidas señalan que los pequeños que han quedado huérfanos deben de ser entregados a familiares, si es que éstos pueden hacerse cargo de ellos, y que la adopción debe funcionar como un último recurso para solucionar el problema del desamparo infantil.
Si bien el concepto de migración forzada se aplica a casos donde las personas son llevadas de un sitio a otro contra su voluntad, emigrar a menores que no pueden decidir por sí mismos y que cuentan con la debida protección gubernamental, también constituye una forma de movilidad involuntaria. Igualmente es una forma de aprovecharse de una nación que está de rodillas y que poco puede hacer para evitar la desbandada de su población más vulnerable.
Esta terrible situación se complica porque el cataclismo no sólo acabó con vidas humanas sino que nulificó las ya de por sí débiles instituciones. En conjunto, estas dos realidades significan la existencia de miles de niños huérfanos y con mínima o nula protección del Estado.
Frente a esta coyuntura, el mundo ha visto con buenos ojos la reubicación y adopción de cientos de pequeños haitianos hacia el seno de familias en Estados Unidos, Holanda y otros países. Se trata de niños cuyos procesos de adopción ya estaban en trámite antes de que ocurriera el terremoto. La emigración de estos chicos se suma a la de miles más que son parte del sistema de adopciones internacionales.
Pero la circunstancia de desamparo familiar e institucional también dio lugar a un tipo de migración más siniestro, aunque no del todo sorprendente: el tráfico de menores. A los pocos días del sismo se comenzaron a recibir informes de niños que eran sacados de Haití hacia la República Dominicana por miembros de redes de prostitución infantil. Quienes caen bajo dichas redes pueden ser víctimas de cosas peores, como el tráfico de órganos.
También se informó que personas asociadas con grupos religiosos estadounidenses habían sido detenidas por supuestamente tratar de sacar a niños del devastado país sin la documentación requerida. No estoy insinuando que estas personas sean culpables, ni que lo que hayan intentado o no hacer es tráfico de menores. Eso lo decidirán las autoridades haitianas.
Pero lo que si planteo es que lo que en un principio puede parecer un acto lleno de buenas intenciones puede, en el fondo, ser negativo para los niños y la sociedad. Los protocolos de Naciones Unidas señalan que los pequeños que han quedado huérfanos deben de ser entregados a familiares, si es que éstos pueden hacerse cargo de ellos, y que la adopción debe funcionar como un último recurso para solucionar el problema del desamparo infantil.
Si bien el concepto de migración forzada se aplica a casos donde las personas son llevadas de un sitio a otro contra su voluntad, emigrar a menores que no pueden decidir por sí mismos y que cuentan con la debida protección gubernamental, también constituye una forma de movilidad involuntaria. Igualmente es una forma de aprovecharse de una nación que está de rodillas y que poco puede hacer para evitar la desbandada de su población más vulnerable.
