La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) ha entablado una demanda en contra de la ciudad de Costa Mesa, por impulsar una ordenanza que prohíbe a las personas solicitar trabajo en lugares públicos.
En mayo 2005 el Concejo Municipal de Costa Mesa aprobó una ordenanza con la cual penaliza hasta con 1,000 dólares a las personas que soliciten empleo, contribuciones o realicen negocios que obstaculicen las aceras o atraigan vehículos que obstaculicen las calles.
"Esa ordenanza municipal va en contra de los derechos humanos universales", dijo Pablo Alvarado, presidente de NDLON."Porque desde nuestro punto de vista no hay ninguna ley en este mundo que le pueda negar a un padre ir a pararse a una acera o una calle para buscar trabajo para darle de comer a sus hijos".
La demanda interpuesta el martes de esta semana ante la corte federal del distrito central de California, en Santa Ana, es a nombre de la Asociación de Jornaleros de Costa Mesa, junto al Colectivo Tonantzin en contra de la ciudad de Costa Mesa.
Los abogados de los demandantes son Thomas Sáenz y Gladys Limón por el Fondo México Americano para la Defensa legal y la Educación (MALDEF). Además de Belinda Escobosa Helzer y Chris Newman, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU) y NDLON, respectivamente.
"Yo me vine de México porque quiero sacar a mi familia adelante y lo que quiero es que las autoridades sean justos con la gente que trabaja, porque nosotros no andamos robando o haciendo cosas malas, andamos buscando trabajo, nada más", dijo Bruno Pérez, de 43 años de edad, mientras sostenía un cartel con la frase: "soy jornalero, no criminal".
Efe trató infructuosamente de obtener la reacción del Departamento de Policía y la abogada de la ciudad de Costa Mesa.
En mayo 2005 el Concejo Municipal de Costa Mesa aprobó una ordenanza con la cual penaliza hasta con 1,000 dólares a las personas que soliciten empleo, contribuciones o realicen negocios que obstaculicen las aceras o atraigan vehículos que obstaculicen las calles.
"Esa ordenanza municipal va en contra de los derechos humanos universales", dijo Pablo Alvarado, presidente de NDLON."Porque desde nuestro punto de vista no hay ninguna ley en este mundo que le pueda negar a un padre ir a pararse a una acera o una calle para buscar trabajo para darle de comer a sus hijos".
La demanda interpuesta el martes de esta semana ante la corte federal del distrito central de California, en Santa Ana, es a nombre de la Asociación de Jornaleros de Costa Mesa, junto al Colectivo Tonantzin en contra de la ciudad de Costa Mesa.
Los abogados de los demandantes son Thomas Sáenz y Gladys Limón por el Fondo México Americano para la Defensa legal y la Educación (MALDEF). Además de Belinda Escobosa Helzer y Chris Newman, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU) y NDLON, respectivamente.
"Yo me vine de México porque quiero sacar a mi familia adelante y lo que quiero es que las autoridades sean justos con la gente que trabaja, porque nosotros no andamos robando o haciendo cosas malas, andamos buscando trabajo, nada más", dijo Bruno Pérez, de 43 años de edad, mientras sostenía un cartel con la frase: "soy jornalero, no criminal".
Efe trató infructuosamente de obtener la reacción del Departamento de Policía y la abogada de la ciudad de Costa Mesa.
