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EFE/Georgia

Legislativo de Georgia aprueba controvertida ley antiinmigrante El Legislativo estatal de Georgia aprobó hoy el proyecto antiinmigrante HB 87, en el último día de sesiones legislativas de 2011 y en medio de un ambiente de incertidumbre en la comunidad hispana.

Mientras los legisladores debatían, más de un centenar de personas se manifestaban en las afueras del Capitolio estatal en contra de la propuesta, calificada por organizaciones civiles como una “copia” de la ley SB1070 de Arizona.

La medida fue aprobada por 112 votos a favor y 59 en contra y ahora pasa al gobernador Nathan Deal para su firma.

La propuesta recibió esta tarde luz verde en el Senado con 39 votos a favor y 17 en contra luego de pasar una y otra vez por ambas cámaras en la recta final de la legislatura.

En un candente debate que se extendió por más de una hora, senadores republicanos argumentaron que los “ilegales” están abusando de los recursos del estado e “inundando” escuelas y hospitales”, mientras que varios senadores demócratas advirtieron que la medida fomentaría la práctica del perfil racial por parte de las autoridades locales.

Durante el debate, el senador estatal Jason Carter, demócrata de Decatur, solicitó introducir una enmienda que limitara los poderes de la policía y evitara convertir a Georgia en un “estado policiaco”.

El lunes pasado, la propuesta fue debatida por más de tres horas en el Senado, que la despojó de una de sus cláusulas más polémicas, la implementación del E-Verify para empleadores privados.

No obstante, un día después, la Cámara de Representantes desechó las enmiendas que el Senado había aprobado y retomó la versión original antes de devolverla al Senado.

La medida permitiría a las autoridades locales indagar el estatus migratorio de una persona y penalizaría a quienes alberguen o transporten a indocumentados, cláusula que ha generado preocupación entre congregaciones religiosas y organizaciones civiles que atienden a esta comunidad.

En una carrera contrareloj, organizaciones civiles y religiosas intentaban convencer a los senadores de los “devastadores” efectos que tendría para el estado la aprobación de la propuesta.

Esta semana, opositores de la propuesta también enviaron una carta con 23.000 firmas al gobernador Deal para pedirle que detuviera la propuesta de ley. Deal, que si bien durante su campaña se definió como un acérrimo opositor de la inmigración ilegal, recientemente se ha distanciado del tema y ha calificado el asunto como “principalmente una responsabilidad legislativa”.

Asimismo, más de 200 líderes empresariales y agricultores firmaron una petición a los legisladores para demostrar su oposición a la HB87, que aseguran de aprobarse los pondría en desventaja competitiva con respecto a otros estados.

La industria agrícola, el principal motor económico del estado con ingresos por cerca de 68 mil millones de dólares al año y que emplea entre un 50 y 70 por ciento de jornaleros indocumentados, ha sido uno de los mayores detractores de la medida.

Por su parte, varias organizaciones nacionales como National Day Laborers Organizing Network, National Gay and Lesbian Task Force y Michigan Welfare Right Organization han convocado a un boicot en Georgia, similar al que le ha costado a Arizona millones de dólares en pérdidas.