El uso de la fuerza por la policía de Estados Unidos ha sido duramente criticado por los medios de comunicación y la opinión pública.
Se habla de exceso en la aplicación de la fuerza en casos que han resultado seriamente lesionadas o han perdido la vida diversas personas y el malestar social ha acarreado manifestaciones públicas en protesta contra la policía, tal como aconteció con la muerte violenta del hombre de origen mexicano Antonio Zambrano Montes, en Pasco, Washington, o la más reciente del joven Anthony Robinson, en Wisconsin.
Esto lleva a la reflexión de los límites que debe tener el uso de la fuerza letal por los cuerpos policiales y el análisis de lo determinado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, de agosto a septiembre de 1990.
En ese congreso se adoptó una declaración de principios relativos al uso de la fuerza por los cuerpos policiales, la que tiene como antecedente otro documento que establece principio éticos para la actuación policial, denominado “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley”, en el que se establece que el uso de la fuerza se realizará sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida requerida para cumplir con la función que se encomienda y que el uso de la fuerza debe conciliarse siempre con el respeto a los Derechos Humanos.
Este documento establece principios que buscan sentar una base para los Estados Miembros a fin de asegurar y fomentar el papel que corresponde desempeñar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se mencionan como objetivos de la función policial: La protección de derechos fundamentales como son la vida, la libertad y la seguridad.
Se plantea que el uso de la fuerza policial debe reunir las cualidades de excepcionalidad y proporcionalidad, esto implica que la fuerza se usará cuando sea estrictamente necesaria y en la medida necesaria para poder desempeñar correctamente su trabajo, que es prevenir el delito, evitar que este suceda, la detención legal de los delincuentes o presuntos delincuentes, y la salvaguarda de la vida e integridad física propia o ajena, así como la propiedad.
El policía debe aplicar la fuerza en forma paulatina, de acuerdo a las situaciones en que se presente la necesidad de uso, de ahí que el uso de la fuerza debe hacerse mediante una serie de pasos: La presencia policial, que en sí implica para la mayoría de los ciudadanos un elemento de presión para modificar una conducta agresiva; el siguiente paso son las órdenes verbales, que tienden a convencer al agresor que desista de su actitud y de ahí se pasa al uso de la fuerza física que deberá efectuarse en distintos niveles: El sometimiento, que se da cuando se impide físicamente al sospechoso realizar acciones de daño que puede implicar el uso de la fuerza corporal o medios de inmovilización como son las esposas o la incapacitación que implica el realizar un daño físico menor a través de instrumentos como el gas pimienta, armas inmovilizantes, balas de caucho, etcétera.
Luego de esto viene el uso de las armas letales, cuyo principal exponente es el arma de fuego. Este uso debe ser excepcional y sólo en caso que exista un evidente riesgo de la vida o daño grave al oficial de policía o a un ciudadano.
El principio de proporcionalidad que hemos referido aplicado a la fuerza policial, debe sustentarse en los siguientes elementos:
-Debe tener una función protectora. Sólo puede usarse la fuerza para salvaguardar los valores elementales a que está dirigida la función policial: La vida, la integridad física y psicológica, la libertad y la propiedad.
-Debe sustentarse en el principio del menor daño, lo que implica que el uso de la fuerza sólo puede darse con la intensidad necesaria para cumplir con la función protectora.
-Debe adecuarse al equilibrio de intereses, así el policía que hace uso de la fuerza debe ponderar los bienes que se encuentran en juego al momento de actuar, es decir la agresión deberá tener como finalidad la protección de un bien de igual o superior valor que aquel que está siendo ofendido por el delincuente. Por ejemplo, la fuerza letal no debe darse cuando la agresión se realiza hacia la propiedad, pues la vida es un bien más valioso que aquella.
Los principios de la ONU son claros al establecer que los países tienen obligación de capacitar a los cuerpos policiales en el uso correcto de la fuerza y proveerlos de elementos que les permitan realizar éste en concordancia con los parámetros antes indicados.
Lo que diferencia entre el uso de la fuerza que hace un delincuente respecto del que hace un policía, es un principio de legitimidad, pues si un delincuente mata a una persona, el resultado es el mismo que si lo hizo un policía, la muerte y el daño colateral que esto lleva, como el sufrimiento de los familiares o la pérdida de un sostén económico para una familia.
En la historia de EEUU, ese principio de legitimidad de la fuerza queda plasmado en la declaración de las 13 colonias del 4 de julio de 1776, que refiere: “Todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”. Esto también se refleja luego en el Preámbulo de la Constitución cuando refiere que el Pueblo de los Estados Unidos, para garantizar el bienestar general decidió establecer la constitución, es decir constituirse como una organización entre cuyos principales objetivos está el uso de la fuerza que se ejerce por encargo de los ciudadanos.
Esto implica que el Pueblo ha trasmitido al Estado la capacidad para usar la fuerza y esto legitima la fuerza que este ejerce. Esta legitimación no brota únicamente de las leyes o las constituciones, sino que es una parte continua de la vida ciudadana, las personas confiamos que la policía va a realizar su función correctamente y esto nos da seguridad en nuestro convivir, de ahí que la observancia de la reglas para el uso de la fuerza sea un elemento indispensable para justificar y legitimar el uso de la fuerza estatal a través de la policía y un elemento indispensable para la convivencia social.
Debe reconocerse que cuando un policía enfrenta una situación de peligro la toma de decisiones es difícil y es por esto que debemos reconocimiento y respeto que hacía los policías que cumplen bien con su labor pues, en muchas ocasiones arriesgando o inmolando su vida, dignifican la función que la sociedad les ha encomendado, pero también el Estado debe cumplir con su deber de capacitarlos debidamente y de castigar a aquellos que abusan del poder que la sociedad les ha conferido.
– Oscar Müller Creel es doctor en Derecho, catedrático y conferencista. Puede leer sus columnas en www.oscarmullercreel.com
