CHICAGO-
El caso de
una caucásica de 37 años que fingió ser de raza negra por más de una década y logró ser una de las directivas de la la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color
), el colectivo más importante en defensa de los derechos de los afroamericanos en el país, ha generado opiniones encontradas y
.
El verdadero origen de Dolezal -presidenta del capítulo de Spokane, Washington de la NAACP- quien además es profesora de una universidad de Washington, fue dado a conocer por sus progenitores, quienes difundieron fotos de su infancia y aclararon que Rachel es caucásica.
Lawrence y Ruthanne Dolezal,
que su hija empezó a fingir ser afroamericana después de registrarse en la universidad y que nunca estuvieron de acuerdo con su comportamiento.
Rachel había asegurado ser de raza afroamericana y nativa norteamericana. Incluso reportó haber sido víctima de ataques raciales y presentó en las redes sociales a su padre afroamericano y a sus hijos afroamericanos, uno de sus supuestos hijos, es en realidad, el hermano que adoptaron sus verdaderos padres. Dolezal sí estuvo casada con un afroamericano. Pero nada más.
La directiva de la NAACP ha declarado que “la identidad racial de una persona no es un criterio para calificar el liderazgo de la NAACP”. En eso se puede estar de acuerdo. Cada quien puede decidir con qué cultura, orientación, etc. ,se identifica. Pero una mujer caucásica haciéndose pasar por afroamericana para obtener beneficios y representar a una comunidad, es donde está el meollo del asunto. Eso, como sucede con en otras culturas en EEUU -especialmente la mexicana- se llama expropiación y abuso cultural.
Eso de que la comunidad afroamericana y mexicana sean minoría/mayoría en este país y no puedan ni siquiera t
ener representantes propios, es lo que cala de ese caso.
Es por ejemplo, volver a esa época cuando los roles de personajes afroamericanos en Hollywood se los daban a actores caucásicos que se pintaban la cara o los papeles de mexicanos se los daban a otros, algo que sigue sucediendo.
De eso se trata el caso de Rachel Dolezal. Es un asunto de respeto, igualdad y representación justa en las comunidades. No de expropiación y explotación cultural.
