Las imágenes son impresionantes. Lo que antes fuera un bosque tropical cubierto de árboles de mangle y vida silvestre se observa ahora arrasado por la obra humana. Además, aves, cocodrilos, iguanas, peces, moluscos y más quedaron abandonados en un ambiente hostil, muertos o enterrados en el lodo.
Estas imágenes se pueden observar en la página de Facebook del grupo ecologista que pretende salvar esa zona, que forma parte del municipio de Cancún, Quintana Roo, en México. Esta organización relata que el fin de semana del 16 de enero decenas de máquinas de trabajo pesado entraron en la zona del manglar de Tajamar e iniciaron una deforestación indiscriminada, destruyendo la flora y la fauna.
Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, el “manglar es una formación leñosa, densa, arbórea, o bien arbustiva, de uno a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangles, prácticamente sin plantas herbáceas y trepadoras. En cuanto a la influencia climática, la distribución del manglar en México está regida principalmente por la temperatura, pues esta comunidad sólo prospera en zonas cálidas. Se desarrolla en ambientes estuarinos, a la orilla de lagunas y cerca de desembocaduras de ríos. Los manglares desempeñan un papel fundamental en la protección de la línea de costa, la prevención de inundaciones, barreras de huracanes y tsunamis y en el mantenimiento de la calidad del agua. Además, son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de crustáceos y alevines de importancia comercial, así como de otras especies de la fauna silvestre”.
Estas son las características y la importancia de la zona que hace diez días fue destrozada por los intereses comerciales y la corrupción en Cancún. Por suerte, un juez federal ordenó que las obras se suspendieran y el daño ambiental al parecer aún puede revertirse.
Pero la pregunta es ¿qué es lo que está detrás de este conflicto?
En 2005 el Gobierno mexicano a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a otra institución gubernamental, en este caso el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la autorización para urbanizar esta zona y construir complejos de edificios en la misma, lo que tendría como consecuencia la destrucción del manglar de Tajamar. Este permiso se otorgó con vigencia hasta febrero del presente año.
Quien se encontraba al frente del medio ambiente en Quintana Roo era Rafael Muñoz Berzunza,
destituido
públicamente de su cargo por el presidente Felipe Calderón en 2007. Tras auditar su trabajo se determinó que otorgó indebidamente permisos de uso de suelo y realizado manifestaciones de impacto ambiental que violentaron las normas técnicas. A pesar de lo anterior, Muñoz Berzunza fue
reinstalado
por Roberto Borge (PRI), gobernador de Quintana Roo, encargado de la Secretaría Estatal del Medio Ambiente.
Los empresarios detrás de esta agresión al medio ambiente, según el periódico
El Economista
, son Benjamín Clariond Reyes, cuñado del exgobernador de Nuevo León; José Martín Domene, a quien se le relaciona con el expresidente Vicente Fox por formar parte de aquel infausto grupo “Los Amigos de Fox”, que sirvieron como lavadores de dinero utilizado en la campaña de aquél la Presidencia de México; la familia Garza Rangel y el grupo inmobiliario
Acero
, ambos de Nuevo León, y Francisco Córdova Lira y Rafael Lang Uriarte, ambos expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, en la región de Quintana Roo.
Semarnat no ha defendido, desde un punto de vista técnico, los permisos y se ha limitado a referir que Fontatur realizó siete informes sobre esta autorización, dos en 2007, otro en enero de 2011, dos más en 2014 y otros dos en 2015, el último de estos precisamente un mes antes de que iniciaran las obras de destrucción del manglar.
Sin embargo, da la casualidad que todos estos informes se realizaron luego de que en febrero de 2007 se reformara la Legislación mexicana sobre vida silvestre añadiendo una disposición destinada precisamente a proteger los manglares, el artículo 60 TER, el cual menciona: “Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. Se exceptúan de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar”.
Surge entonces una nueva cuestión: ¿Por qué después de otorgado un permiso de urbanización de validez dudosa por un funcionario que fue separado de su cargo por violentar el medio ambiente que debía cuidar, la autorización se sostiene durante diez años, a pesar de contener una violación evidente a la norma legal?
El hecho de que el permiso fuese otorgado a una empresa gubernamental como Fonatur permitía que la norma protectora de manglares se aplicase al caso pues no se afectaban intereses particulares.
Pero si se afectan intereses particulares creados desde 2005, entonces se evidenciaría que desde un inicio las autorizaciones sobre el manglar tenían por objeto proteger intereses particulares y en tal situación nos encontraríamos con negocios turbios cuyo origen son actos de corrupción y muy posiblemente constitutivos de algún tipo de delito como cohecho o tráfico de influencias y si en realidad existe una verdadera voluntad de las autoridades mexicanas de proteger el medio ambiente en México, esto debe investigarse a fondo y tomar las acciones legales que correspondan, todo frente a la sociedad de Quintana Roo, que tiene todo el derecho a conocer por qué se afecta su patrimonio ecológico.
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-Oscar Müller Creel es doctor en Derecho, catedrático y conferencista. Puede leer sus columnas en
