Bastante publicidad se dio a la
conferencia de prensa
que el político mexicano Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo en Washington D.C., luego de haber presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en la que se imputan como violatorias de Tratados Internacionales las políticas migratorias del presidente Donald Trump, según se afirmó en dicho acto.
El abogado Netzaí Sandoval mencionó que en la denuncia, en materia de discriminación, se describe la existencia de un discurso de odio que se implementa en la práctica mediante la construcción del muro en la frontera con México, los arrestos sin motivo aparente, los allanamientos ilegales a domicilios y las detenciones basadas en las características físicas de las personas.
Por lo que concierne a los Derechos de los Niños, se denuncia la separación de estos de sus padres y la angustia y problemática que esto causa, lo que atenta también en contra de la seguridad y la unidad familiar. Describió que existen precedentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Comité de la Cruz Roja que se han referido a esa práctica como inhumana y la han condenado.
Sobre la violación al Derecho de Acceso a la Justicia, mencionó que, según los parámetros internacionales, cualquier detención debe implicar la presencia del detenido ante un juez, lo que no se realiza en muchas de las deportaciones por lo que esto también incide en una violación al derecho a un debido proceso, es decir, el derecho a defenderse frente a un acto de autoridad, y que las órdenes ejecutivas del presidente Trump violan la correcta distribución de competencias al invadir funciones que corresponden al sistema de justicia.
En lo que se refiere a la violación a la propiedad privada, describió dos: La referente al derecho a percibir el salario, pues en muchos casos las deportaciones se dan antes de que tenga la persona acceso al pago de su trabajo. También se argumenta que las deportaciones se equiparan a una expropiación de las propiedades de los afectados, pues se realizan sin dar oportunidad a estas de dejar asegurada la situación legal de sus bienes. Cuando en la práctica internacional se acostumbra que, previa a la deportación, se le conceda a las personas un plazo razonable para que aseguren su situación económica.
También se informó que se han pedido medidas cautelares, es decir, órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacia el gobierno de Estados Unidos para que no realice deportaciones en 30 casos relacionados con mexicanos y guatemaltecos.
Mucho interés me causó la noticia, aunque algunos detalles me llamaron la atención. En los medios se publicitó que la agencia de noticias Associated Press solicitó información a la OEA sin obtener respuesta. También se mencionó, en un boletín expedido el mismo día por el grupo que respalda al referido político, en el que se menciona que el caso se verá en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizará entre el 17 y el 22 de marzo, y que la petición había sido respaldada por 12,000 firmas.
Ante la duda me puse a investigar en el sitio web del organismo internacional referido, en donde consulté las secciones correspondientes a informes sobre
admisibilidad
de casos, sin resultado, lo que no es de extrañar pues es muy difícil que se admita una queja con tanta anticipación; en la área de comunicados de prensa, actualizada al día, tampoco encontré noticia, igual resultado en lo correspondiente a
conferencias
de prensa; en
tampoco encontré referencia a la denuncia y, por último, revisé la agenda de audiencias y para el periodo que inicia el 17 de marzo, no se encuentra
agendado
el caso planteado por López Obrador y no se menciona agendado ningún caso contra EEUU.
Es realmente difícil que el político mexicano haya convocado a una conferencia de prensa para anunciar la presentación de una denuncia que nunca existió, así que debe haber otras causas por las que el organismo internacional no haya dado a conocer una noticia de tal importancia.
De esta forma, hurgando un poco más sobre el tema me encontré con el hecho de que, para que proceda una denuncia en contra de un país, es necesario que este haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, o que se aleguen violaciones a otros tratados de Derechos Humanos que ese país si haya celebrado y resulta que EEUU no se ha adherido a la referida convención.
Ante esa situación y el silencio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, surge la duda si se analiza la posibilidad de desechar la denuncia presentada por López Obrador en contra de EEUU.
Algo bueno veo en esto. La flagrante violación de los derechos fundamentales que se realiza en la aplicación de las inhumanas políticas migratorias, ya se presentó ante las instancias internacionales, lo que debe ser una llamada de atención al gobierno de ese país para reconsiderar su actuar, pues no puede ignorar que forma parte de la comunidad internacional y que hay reglas jurídicas que deben respetarse y cuya violación puede acarrear sanciones y trae consigo el desprestigio del Estado.
-Oscar Müller Creel es doctor en Derecho, catedrático y conferencista. Puede leer sus columnas en
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