Irrumpieron en View Park Automotive, en el sur de Los Ángeles, portando armas semiautomáticas y con chalecos que simplemente decían “policía”.
Cuatro hombres, entre ellos Juan Hernández Cuevas, fueron esposados y trasladados. Hernández, de 46 años, no tenía idea de qué agencia policial lo acababa de arrestar, o por qué, hasta que llegó a un sitio de procesamiento en el centro de Los Ángeles y vio la palabra “inmigración”, escrita en una pared.
En esa tarde de septiembre, al menos seis agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) llegaron con una orden judicial para el propietario de la tienda, cuya deportación estaba pendiente por múltiples condenas de conducción bajo la influencia.
Ellos no se identificaron ni hicieron preguntas sobre el estado inmigratorio de los hombres, y arrestaron a todos los empleados que se encontraban allí. “En el momento, solo tuve preocupación y angustia por lo que pasaría con mi esposa y mi hija”, reconoció Hernández.
A esos inmigrantes, que no son los objetivos originales de los operativos pero son incluidos durante las redadas, la administración Trump los llama “arrestos colaterales”. Mientras que algunos tienen antecedentes penales, otros no tienen ninguno.
Los defensores de los derechos de inmigrantes alegan que la práctica es un regreso a la presidencia de George W. Bush, un período en el que las incursiones a gran escala en los lugares de trabajo eran comunes.
Durante el segundo mes de mandato del presidente Trump, el Departamento de Seguridad Nacional emitió memorandos que esencialmente anularon todas las prioridades de deportación, un cambio fundamental de las directrices del gobierno de Obama para priorizar a los delincuentes y a aquellos que habían cruzado la frontera recientemente.
Desde entonces, los inmigrantes han sido arrestados mientras acompañaban a sus familiares a las entrevistas con ICE, esperando que sus compañeros de trabajo los pasen a buscar o simplemente mientras dormían en la misma casa que un objetivo de las autoridades.
Abogados y defensores alegan que el enfoque “detener primero a todos, preguntar después”, que algunos ven como una respuesta al movimiento de “ciudad santuario”, viola los derechos constitucionales de los inmigrantes y constituye una discriminación racial.
A diferencia de lo que ocurre en los tribunales penales, a los inmigrantes que enfrentan la deportación no se les conceden defensores públicos. A nivel nacional, el 57% de estos inmigrantes no cuentan con un abogado, según un estudio que analizó más de un millón de casos entre 2007 y 2012.
Ingrid Eagly, una profesora de leyes de inmigración de la UCLA que coescribió el estudio, indicó que es poco probable que las personas sometidas a arrestos inconstitucionales sepan cómo impugnar su deportación, y muchas veces acuerdan su expatriación acelerada. “Los defensores se han convertido en ojos y oídos en el terreno para presentar esos reclamos”, aseguró.
En casos como el de Hernández, prosiguió, la evidencia en video se está volviendo cada vez más importante “como un contrafactual de lo que estamos escuchando por parte de ICE, de que tienen derecho a hacer estas detenciones colaterales”.
En diciembre último, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) solicitó que un tribunal de apelaciones de inmigración cancelara el proceso de expulsión de Hernández. Sus abogados no divulgaron su estatus migratorio y expresaron que la carga de la prueba debe recaer en ICE.
“La preocupación es que las redadas en los lugares de trabajo ya han aumentado en frecuencia y continuarán haciéndolo; los arrestos colaterales aumentarán también, ya que la administración descartó muchas de las prioridades formales y el uso de la discreción del expresidente Obama, y que en su prisa por llevar a cabo esta política de renovadas redadas en el lugar de trabajo, los oficiales del ICE harán caso omiso de la ley “, consideró la abogada de Hernández, Eva Bitrán.
El director interino del ICE, Thomas Homan, criticó durante meses las leyes de ciudades santuario, mediante las cuales los gobiernos locales restringen la cooperación con los agentes federales de inmigración. En octubre, Homan calificó la ley de California como equivocada. “ICE no tendrá otra opción que llevar a cabo arrestos en vecindarios locales y en lugares de trabajo, lo cual inevitablemente resultará en detenciones adicionales, en lugar de centrarse en arrestos en cárceles y prisiones, donde las transferencias son más seguras para los oficiales del ICE y la comunidad”, dijo.
La incursión en la tienda de autos, registrada con cámaras de seguridad, se llevó a cabo durante cuatro días de acciones similares de control de la ley de inmigración en todo el país. Agentes arrestaron a 498 personas en ciudades que limitan la cooperación policial con el ICE.
En el lugar de trabajo de Hernández, dos agentes con armas de fuego ordenaron a todos -el propietario, tres mecánicos, un cliente y un proveedor que estaba en su camioneta- que permanecieran inmóviles y pusieran las manos en alto.
Después arrestaron a todos los empleados. Un agente encontró la cartera de Hernández en su bolsillo y le quitó su licencia de conducir de California.
El dueño de la tienda fue deportado ese mismo día, indicó Bitrán.
En el viaje en automóvil hasta el centro de procesamiento, un agente le preguntó a Hernández los nombres de sus padres, y si tenía hijos. Después de firmar documentos y que le tomaran sus huellas dactilares, el hombre fue transferido al Centro de Detención de Adelanto, donde pasó más de un mes antes de ser liberado bajo fianza.
Según la abogada, Hernández, quien tiene condenas por delitos menores de hace años por conducir bajo la influencia y solicitar servicios de prostitución, él es el único proveedor de su esposa y su hija de cuatro años de edad, ambas ciudadanas de los EE.UU.
Sus letrados piden ahora al tribunal de inmigración que cancele su proceso de deportación, aduciendo que los agentes del ICE violaron su derecho protegido por la Cuarta Enmienda, contra requisas y capturas irrazonables, al haberlo arrestado sin una razón legítima para creer que estaba en el país sin autorización.
Un video provisto por ACLU muestra el arresto de Juan Hernández Cuevas, de 46 años, en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El hombre ha acusado a los agentes de detenerlo sin identificarse ni hacer preguntas sobre su estatus migratorio.
“Los agentes del ICE no sabían nada sobre el Sr. Hernández cuando lo apuntaron con sus armas, le ordenaron que saliera de su lugar de trabajo, lo derribaron, le quitaron la billetera y lo arrestaron. Sólo que parecía un trabajador en el garaje y lucía latino “, remarca la denuncia.
En Virginia, los defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron a cinco agentes federales en agosto último, buscando daños no especificados por la práctica de arrestos colaterales. La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en Alexandria, alega que los agentes violaron derechos constitucionales de dos hombres al detenerlos sin sospecha razonable.
Los agentes abordaron a Mynor Tun-Cos y José Pajarito Saput en el estacionamiento de los apartamentos Fairmont Gardens justo cuando salían para trabajar, de acuerdo con la demanda presentada por Legal Aid Justice Center, y les preguntaron por dos jóvenes que ya no vivían en el complejo hacía cinco años.
Incapaces de encontrar a dichos hombres, los agentes arrestaron a Tun-Cos y Pajarito luego de determinar que estaban en el país sin autorización. Ambos han sido liberados, pero siguen en proceso de deportación. Tampoco tienen antecedentes penales.
Los abogados agregaron a otros siete hombres latinos a la demanda, en noviembre, sobre la base de un incidente similar que había ocurrido en una ciudad cercana, unos días antes.
En un comunicado, una portavoz del ICE destacó que los agentes con frecuencia se encuentran con otros inmigrantes que están en el país sin permiso durante los operativos, y que cualquier persona que viole la ley puede ser arrestada. Quienes tienen orden de deportación obtienen su debido proceso ante la corte, según el escrito. “El ICE NO apunta a personas con base en su religión, etnia, género o raza”, afirma también la declaración. “Cualquier sugerencia contraria es evidentemente falsa”.
Pero Simon Sandoval-Moshenberg, director del Programa de Defensa de Inmigrantes del Centro de Justicia, señaló que los agentes del ICE a menudo parecen indiferentes en cuanto a encontrar a la persona que se proponen arrestar.
“Durante el gobierno de Obama -por supuesto que hubo excepciones- pero mayormente, quien no cometía delitos estaba a salvo”, dijo. “Ahora se puede ver sometido a un proceso de deportación sin haber hecho nada específico, sino en función de lo que hizo un vecino que vive el mismo complejo de apartamentos hace años”.
Sandoval-Moshenberg sugirió que la mejor estrategia para los defensores ahora es continuar pidiendo a los jueces que rechacen las órdenes de deportación de los inmigrantes detenidos durante estos arrestos colaterales. “Uno esperaría que, si un juez tras otro les dice ‘están actuando mal’, entonces eventualmente comenzarán a hacerlo bien”, expresó.
Desde la toma de mando de Trump hasta el final del año fiscal, el ICE arrestó un 40% más de personas dentro de los EE.UU., en comparación con el mismo período de 2016. Entre ellas, más del doble no registraban condenas penales hasta 2016.
La aplicación aleatoria de la ley de inmigración es una característica esencial de la estrategia de la administración Trump, continuó Sandoval-Moshenberg. Es una elección entre priorizar a los delincuentes o priorizar el miedo.
“Parece que han elegido lo último”, aseguró.
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