BASE NAVAL DE GUANTANAMO, Cuba (AP) – Cinco hombres acusados de dirigir y financiar los ataques del 11 de septiembre de 2001 habían regresado a sus celdas de máxima seguridad en la cárcel de Guantánamo luego de una audiencia preliminar, cuando el general a cargo de la fiscalía envió un mensaje sombrío a los familiares de los muertos en los ataques.
“Juro que la nación jamás olvidará, jamás perderá interés”, dijo el general de brigada Mark Martins el viernes por la noche a un puñado de reporteros que viajaron a esta base estadounidense para presenciar el proceso en sus etapas más recientes. “Y su gobierno seguirá buscando la justicia conforme a derecho por mucho tiempo que se requiera”.
Y podría ser mucho tiempo. El juicio a los “cinco del 11/Sep” se ha desarrollado a paso de tortuga en un tribunal construido especialmente en una pista aérea abandonada. Y probablemente pasarán años antes de que Jalid Shaij Mohammed, el comandante de Al Qaeda que se ha declarado responsable de los ataques, y sus cuatro presuntos coautores comparezcan ante un jurado de oficiales militares.
Los cuatro días de audiencias que finalizaron el viernes constituyeron la 14ta ronda de sesiones preliminares desde la instrucción de cargos en mayo de 2012 que incluyen casi 3.000 acusaciones de homicidio en violación de la ley de guerra, por las muertes del 11 de septiembre en Nueva York, Pennsylvania y Washington. Se suele decir que es el juicio por terrorismo más complejo y caro de la historia de Estados Unidos. También podría resultar el más largo.
Esa realidad ha provocado furia y sensaciones de impotencia entre algunos observadores, entre ellos los pequeños grupos de parientes de víctimas escogidos al azar para asistir a las audiencias.
La reacción más frecuente es similar a la de John Olson, Rockville Centre, Nueva York: resignación.
“Estos tipos no irán a ninguna parte”, dijo Olson, cuya esposa Maureen murió en su oficina en el piso 96 de la Torre Norte del Centro de Comercio Mundial. “Francamente, si pasan el resto de sus vidas ahí, no me molestaría”.
La lentitud del proceso obedece a varias razones interrelacionadas, pero se debe sobre todo a que los acusados están siendo juzgados en Guantánamo en el marco de un debate sobre si se debe cerrar ese centro de detención, y el tribunal es una comisión militar, un sistema híbrido que se ha empleado en la historia de Estados Unidos para juzgar faltas cometidas en el campo de batalla en tiempo de guerra, pero nunca para un caso como éste.
En septiembre de 2006, los acusados fueron trasladados a Guantánamo desde instalaciones de la CIA donde fueron sometidos a las llamadas técnicas de interrogatorio “acentuado”, que ahora la mayoría considera tortura. El presidente George W. Bush ordenó que los juzgara una comisión militar, y se les instruyó de cargos unos 18 meses después.
El proceso se encontraba en la etapa preliminar cuando Barack Obama asumió la presidencia con la promesa de cerrar la cárcel de Guantánamo. Quiso trasladar el proceso a una corte civil en Nueva York, pero chocó contra una oposición política intensa. El gobierno retrocedió y devolvió el proceso a una comisión militar con el agregado de algunas protecciones para los acusados, y se los instruyó nuevamente hace tres años y medio. El Congreso prohibió enviar detenidos de Guantánamo a Estados Unidos por razón alguna, incluido un juicio.
Las comisiones de Guantánamo, que combinan funcionarios de la justicia civil y militar, son las primeras que realiza Estados Unidos en varias décadas y la ley ha cambiado en esos años, lo que obliga a litigar muchos aspectos fundamentales.
La corte, presidida por un coronel del ejército que ha manejado algunos de los juicios militares recientes de mayor repercusión, ha debatido qué aspectos de la Constitución rigen para los acusados en Guantánamo o si un acusado tiene derecho a defenderse a sí mismo, asuntos que las cortes civiles resolvieron hace mucho tiempo.
La semana pasada un juez estudió, pero no falló, una moción presentada por la defensa días después de la instrucción, de que se deben desestimar los cargos porque las declaraciones de Obama, Bush y otros altos funcionarios acerca de los acusados pueden haber ejercido una influencia indebida sobre el proceso.
Muchos de estos asuntos se debaten pensando en apelaciones que probablemente durarán años y finalmente llegarán a la Corte Suprema.
“Hay tantos asuntos en debate en torno a la estructura de las comisiones militares y en torno a las medidas de descubrimiento que la tarea es casi incalculablemente grande para resolver todos estos problemas”, dijo David Nevin, abogado civil de Mohammad, en una entrevista.
La ley prohíbe al gobierno utilizar las pruebas obtenidas coercitivamente en las cárceles de la CIA. Los fiscales deben basarse en declaraciones de los acusados al FBI y otros en Guantánamo. Los abogados defensores dicen que todas las declaraciones efectuadas por los hombres durante su cautiverio están contaminadas por el maltrato, lo que probablemente será el meollo de la defensa durante el juicio o en la etapa de condena si se los declara culpables.
La lentitud del proceso se debe en gran medida al secreto y al deseo del gobierno de proteger la información confidencial correspondiente a la época en que eran presos de la CIA. El proceso prácticamente se detuvo durante 18 meses mientras el juez trataba de determinar si una investigación del FBI sobre posibles violaciones de la seguridad en uno de los cinco equipos de defensores creaba un conflicto de intereses. Se produjo otro desvío cuando la defensa descubrió micrófonos disimulados como detectores de humo en salas de reunión y cuando varios acusados reconocieron a un nuevo intérprete de árabe como alguien a quien habían visto en una cárcel secreta de la CIA.
Los defensores niegan que tratan de demorar un juicio de hombres que en caso de ser declarados culpables podrían ser condenados a muerte. Walter Ruiz, que representa al acusado saudí Mustafa al-Hawsawi, dijo que quiere acelerarlo para demostrar que su cliente fue en el peor de los casos un participante menor.
“Está en cautiverio desde 2003”, dijo Ruiz. “Llega el momento en que uno desea llegar al punto final”.
Martins, el general a cargo del proceso, dijo que a pesar de las detenciones frecuentes hay un avance “metódico” hacia el juicio, aunque se niega a pronosticar una fecha de inicio. “Así es el sistema que creamos. No se mueve por plazos”, dijo. “Entiendo que la gente se sienta frustrada. Lo escucho constantemente y lo tengo en cuenta”.
Los fiscales dedican los siete días de la semana a estudiar archivos confidenciales para determinar qué es lo que deben entregar a la defensa y esperan terminar con ello para el 30 de septiembre de 2016, dijo Martins.
