Bajo la amenaza de litigios costosos, decenas de municipios de Pennsylvania derogaron el año pasado varias ordenanzas para el control de armas en respuesta a una nueva ley estatal que facilitó que propietarios de armas y organizaciones como la National Rifle Association pudieran impugnarlas ante los tribunales.
El Tribunal Supremo de Pennsylvania derogó recientemente la ley estatal por razones técnicas, pero eso no significa que esas ciudades sean rápidas para restablecer sus controles a las armas de fuego.
Esto se debe a que los legisladores, tanto en la cámara baja como en el Senado estatales, presentaron proyectos de ley que buscan permitir una vez más a la NRA el poder presentar demandas. La versión del Senado ya pasó la fase respectiva en comisiones. El gobernador Tom Wolf, un demócrata, se ha comprometido a vetar la iniciativa si llega a su escritorio.
La rápida acción legislativa, en medio de negociaciones del presupuesto estatal, tomó por sorpresa los activistas por el control de las armas.
“Francamente, no esperábamos que iban a tratar de hacerlo tan pronto. Nos decepcionó y nos equivocamos. Vamos a tener que luchar contra eso”, dijo Shira Goodman, directora ejecutiva de la organización CeaseFirePA. Ella pronosticó que muchas ciudades que podrían haberse inclinado a imponer restricciones a las armas optarán mejor por “esperar un poco más para ver qué pasa” con la iniciativa de ley.
Pennsylvania -que tiene una fuerte tradición de caza y tenencia de armas- le prohibió a sus municipios que aplicaran ordenanzas que regulan la propiedad, posesión, transferencia o transporte de armas de fuego o municiones. Varios grupos que defienden el derecho a la tenencia de armas se quejaron de que decenas de municipios ignoraban la prohibición, de 40 años de existencia, mediante la aprobación de sus propias restricciones de armas.
La NRA atacó la nueva ley estatal, que entró en vigor en enero de 2015, a fin de impugnar las ordenanzas para el control de armas en Filadelfia, Pittsburgh y Lancaster. Otros municipios derogaron sus ordenanzas a fin de evitarse la amenaza de litigios costosos.
