Washington, 6 abr (EFEUSA).- Grupos de congresistas, ayuntamientos, gobiernos estatales, estudiantes y hasta expertos legales se han unido para firmar y presentar diversos “amicus curiae” a favor de las medidas migratorias del presidente Barack Obama ante la corte de apelaciones que evalúa su caso.
Las distintas argumentaciones legales, cuyo plazo de presentación concluía hoy, piden a un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans que levante la suspensión temporal que pesa sobre las medidas de alivio migratorio adoptadas por el mandatario y que podrían evitar la deportación a más de 5 millones de inmigrantes indocumentados.
Es el caso del “amicus curiae” que han rubricado más de 70 representantes electos de diferentes alcaldías y municipalidades procedentes de 29 estados.
Según explicó hoy el alcalde de Denver (Colorado), Michael Hancock, en una conferencia de prensa telefónica al respecto, ciudades como la suya se han unido a otras como Nueva York, Los Ángeles, Seattle o Houston para defender que la suspensión de las acciones “es contraria al interés público” y perjudica a las comunidades.
“Los inmigrantes han hecho y hacen una contribución muy significativa a nuestras ciudades. En Denver celebramos que somos una ciudad vibrante, pero sin la historia y la aportación de los inmigrantes no sería la misma”, reiteró el alcalde.
El “amicus curiae” (amigo de la corte), es una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.
Asimismo, según apuntó la congresista por California Zoe Lofgren, 181 miembros de la Cámara de Representantes también han firmado un documento similar, en el que explican que la legalidad de las medidas migratorias y subrayan que precisamente ayudan a priorizar las necesidades del sistema migratorio estadounidense.
“El Congreso tomó la decisión de pedir al secretario (de Seguridad Nacional) que implementase esas prioridades y le otorgó discrecionalidad sobre inmigración”, dijo Lofgren, que lamentó una vez más haber llegado a esta situación por la negativa del liderazgo republicano en la cámara baja de no someter a votación el proyecto de ley de reforma integral aprobado por el Senado.
La legisladora insistió en que las medidas atienden de hecho a las instrucciones dadas por el Congreso al Ejecutivo en esta materia, por lo que rechaza cualquier tipo de ilegalidad de las mismas.
“Esperamos que la corte revoque el bloqueo tras las argumentaciones del día 17”, manifestó.
La suspensión temporal que pesa sobre las medidas de alivio migratorio, las cuales iban a entrar en vigor este febrero, responde al fallo del juez federal de Texas Andrew Hanen a petición de 26 estados, liderados por Texas, en su mayoría republicanos.
Ante esta situación, el Gobierno decidió apelar la decisión del juez, por lo que ahora el caso depende de la corte de Nueva Orleans.
Junto a ayuntamientos y congresistas, también se han unido a la presentación de argumentos en apoyo a las acciones ejecutivas empresarios que consideran económicamente favorable la implementación de las mismas y hasta 150 organizaciones sindicales y de la sociedad civil.
“Los estados que están presentando la demanda están ignorando a sus propios ciudadanos, están mandando un mensaje de odio”, consideró Rocío Saenz, vicepresidenta ejecutiva internacional del sindicato SEIU, una de esas 150 organizaciones.
Saenz reprochó a los republicanos su boicot a la consecución de una reforma migratoria y defendió la solución temporal que suponen las medidas del presidente, aunque reiteró que los ciudadanos están preparados para continuar luchando por una legislación.
“Continuaremos luchando por la reforma migratoria, y nos aseguraremos de que ese momento llegue. (…) Mandamos y continuaremos mandando un fuerte mensaje. No somos el enemigo, estamos listos para luchar, listos para una reforma”, subrayó.
Por Raquel Godos
