Tras una batalla de 16 meses para quedarse en el país donde creció y por el que peleó para defenderlo, Miguel Pérez Jr., un veterano residente legal, fue deportado a México, donde no vive desde su niñez.
El Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó el domingo que Pérez abordó un vuelo de Operaciones Aéreas de ICE en el Aeropuerto Internacional de Gary y fue llevado a Brownsville, Texas. Ahí, los oficiales de ICE escoltaron a Pérez en la frontera México-EEUU y fue entregado a las autoridades mexicanas.
Pérez fue deportado sin la advertencia habitual ni la oportunidad de despedirse de su familia. Pérez no tiene dinero o ropa y fue dejado en un pueblo en la frontera incluido en la lista de lugares a no visitar emitida por EEUU, indicaron activistas. Su familia voló el lunes a México para ayudarle a obtener recursos y asegurar su bienestar.
“Es una forma intolerable de tratar a un hombre que luchó valientemente por este país”, dijo Emma Lozano, una defensora pro inmigrantes que luchó por el caso de Pérez. “Lo dejaron desamparado y sin dinero en un lugar peligroso, sin comida ni ropa ni sus medicamentos”.
Criado en Chicago desde los 8 años, Pérez se enlistó en el Ejército antes del 9/11 y sirvió hasta 2004. Fue enviado a Afganistán y sirvió en el Segundo Batallón, Tercer Grupo de Fuerzas Especiales.
Tras su servicio militar, Pérez buscó tratamientos en un hospital de Veterans Affairs cerca de Maywood, donde los médicos le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático
Pérez debía regresar para más exámenes y determinar si también sufría una lesión cerebral traumática.
Mientras tanto, restableció contacto con un amigo de la infancia quien le proporcionó drogas y alcohol gratis. El 26 de noviembre de 2008, mientras se encontraba con ese amigo, Pérez entregó a un oficial encubierto la caja de una computadora portátil que contenía cocaína. Pérez se declaró culpable del cargo por drogas y cumplió una sentencia de 15 años.
Mientras Pérez era condenado por entregar menos de 100 gramos de cocaína, los fiscales dijeron que fue arrestado por entregar una cantidad mayor y recibió una sentencia reducida luego de un acuerdo de declaración. Los fiscales también destacaron que a Pérez se le otorgó una baja general del ejército luego de la infracción por drogas.
Pérez es uno de muchos veteranos, incluidos algunos que sufrieron heridas y trauma emocional durante el combate, que fue condecorado por su servicio, y luego confrontado con la posibilidad de la deportación tras cometer un delito.
Como muchos otros, Pérez erróneamente pensó que se convertía en ciudadano de EEUU cuando prometió proteger este país. Pérez descubrió que ese no era el caso cuando se le ordenó comparecer en una corte de inmigración poco antes de su liberación de una penitenciaría estatal, donde sirvió siete años por entregar una bolsa con cocaína a un oficial encubierto.
En lugar de volver a su casa en Chicago desde la prisión, Pérez fue puesto bajo custodia de ICE y transferido a un centro de detención para inmigrantes en espera de deportación.
Pérez, de 39 años, le dijo al Tribune el jueves en una llamada desde el centro de detención en Kankakee que todos sus aparatos electrónicos fueron desactivados.
“No me voy. Me llevan”, dijo Pérez. “Ellos no me van a enseñar a nunca rendirme, y me rendí”, agregó Pérez sobre su entrenamiento militar.
A principios de mes, la petición de Pérez para la ciudadanía retroactiva cuando se unió al ejército en 2001 fue negada por funcionarios de Inmigración.
Además de la solicitud retroactiva para naturalización, solicitó clemencia al gobernador Bruce Rauner y recurrió al Circuito de Cortes de Apelación del 7o Distrito para solicitar alivio bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, una protección que se parece al asilo.
Pérez y los defensores de los derechos humanos creen que su vida puede estar en peligro en México. Los carteles de la droga con frecuencia buscan reclutar a los veteranos deportados por su experiencia en combate.
Ambas solicitudes de alivio fueron negadas.
Sus seguidores, incluida la senadora federal Tammy Duckworth (D-IL), quien llevó a cabo una larga defensa por él en el país al utilizar una maniobra legal poco conocida identificada como propuesta de ley privada, la cual tiene la intención de ayudar a personas específicas. La propuesta no pasó de comités.
