Roger Ordóñez fue hospitalizado por problemas respiratorios la semana pasada.
Cuando su hijo Enrique fue a visitarlo a la mañana siguiente, el jubilado de 69 años ya estaba siendo enterrado por empleados del Ministerio de Salud, vestidos de pies a cabeza con trajes de protección blancos, en un cementerio en las afueras de Chinandega, una ciudad de 133.000 habitantes al noroeste de Nicaragua.
El hospital aconsejó a la familia Ordóñez que se pusiese en cuarentena durante dos semanas, pero negó que el padre tuviera coronavirus aunque no les mostraron los resultados de las pruebas.
El gobierno del presidente Daniel Ortega se resistió a imponer medidas para el control del COVID-19, la enfermedad causada por el virus, durante más de dos meses desde la aparición del primer caso en Nicaragua. Ahora, los médicos y familiares de las supuestas víctimas dicen que el gobierno ha pasado de negar la presencia del virus en el país a tratar de ocultar activamente su propagación.
“Le rogué al doctor que me dijera qué le pasó”, relató Enrique Ordóñez a The Associated Press. “Necesitaba saber si estaba infectado. Tengo una niña de 18 meses, mi madre tiene una variedad de dolencias y necesitamos saber si mi padre murió o no por COVID”.
El gobierno asegura que en el país de 6,5 millones de habitantes sólo hay cinco muertos y 16 contagiados desde que se confirmó el primer caso en marzo. Los negocios y las oficinas gubernamentales permanecen abiertas y el ejecutivo ha promovido activamente eventos deportivos y otros actos multitudinarios.
En su más reciente reporte, la ONG Observatorio Ciudadano, formada por médicos y activistas, aseguró haber identificado 1.033 casos sospechosos de COVID-19 en el país hasta el sábado-
El médico nicaragüense Álvaro Ramírez, quien fue jefe de Epidemiología durante la revolución sandinista y actualmente vive en Irlanda, dijo que la cifra de contagios es ya muy superior y que los próximos días “serán decisivos” para Nicaragua. Calcula que en dos semanas podría haber unos 18.000 contagios, de los cuales 890 serían graves.
Durante la última semana, policías de civil y partidarios del gobierno han detenido a periodistas en las inmediaciones de un hospital en la capital, Managua, y en un cementerio en Chinandega, donde la pandemia se está volviendo difícil de ocultar.
La presencia de hombres enfundados en trajes blancos a bordo de camionetas con ataúdes sellados, se ha convertido en lugar común para los residentes. Y parece que todos conocen a alguien que ha enfermado.
“Hay mucho nerviosismo aquí”, afirmó Pablo Antonio Alvarado, un estudiante universitario que dijo que un par de conocidos estaban infectados en la ciudad. “Dicen que somos el epicentro de la pandemia, como Wuhan en China.”
Una doctora de Chinandega, que pidió hablar desde el anonimato por temor a represalias, señaló que conocía a cuatro personas que fallecieron. Una de ellas era uno de sus pacientes y fue enterrado dos horas después de morir, agregó.
“A todos los que creen que han muerto por neumonía atípica los entierran de inmediato”, expresó.
La mayoría de los diagnósticos se emiten en base a los síntomas y a radiografías de pulmón de los pacientes porque las pruebas para el virus están estrictamente controladas por el Ministerio de Salud y son difíciles de obtener.
Una red informal de médicos de Chinandega “contó 25 supuestas muertes por COVID-19 hasta el domingo pasado”, dijo la doctora. “Si logramos sobrevivir a esto, es porque Dios es grande. No hay otra explicación”.
Enrique Ordóñez, quien es ejecutivo de ventas, sabía que su padre sufría de dolencias crónicas como hipertensión y problemas respiratorios, pero observó que la semana pasada de repente le costaba respirar. Lo llevó al hospital el jueves y esa misma noche murió.
“El hospital lo organizó todo, ellos pusieron la caja y el terreno”, dijo recordando que cuando acudió a preguntar por su padre el viernes en la mañana se enteró de que ya lo estaban enterrando. “Traté de identificar la tumba lo mejor que pude, porque antes, al amanecer, habían enterrado a otros y junto a él había siete u ocho tumbas más”.
“Yo me pregunto, si mi padre no murió por coronavirus, por qué no nos dejaron enterrarlo. Porque a mi padre no lo enterré yo, lo enterraron ellos. Pero usted sabe, no podemos levantar mucho la voz. El miedo es generalizado en nuestro país”, agregó.
Según el último informe del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), hasta el lunes, 24.257 personas han enfermado de coronavirus en la región y 818 murieron. Países como Honduras y El Salvador adoptaron medidas estrictas ante la enfermedad, y muchos se preguntan por qué Nicaragua tiene tan pocos casos sin tomar ninguna acción preventiva.
Una petición de comentarios a la vicepresidenta, Rosario Murillo, que es también vocera del gobierno y primera dama, no obtuvo respuesta.
Pero parece que el gobierno estaría empezando a reconocer lo que se avecina. A finales de abril, el Ministerio de Salud citó a reunión a todos los directores de hospitales y a autoridades médicas de alto nivel.
“Les dijeron que esto se está poniendo serio y que todos deben prepararse”, indicó Róger Pasquier, presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología, en una entrevista con The Associated Press, que cree que la medida llega tarde.
“Aquí no se han tomado medidas de aislamiento, no se ha protegido a los trabajadores de la salud, no hay suficientes camas en ningún hospital de Managua, ni en ningún hospital regional”, añadió.
“Contrariamente a lo que se comparte oficialmente, sé a través de mis colegas médicos que tenemos un gran número de personas enfermas en Managua, Masaya, Matagalpa y Chinandega, donde hay un brote que podría ser muy peligroso”, dijo Pasquier.
Aunque muchos médicos temen hablar en público, casi 600 especialistas firmaron una carta a inicios de mayo reclamando al gobierno equipos de protección para todos los trabajadores de la salud. José Antonio Vásquez, presidente de la Unidad Médica de Nicaragua, una organización que se formó tras las protestas de abril de 2018, dijo que el grupo ha identificado a más de 42 médicos, enfermeras y técnicos aparentemente contagiados.
El periodista de The Associated Press Christopher Sherman, en Ciudad de México, contribuyó a este despacho.
