SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – El gobierno salvadoreño desplegó el miércoles un contingente de 1.000 soldados y policías para buscar y desmantelar los grupos de pandillas que en las últimas semanas han emigrado a las zonas rurales, donde han perpetrado enfrentamientos armados con las fuerzas gubernamentales.
Las unidades especiales perseguirán a unos 100 cabecillas para neutralizar su actividad de conducción de estas estructuras criminales, informó el comisionado de la Policía, Marco Tulio Lima.
El director de la Policía, Howard Cotto explicó que el batallón de fuerza especiales tiene como misión “detectar, neutralizar, (y) detener aquellas estructuras delincuenciales que operan principalmente en las zonas rurales del país, aunque también lo hacen en zonas urbanas y semi urbanas, donde aterrorizan a los ciudadanos por medio del uso de armas de fuego”.
Pero destacó que harán un trabajo de inteligencia para detectar a los 100 principales cabecillas que actualmente no están detenidos y capturarlos para “neutralizar su actividad de conducción de sus estructuras criminales”.
Las tropas contarán con el apoyo logístico de comunicaciones y transporte, incluso helicópteros, para llegar a zona remotas. Contarán con visores nocturnos, fusiles M-16, lanzacohetes y vehículos blindados equipados con ametralladoras M-60.
El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz que presidió el acto en la Brigada Especial de Seguridad Militar, donde antes función la extinta Guardia Nacional, dijo que “ha llegado el momento de frenar, de revertir esta escalada de violencia que se nos instaló en los últimos años en el país y que tanto sacrificio y que tanto derramamiento de sangre ha producido”.
Ortiz se refirió a las medidas extraordinarias implementadas por el gobierno luego de una matanza de 11 trabajadores que se le atribuye a las pandillas, y que el gobierno puso en marcha al decretar estado de emergencia en siete cárceles y aislaron a los cabecillas de estos grupos criminales.
Días después la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas extraordinarias que afectan el sistema penitenciario y autorizó a las autoridades para someter a aislamientos severos a estos criminales. También le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar las llamadas telefónicas desde los centros penales y se aprobaron medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.
Las autoridades sostienen que las ordenes de homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las cárceles donde guardan prisión los principales cabecillas de las maras o pandillas.
Ortiz explicó que con todos estos esfuerzos buscan “neutralizar todo tipo de acción dentro del sistema penitenciario, que se reproduzca, multiplique la actividad criminal a lo largo y ancho del país”.
Pero dijo que también es importante desarticular las estructuras de la extorsión que afirmó es el medio con el que las pandillas se financian, “el chantaje que día a día hacen a la señora de la tienda, al pequeño emprendedor, al pequeño productor, (y) a ese chantaje, y a esa amenazas (también) están siendo sometidas las grandes y las pequeñas empresas”.
Según información del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, los pequeños comerciantes pagan extorsiones aproximadamente de 10 millones de dólares mensuales.
“Ya no podemos seguir permitiendo eso. No podemos estar de rodillas ante aquellos que desprecian la vida, que desprecian la ley…”, manifestó el vice mandatario que también respondió a críticas de algunos sectores que afirman que lo que están haciendo no es más que otra versión de “la mano dura” que implementaron los gobiernos de la derechista Alianza republicana Nacionalista (Arena) que gobernó el país de 1989 a 2009 y que fracasó.
“Esta es una acción firme del Estado, es un mensaje claro a los grupos criminales que el país es fuerte, que el Estado es más más fuerte, y que el gobierno tiene los instrumentos para doblegar a estos grupos minoritarios”, afirmó.
