Un total de 178 centros de atención para ancianos operan ilegalmente en Puerto Rico al no contar con las licencias y documentos requeridos por las autoridades locales o debido a irregularidades administrativas.
Dania Vázquez Díaz, de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPE), dio a conocer el jueves ese dato durante una vista celebrada en la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado
La vista se celebró con motivo del Proyecto del Senado 225, pieza legislativa de la autoría de la exprocuradora de Personas de Edad Avanzada, Rossana López León, y la senadora Venegas Brown que pretende crear la Ley para el Licenciamiento y Supervisión de Establecimientos para personas de Edad Avanzada y derogar la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada de 1977.
En Puerto Rico hay un total de 17,485 personas de edad avanzada que reciben servicios de hogares y establecimientos de cuidados en poco más de 700 centros.
