El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que
, alguacil del Condado de Maricopa, en
, se vio involucrado en una “vigilancia inconstitucional” al acosar injustamente a los latinos para detenerlos y arrestarlos, además de llevar a cabo represalias contra aquellos que se quejaron.
La investigación,
reporta el diario The New York Times
, la llevó a cabo la división de derechos civiles del Departamento de Justicia e indicó que la oficina de
ejecutó una “cultura discriminatoria contra latinos” que “involucraba los puestos más altos de la agencia”.
Thomas E. Pérez, asistente del fiscal general para derechos civiles, indicó esta mañana en una conferencia telefónica que más de 400 personas fueron entrevistadas como parte de la investigación.
Pérez añadió, según el Times, que la
generó dudas sobre si los latinos recibían “trato policial de segunda clase” en el
.
Pérez agregó que el reporte se origina de una averiguación civil y que espera que
coopere con el gobierno federal para reformar el departamento. De lo contrario, añadió Pérez, se entablará una demanda y el Departamento de Justicia llevará a cabo una averiguación criminal por separado en contra del departamento.
En el reporte,
fue duramente criticado y acusado de distribuir cartas y correos electrónicos que recibió con contenido racial y de ayudar a implementar una “cultura de prejuicios” en el departamento.
