Washington, 20 nov (EFE).- La orden ejecutiva del presidente Barack Obama, para regularizar a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados se espera que tenga un importante y positivo efecto económico, aunque menor que el previsto en la propuesta de ley aprobada en el Senado en junio de 2013.
La de entonces, que no fue finalmente ratificada ya que permanece estancada en la Cámara de Representantes, era de mayor calado puesto que no solo permitía la regularización de millones de personas, sino que abría la vía de la ciudadanía para el total de 11 millones de inmigrantes que se calcula viven en Estados Unidos.
De manera preliminar, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO, en inglés) realizó entonces unos cálculos sobre la conocida como Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de Inmigración (la ley S 744).
Entre 2013 y 2023, elevaría el producto interior bruto (PIB) en 3,3 %, y un 5,4 % adicional en la siguiente década, hasta 2033, de acuerdo con la CBO.
Asimismo, reduciría el déficit del país en 200,000 millones de dólares en la primera década, y unos 700.000 millones en la segunda, algo fundamental en un país con un importante desequilibrio fiscal.
Obviamente, la orden ejecutiva también tendría consecuencias en el mercado laboral.
En este sentido, y de acuerdo con datos del Center for American Progress (CAP), un centro de estudios progresista, se añadirían 159,000 nuevos trabajos cada año durante los próximos cinco años; y se pagarían impuestos adicionales por valor de 144,000 millones de dólares a nivel federal, local y estatal en los próximos cinco años.
“Con solo uno de cada tres inmigrantes indocumentados trabajando en la economía formal y contribuyendo con $12,000 millones en impuestos, EE.UU. pierde cerca de $20,000 millones de dólares en ingresos por impuestos laborales al año”, agregó un reciente reporte del CAP.
Dados los problemas fiscales que enfrenta EE.UU., especialmente para la financiación de su programas de sanidad para mayores de edad (Medicare), la aportación de estos “nuevos ciudadanos” sería de 155.000 millones en los próximos 30 años y alargaría la solvencia del fondo que lo respalda en cuatro años.
