CARACAS – El Parlamento venezolano, de amplia mayoría opositora, acusó este jueves al presidente Nicolás Maduro de dar “un golpe de Estado”, luego de que el máximo tribunal del país asumiera las competencias del Legislativo.
“En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, denunció el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rasgó ante las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de “basura”.
Borges instó a la Fuerza Armada a no “seguir callada frente a la ruptura de la Constitución”.
“Sabemos que la mayoría de los oficiales (…) están en contra del caos que sucede en Venezuela”, sostuvo el diputado, y anunció que la cámara “desconoce” a la corte.
La noche del miércoles, la Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Nicolás Maduro, asumió las funciones del Parlamento.
El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
Esa decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. Pero la cita culminó sin acuerdos.
Estas medidas constituyen “los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, señaló Luis Almagro, secretario general de la OEA en una nota oficial, donde apuntó que “aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”.
Almagro exige convocar a elecciones generales en corto plazo y liberar a un centenar de opositores presos.
Golpe diplomático
En el primer golpe diplomático, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, retiró a su embajador en Caracas, al condenar la “ruptura de la democracia en Venezuela”.
La oposición anunció protestas a partir del sábado, mientras un grupo de diputados protagonizó una refriega con militares frente al tribunal.
Los analistas advierten sobre un “autogolpe” o un avance hacia un “modelo autoritario”,
“Hemos avanzado lamentablemente hacia un modelo autoritario en la política venezolana”, dijo este jueves el analista Carlos Romero.
El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude.
Tras ello, anuló todas las decisiones del Parlamento y ya había asumido algunas de sus competencias.
Por esa razón Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, defendió la medida del Tribunal Supremo. “No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran”, explicó.
“Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe”, comentó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.
Presión económica
Una semana antes de la reunión de la OEA en Washington, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como “traición a la patria”, delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
La decisión del TSJ es “una bofetada enorme a la OEA” para el politólogo Christopher Sabatini, experto en América Latina de la Universidad Columbia de Nueva York.
“¿Cuándo antes se escuchó que una corte suprema diera un golpe?”, comentó Sabatini.
La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.
Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público “sin la aprobación de la Asamblea Nacional”.
Pero al declarar “omisión legislativa”, la corte indicó que no existe “impedimento alguno”.
Esta cuestión resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11.5% del PIB en 2016.
Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1,660% por el FMI para 2017.
Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
