Incluso cuando los periodistas en docenas de ciudades de México realizaron vigilias y manifestaciones en las últimas semanas para protestar por los brutales asesinatos de dos de sus colegas, las amenazas contra los reporteros locales de Tijuana continuaron apareciendo en las redes sociales y en persona.
“Sé dónde vive este reportero. Sé dónde vive toda su familia”, publicó un comentarista de Facebook en una captura de pantalla de un video de la escena del asesinato del reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero. El comentario era sobre uno de los reporteros que se había apresurado a cubrir el tiroteo fatal de su colega.
El asedio de violencia contra los periodistas locales, dos de los cuales fueron asesinados a tiros frente a sus casas con sólo unos días de diferencia en Tijuana, subraya la fragilidad de la democracia de México. También ha provocado indignación generalizada y protestas encabezadas por periodistas contra la impotencia del sistema de justicia del país y su prolongado ciclo de brutalidad e impunidad.
“El nivel de participación de los periodistas en todo el país esta semana es realmente algo que no había visto antes”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México, a la oficina de Fronteras el 27 de enero. “Y creo que es un testimonio de la voluntad de los periodistas de no aceptar más lo que está pasando”.
Tiroteos, apuñalamientos e intercambio de disparos
El mes pasado, además de los dos reporteros baleados y asesinados en Baja California —Martínez y Lourdes Maldonado López, quien fue baleada y asesinada en Tijuana el 23 de enero— un reportero fue apuñalado fatalmente en Veracruz. También hubo un intento de asesinato de un reportero en Oaxaca; un reportero local resultó gravemente herido en un apuñalamiento en Yucatán; y otro periodista quedó atrapado con su familia en medio de un feroz tiroteo en Guerrero.
México ha sido considerado durante mucho tiempo el país más peligroso del mundo para los periodistas fuera de las zonas de guerra activa. Ha habido 148 reporteros asesinados desde 2000, según el grupo de derechos humanos Artículo 19.
En Tijuana, una ciudad que rutinariamente registra cerca de 2,000 asesinatos al año, a veces incluso los encuentros leves con un extraño pueden poner a alguien en riesgo. Los periodistas, por la naturaleza de su trabajo, se acercan más a situaciones potencialmente peligrosas que el ciudadano medio.
El gobierno mexicano ha prometido que, esta vez, obtendrá respuestas, una promesa que suena vacía en un país sin respuestas.
El subsecretario de Gobernación de México, Alejandro Encinas, dijo en diciembre que más del 90% de los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos siguen sin resolverse, a pesar de que existe un sistema gubernamental destinado a protegerlos. Agregó que cuando se ha identificado a los culpables, casi la mitad son funcionarios locales.
Un delegado federal en Baja California prometió el 26 de enero una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Maldonado.
“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en poner freno y dar ejemplo en Baja California en el tema del asesinato de la periodista… absolutamente todas las personas con las que tuvo un conflicto vecinal, un conflicto personal, un conflicto laboral, un conflicto emocional, todo tendrá que entrar en la investigación”, dijo Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal.
El mismo día, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, nombró a un fiscal especial para investigar los asesinatos de periodistas: Atalo Machado Yepez, quien anteriormente se desempeñaba como fiscal en Mexicali.
¿Facebook o periodismo?
En Baja California, una proliferación de páginas de Facebook destinadas a capturar incidentes de seguridad pública específicos de ciertos vecindarios ha creado confusión entre el público sobre qué contenido es producto del trabajo periodístico, a diferencia del contenido destinado a ayudar a las organizaciones criminales a vengarse o proteger su territorio.
A menudo, en Facebook es donde surgen las amenazas por primera vez.
En diciembre, el veterano periodista Martínez fue a cubrir el lugar del incendio de una casa en la colonia Cuauhtémoc de la colonia Sánchez Taboada. Era la segunda vez en tres meses que la casa era consumida por las llamas, según La Jornada de Baja California. Se desconocían las causas de los incendios.
El video de Facebook muestra que Martínez tuvo un altercado verbal con un hombre que también estaba transmitiendo un video en vivo desde la escena del incendio. (Ese hombre fue luego identificado como Ángel Peña. Después del asesinato de Martínez, Peña fue identificado por la prensa local como un ex policía de Tijuana).
“¡No te concentres en mi auto!” Peña gritó en el video. “No te concentres en mi cara”.
“Por sus fotos (de Martínez), tuve un problema para cruzar (la frontera) hacia San Ysidro porque me mandaron a inspección secundaria y revisaron mi vehículo”, explicó Peña a su audiencia. En repetidas ocasiones se describió a sí mismo como un “comunicador” durante la confrontación de nueve minutos.
“No me importan tus 20 años como reportera. Yo soy comunicador… digo la verdad y no me importa que administres Tijuana en Guerra”, dijo refiriéndose a otra página de Facebook no periodística que Martínez no operaba. Peña fue detenido el 19 de enero en relación con el homicidio de Martínez, pero luego fue liberado.
Martínez envió fotos y detalles sobre el encuentro a un grupo de WhatsApp formado para ayudar a los periodistas de Baja California a reportar preocupaciones de seguridad.
Ricardo Iván Carpio, el Fiscal General de Baja, confirmó el 26 de enero que los investigadores habían descartado la línea de investigación de que el asesinato de Martínez fue provocado por una disputa personal que tuvo con un vecino, una idea que planteó la policía de Tijuana inmediatamente después de la muerte de Martínez. Los investigadores ahora se están enfocando en un posible vínculo con el crimen organizado, confirmó Carpio.
Gabriela Martínez, periodista local de Tijuana, explicó en la edición matutina del 27 de enero del noticiero “Esquina 32? la diferencia entre lo que hacen Margarito Martínez y otros reporteros de delincuencia versus los “comunicadores” o blogueros de redes sociales, que manejan el muchas veces anónimo y páginas no periodísticas de Facebook.
Ella dijo que el contraste clave es que los periodistas ponen su verdadero nombre y su identidad en su trabajo, a menudo arriesgando su propia seguridad y la de sus familias para hacer llegar la información al público.
“Ellos van por la noche cuando estamos dormidos para obtener la información. Entonces, ustedes pueden mirar en la comodidad de su hogar”, dijo Martínez. (Ella no es pariente de Margarito Martínez.)
Agregó que el trabajo periodístico está sujeto a estándares éticos y profesionales de las organizaciones de noticias donde trabajan, como confirmar los hechos antes de que se informen y no poner en peligro a las fuentes.
Amenazas rutinarias, sueldo bajo
El trabajo de Martínez lo puso muy cerca de un inframundo oscuro. En 2017, apareció en un reportaje de Los Angeles Times sobre los peligros que enfrentan los periodistas mexicanos.
Además de las amenazas de rutina, la mayoría de los reporteros en México ganan menos de $2,000 al mes, lo que a veces hace que tengan que trabajar a un ritmo acelerado para varios medios a la vez. Y, a menos que tengan varios trabajos, es más probable que los reporteros de Tijuana vivan en áreas más peligrosas y asequibles de la ciudad.
En las últimas tres décadas, mientras el semanario tijuanense Zeta documentaba la corrupción gubernamental y la guerra contra las drogas en México, dos de sus editores fueron asesinados y un tercero gravemente herido. Después de cada muerte y tiroteo, el personal unido tenía que dejar de lado sus sentimientos para sacar la siguiente edición del periódico.
“Después de publicar una historia sobre la participación militar en un asesinato, un comandante militar me dijo que podía desaparecer y nadie se daría cuenta. Lo dijo en broma, pero me asustó”, relató un periodista local de Tijuana, quien pidió no ser identificado debido a la gravedad de la amenaza.
Otro reportero habló de haber sido perseguido por un automóvil desde la escena de un crimen.
“Me han amenazado muchas veces a lo largo de los años”, dijo.
Además de las amenazas, los reporteros también tienen que luchar rutinariamente por los derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.
Maldonado había estado encerrada durante años en una demanda laboral que interpuso contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien es dueño de una empresa de medios.
Ella alegó que la compañía de Bonilla la había despedido injustamente y la demandó por salarios atrasados. Días antes de su muerte, recibió la orden del juez a su favor. Hasta el momento, no ha habido arrestos en relación con su asesinato.
Si la historia es un indicador, es poco probable que el público alguna vez obtenga respuestas sobre por qué mataron a Maldonado.
Justicia esquiva
“Sé que me van a matar”, le dijo Regina Martínez a un amigo en 2012. (Tampoco es pariente de Margarito Martínez).
Familiares y amigos instaron a la corresponsal nacional de Proceso en Veracruz a renunciar y mudarse. Pero siguió indagando en las bandas de narcotraficantes y la corrupción política hasta el día de ese mismo año en que fue golpeada y estrangulada hasta la muerte en su baño, un asesinato tan horrible como los crímenes sobre los que a menudo informaba.
Los investigadores de Veracruz inmediatamente insistieron en que su muerte no tenía nada que ver con su profesión de periodista, que fue asesinada por un prostituto adicto a las drogas que, según afirmaron, era su amante.
Esa versión podría haberse mantenido. Pero en 2020, en una colaboración sin precedentes, una red internacional de periodistas de investigación, unos 60 periodistas de 25 medios internacionales, se dispusieron a obtener respuestas sobre su asesinato y terminar la última historia de Martínez. Esa historia que nunca tuvo la oportunidad de contar, y que el gobierno federal mexicano probablemente quiso dejar enterrada, decía que miles de ciudadanos mexicanos estaban desapareciendo misteriosamente, posiblemente a manos de fuerzas gubernamentales entrenadas por Estados Unidos.
En 2020, luego de hacerse pública la obra internacional, el presidente López Obrador admitió que se debe reabrir la investigación por el asesinato de Martínez.
Su familia sostiene que su asesino nunca ha sido llevado ante la justicia.
En el funeral de Maldonado el 27 de enero, un miembro de la familia no parecía optimista sobre recibir justicia en esta vida por los crímenes locales más recientes. Pero sí esperaba que los colegas del periodista continuaran con su trabajo.
“Sigan con la lucha, debemos luchar por el derecho a expresarnos. Y no tengan miedo… Siempre habrá justicia, la justicia divina es la más hermosa”, dijo la sobrina de Maldonado, Renée.
Este texto fue traducido por Octavio López/TCA
