Cuando la demanda sobre la contaminación causada por una planta de armas nucleares llegó al juez Neil Gorsuch, había deambulado por las cortes durante más de dos décadas, sobreviviendo a algunos de los terratenientes que afirmaron que la contaminación destruyó el valor de sus propiedades.
Ese ritmo no le sentó bien a Gorsuch, un juez del 10mo Circuito de Corte de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Denver, y ahora nominado por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos.
“Esta prolongada licitación merece una pronta resolución”, escribió Gorsuch para el panel, que regresó el caso a la corte de primera instancia para que se resolviera “rápidamente” a favor de los terratenientes.
Muchos grupos ambientalistas dicen que Gorsuch es demasiado conservador y parecido al hombre al que sucederá, el fallecido juez Antonin Scalia, para considerarlo amigo del ambiente. Pero cuando se trata de su trayectoria en temas como contaminación y regulación ambiental, no puede ser catalogado como alguien que dicte a favor de las empresas, según una revisión de fallos hecha por Associated Press.
En 2010, Gorsuch apoyó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) cuando una compañía de magnesio cuestionó la nueva interpretación de EPA de una norma que regulaba derivados creados por la operación minera de la compañía en Utah.
En 2015, votó a favor de una ley de Colorado que requiere que 20% de la electricidad vendida a los consumidores en el estado sea de fuentes renovables.
También ha fallado en contra de la EPA, como en un caso del 2010 en donde escribió para una mayoría de la corte que la agencia estaba equivocada al catalogar la tierra de una compañía de Nuevo México como país indio cuando la compañía buscaba obtener un permiso para la minería. Si la tierra, que no estaba en una reserva, fuera catalogada como país indio, la compañía habría tenido que obtener un permiso de EPA en lugar del estado.
En cuanto a la larga demanda colectiva sobre el desperdicio nuclear en la planta Rocky Flats, el caso es conocido por su duración y, como señaló Gorsuch, un giro legal que “puso a los demandados en apuros”.
La demanda se presentó en 1990 por la gente que vivía cerca de la planta en el noroeste de Denver, que producía detonantes para armas nucleares durante la Guerra Fría. La planta fue operada originalmente bajo un contrato de gobierno por Dow Chemical Company y luego por Rockwell International Corporation.
Las autoridades federales revisaron las instalaciones en 1989 y hallaron un manejo descuidado de desperdicio de plutonio que contaminó tierra y agua. Se depreció el valor de la propiedad y los terratenientes demandaron.
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El reporte de AP sobre Neil Gorsuch está en: http://apne.ws/2mfXk4V
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El equipo de Investigación Nacional de AP puede contactarse en:
