WASHINGTON (AP) – Condenados por delitos de drogas que en su día fueron descritos por la fiscalía como delincuentes reincidentes no arrepentidos forman parte del grupo de reos que se beneficiará de las nuevas normas que aliviarán las penas que cumplen miles de personas en cárceles federales de Estados Unidos, según un análisis de The Associated Press.
Muchos de los delincuentes que obtendrán la libertad anticipada a partir de este otoño tienen un perfil que genera más simparía: traficantes de poca monta víctimas de una draconiana ofensiva de la autoridad antidroga. Pero un análisis de casi 100 casos judiciales identificó a acusados que portaban armas semiautomáticas, tenían condenas anteriores por delitos como robo, transportaron embarques de cocaína y participaron en tráfico internacional de heroína.
Un recluso cuya condena fue reducida fue descrito en el 2012 como “una calamidad a punto de ocurrir”. Otro fue arrestado con crack y armas mientras esperaba sentencia en otro caso.
Los partidarios de la medida dicen que no hay pruebas de que las condenas largan protejan la seguridad pública. Estudios muestran también que los reos que quedan en libertad antes no son más propensos a delinquir de nuevo que los que cumplen la totalidad de su pena. Pero la amplia variedad de los beneficiarios de la medida refleja la complejidad del proceso de toma de decisiones en lo relativo a las condenas por drogas.
“Soy una fiscal de carrera. Soy partidaria de la ley y el orden y creo que se necesita enviar a prisión por largo tiempo a las personas peligrosas”, dijo la vice secretaria de Justicia fiscal Sally Yates.
Pero agregó que “tenemos que ser inteligentes a la hora de determinar quiénes son esas personas peligrosas”.
Directrices fijadas por la Comisión de Sentencias de Estados Unidos proveen a los jueces recomendaciones de sentencias mínimas y máximas por delitos federales. La comisión votó el año pasado en favor de reducir los rangos de sentencia por delitos de drogas y aplicó entonces esos cambios a reclusos ya sentenciados. Desde entonces, prisioneros han pedido reducción de sentencias a jueces, que pueden rechazar a aquellos que consideran representan una amenaza pública. Un 75% de los pedidos habían sido otorgados hasta agosto.
La primera ola, unos 6.000, deberán salir alrededor del 1 de noviembre, la mayoría a confinamiento domiciliario o residencias de rehabilitación. Otros serán entregados a autoridades de inmigración para ser deportados. Autoridades federales dicen que alrededor de 40.000 reclusos serán elegibles para reducción de sentencias en los próximos años.
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Eric Tucker está en http://www.twitter.com/etuckerAP
