ASUNCION, Paraguay (AP) – Pese a las recompensas ofrecidas por el gobierno la población no ha colaborado con información que conduzca a la detención de los integrantes de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo por miedo a represalias o porque colabora con los rebeldes, dijo el lunes una autoridad judicial.
El fiscal antisecuestro Joel Cazal sostuvo que los habitantes de las aldeas pobres de los departamentos de San Pedro y Concepción, en el norte del país, “no colaboran con nosotros por miedo a represalias, por una decisión personal de no involucrarse o porque, tal vez, coopera con los criminales”.
Las expresiones de Cazal a la radioemisora Megacadena de Asunción coincidieron con la opinión de Sandra Quiñónez, otra fiscal considerada una especialista en el movimiento rebelde.
“El EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) como tal apareció en 2008 pero sus integrantes ya en 2001 estaban bien organizados… Esa disciplina interna sumada a que los componentes son parientes forma un clan familiar muy fuerte. Y la población simplemente no se involucra”, dijo a The Associated Press.
Por su parte el capitán Amilcar Vera, vocero de las fuerzas antiterroristas que operan en el norte, dijo a AP que “por lo que se ve las recompensas no atraen, por el momento, a la gente para contarnos dónde están los criminales”.
Desde el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) están vigentes diferentes sumas de dinero como gratificación para quien aporte datos precisos para el apresamiento de los jefes guerrilleros. La suma más alta es de 200.000 dólares por la detención de Osvaldo Villalba, presunto comandante del EPP. En total, el dinero ofrecido por el gobierno es de 800.000 dólares.
“Nuestro departamento de inteligencia continúa trabajando para obtener informaciones y prueba de ello es que en este año hubo varias detenciones de miembros de la Agrupación Campesina Armada, aparentemente un desprendimiento del EPP”, acotó Vera.
Pero para Quiñónez “capturarlos por ahora es difícil porque conocen la zona en donde se desenvuelven, saben cómo esconderse de las autoridades”.
Desde 2008 el grupo guerrillero se dedica al secuestro de hacendados con fines extorsivos y a atacar puestos policiales y militares. Desde entonces ha matado a cinco militares, 13 policías y 26 civiles.
La banda criminal mantiene en cautiverio a un policía desde julio del año pasado y a un campesino desde agosto de este año.
