SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – La Policía Nacional Civil confirmó el sábado la captura de cuatro militares reclamados por la Audiencia Nacional de España por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, en tanto el presidente salvadoreño pidió a los militares aún prófugos que se entreguen a la justicia.
La policía informó en su cuenta oficial de Twitter que como resultado del operativo iniciado la noche del viernes y “en cumplimiento de la notificación roja emitida por Interpol” se ha detenido al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y los también militares Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zárpate Castillo.
El presidente Salvador Sánchez Cerén dijo durante un acto público que “hay personas que se han ocultado, no sabemos si salieron ya del país, pero mi recomendación es que se entreguen a la justicia y que la justicia decida si los extradita o no extradita”.
Aclaró que será la Corte Suprema de Justicia “la que tiene que tomar la decisión” de extraditarlos o no.
“Necesitamos que haya verdad con todo lo sucedido en el pasado, pero también necesitamos que haya justicia, pero también tiene que haber perdón”, dijo, y se comprometió trabajar con los salvadoreños para que “el pueblo también tenga espacio para perdonar los hechos cometidos en el pasado”.
Con órdenes judiciales de registros y allanamientos, efectivos de la división central de investigación de la policía entraron a las casas de los oficiales en una residencial exclusiva para militares, en el oeste de la capital, San Salvador. También se allanaron las casas del resto de militares requeridos en otras zonas del país.
El abogado Lisandro Quintanilla, que representa los intereses de 13 de los 17 militares requeridos por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, confirmó a la AP la captura de sus defendidos y las calificó de “arbitrarias”.
Quintanilla dijo que en 72 horas los militares detenidos tienen que ser puestos a la orden de un juez que la Corte Suprema de Justicia debe designar y reiteró que “la extradición no procede legalmente”.
La policía también anunció que “continua el operativo para la ubicación y detención del resto de personas requeridas sobre el cual se informará oportunamente”.
El operativo en El Salvador se inició horas después de que una jueza de Estadios Unidos determinó que un ex coronel salvadoreño puede ser extraditado a España para responder al cargo por su supuesta participó en la planificación de la masacre de seis sacerdotes jesuitas.
La jueza federal Kimberly Swank consideró procedente la extradición del coronel retirado Inocente Orlando Montano Morales, una decisión que supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos. Cinco de los seis sacerdotes eran españoles.
“Es un paso importante en tema de justicia, pero aún no se habla de los autores intelectuales. Esperamos que los otros 13 (militares) sean capturados y extraditados”, dijo a los periodistas el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el jesuita español Andreu Oliva.
Oliva afirmó que “es un fracaso para la justicia y la sociedad salvadoreña que solo en España se esté buscando justicia”.
La orden de detención (difusión roja) contra los 17 militares fue emitida en 2011. La Interpol reactivó el aviso l pasado 4 de enero a petición del juez Velasco.
Sin embargo, la policía salvadoreña no había procedido con las detenciones con el argumento de que no sabía que acatar ya que en 2011 la Corte Suprema de Justicia que dijo que la difusión roja de Interpol no equivale a una orden de captura, sino de localización Pero en agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cambó el criterio y afirmó que este tipo de avisos equivalen a una orden de captura.
Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus universitario.
Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.
Otros dos se beneficiaron en 1993 de una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
