DALLAS (AP) – Un amplio cuestionamiento legal ha hecho que más de 20 ciudades en Texas hayan suavizado en los últimos meses las restricciones a los sitios donde pueden residir las personas catalogadas como agresoras sexuales en vez de librar costosas batallas ante la justicia.
Mientras otros estados, entre ellos la vecina Oklahoma, siguen alejando a aquellos de algunos de algunos vecindarios, unas 45 ciudades y pueblos de Texas recibieron cartas en noviembre del grupo Voces de Texas por la Razón y la Justicia exigiéndoles que revocaran las restricciones a la residencia. La organización sin fines de lucro, que critica las leyes sobre los agresores sexuales que considera inefectivas, ha demandado a 14 ciudades y tiene un aliado poderoso: el fiscal general del estado.
“Proponemos una evaluación individual caso por caso para determinar si alguien representa una amenaza para la comunidad”, afirmó Richard Gladden, un abogado del grupo. “El mito de que la gente que comete delitos sexuales es incapaz de controlar su conducta sexual no es más que eso: un mito”.
Está en juego cómo los pueblos chicos de Texas se diferencian de las ciudades. Las comunidades con menos de 5.000 habitantes son pueblos de “ley general” que no pueden adoptar una ordenanza que la legislatura no haya permitido. Docenas de estas comunidades pequeñas han restringido los lugares donde pueden residir los agresores sexuales -por lo general con el propósito de alejarlos de escuelas y otros sitios donde se reúnen niños- pero solo más adelante se enteraron de que habían violado reglas estatales.
“A menos que la legislatura lo autorice expresamente, una municipalidad de ley general no puede adoptar una ordenanza que restrinja el lugar donde pueda residir un agresor sexual”, según una opinión del 2007 firmada por el entonces fiscal general Greg Abbott, ahora gobernador de Texas. Las ciudades más grandes están dentro de la “ley local”, que significa que tienen “un derecho constitucional al autogobierno”, escribió Abbott.
Pero la Liga Municipal de Texas, que apoya servicios y cabildeos en favor de las ciudades, busca una acción legislativa que revierta la decisión de Abbott.
El estado permite a los líderes de los pueblos de “ley general” decretar reglas municipales “para el buen gobierno, la paz o el orden de la municipalidad”, dijo el director ejecutivo de la Liga, Bennett Sandlin. Pero las autoridades estatales pueden intervenir cuando las leyes locales son excesivas.
Tres ciudades han repelido recientemente sus leyes sobre los ofensores sexuales, dijo Gladden, y los líderes municipales de Krum, al norte de Fort Worth, consideran hacer lo mismo.
