SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) – El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos según el cual una sentencia del Tribunal Constitucional dejó apátridas a miles de dominicanos de ascendencia haitiana es “inaceptable” y revela “desconocimiento de lo que pasa en el país”, sostuvo el gobierno dominicano el miércoles.
El informe de 263 páginas de la comisión, difundido la víspera en Washington, “es una torpeza”, dijo a la prensa el ministro de Interior, Ramón Fadul.
La CIDH difundió el martes el informe sobre dos años de audiencias temáticas y la visita que realizó a República Dominicana a finales del 2013. En septiembre de ese año el Tribunal Constitucional había ordenado anular mediante juicios individuales la nacionalidad de todas las personas nacidas entre 1929 y 2007 de padres extranjeros sin permiso de residencia.
Organismos de derechos humanos estimaban, con base en una encuesta de Naciones Unidas, que la sentencia dejaría apátridas a unos 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos.
La CIDH entrevistó a más de 3.000 afectados y consideró que la decisión del Tribunal Constitucional tiene sus cimentos en ideologías raciales y en conflictos históricos con el vecino pueblo de Haití.
El organismo recomendó al gobierno dominicano restablecer de forma automática la nacionalidad a todos los afectados por la sentencia, estuviesen o no inscritos en el registro civil.
“Al ritmo que vamos CIDH, redactará por nosotros la constitución, leyes y sentencias” de República Dominicana, escribió en su cuenta en Twitter el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario.
El polémico fallo del Tribunal Constitucional “fue una acción soberana del órgano constitucionalmente establecido para eso y sus sentencias son vinculantes”, explicó el funcionario a periodistas en un acto público.
La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó a negar documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana varios años antes de que el Tribunal se pronunciara.
Fadul recordó que el gobierno aprobó en 2014 una ley para restablecer la nacionalidad de los afectados por la sentencia, siempre y cuando estuviesen inscritos en el registro civil.
Según estadísticas oficiales, las autoridades revalidarán la nacionalidad dominicana a unos 55.000 afectados por la sentencia.
La CIDH insistió, sin embargo, que la junta electoral “continúa negando las actas de nacimiento” a los dominicanos de ascendencia haitiana.
Para los descendientes de extranjeros que nunca estuvieron inscritos en el registro civil, el gobierno creó un programa para registrarlos como extranjeros con la posibilidad de naturalizarse en un periodo especial de dos años.
La Comisión cuestionó “que personas nacidas en territorio dominicano y que de conformidad con la legislación dominicana les correspondía la nacionalidad dominicana sean tratadas como extranjeras”.
La coalición Dominicanos X Derechos, integrada por diversas organizaciones que demandan la restitución de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, consideró en un comunicado que el informe de la CIDH hace un aporte importante al debate sobre el derecho a la nacionalidad en República Dominicana, “ofreciendo un amplio contexto histórico, político y jurídico”.
La Cancillería calificó en un comunicado como “inaceptable” el informe porque fue elaborado con “datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones”.
El proceso de desnacionalización dividió a la sociedad dominicana en 2013 y ha generado severas críticas por parte de gobierno extranjeros y organismos internacionales.