CAMPINA GRANDE, Brasil (AP) – En mayo pasado, cuando se empezaban a detectar los primeros casos de zika en Brasil, las ciudades que estaban en el epicentro de la epidemia dejaron de recibir las provisiones de insecticidas necesarias para eliminar a los mosquitos.
En Campina Grande, una ciudad de unos 400.000 habitantes, la escasez continuó incluso después de que la presidenta brasileña Dilma Rousseff declarara el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional el pasado 11 de noviembre.
La carencia de insecticida para atacar las larvas de los insectos es apenas una de muchas irregularidades del sistema de salud público brasilero, que paralizó la capacidad de Brasil para manejar el brote del zika y el aumento de nacimientos de bebes con un extraño defecto congénito que se presume que está vinculado al virus.
Un recorrido realizado por The Associated Press en varias ciudades y pueblos, que estaban en el epicentro de la epidemia al noreste de Brasil, descubrió que los hospitales públicos estaban a la espera de los recursos necesarios para combatir el virus mientras que los funcionarios de salud luchaban por su cuenta en un intento por compensar las carencias.
“En 19 años de trabajo en control ambiental nunca había visto tanta desorganización como la que estoy viendo ahora”, dijo dijo Rossandra Oliveira, que gestiona el control de mosquitos en Campina Grande.
El culpable más inmediato de la situación es la recesión más profunda que haya vivido el Brasil desde la década de 1930, que obligó a la economía más grande de América Latina a apretarse el cinturón. Pero expertos consultados dicen que el fracaso colectivo para hacer frente a flagelos de larga data como la corrupción, la desigualdad y la crónica escasez de recursos para el sistema de salud pública también es responsable.
Si solucionar esos problemas de larga data no eran ya de por sí un reto difícil, Rousseff ahora debe afrontarlo en momentos en que lucha por su supervivencia política. Esta semana, miles de brasileños salieron a las calles para exigir su renunciar en una crisis que ahora alcanza a su mentor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El ministro de Salud, Marcelo Castro, negó que la escasez de insecticidas de 2015 fuera grave. Dijo que se trataba de casos aislados, de corta duración y que coincidieron con un período más frío que redujo la reproducción de los mosquitos. También dijo que el envío de los insecticidas se había normalizado desde que él asumió el cargo de ministro en octubre.
“Hemos hecho un gran esfuerzo para asegurar que no haya carencia de insecticida para larvas en ningún lugar de Brasil”, dijo en una entrevista.
Pero documentos obtenidos por la AP indican que la escasez del insecticida se prolongó de agosto a noviembre y afectó a todo el país.
En un documento técnico, funcionarios de control de la enfermedad del estado de Pernambuco hablan de sustitutos para el insecticida, como el uso de cloro en las casas para matar las larvas o de peces pequeños que se las comieran.
El ministro Castro dijo que la manera más eficaz para luchar contra el mosquito era la eliminación de lugares donde se reproducen.
Pero virólogos consultados dicen que es importante usar todas las armas, incluyendo los insecticidas, y especialmente si se eliminan los acueductos improvisados, muy populares al noreste de Brasil debido a la falta de agua corriente que sea fiable.
En lugar de centrarse en las décadas de fracasos del gobierno, Rousseff echó mano del orgullo nacional. La camiseta que llevaba para dar inicio a una campaña nacional en contra del virus tenía estampado el lema: “un mosquito no es más fuerte que todo un país”.
Aun así, los recursos han sido escasos. El Ministerio de Salud ha reducido gastos por 650 millones de dólares, o casi 3% del gasto planeado.
La zona cero de la epidemia la integran los estados de Pernambuco y Paraíba. Ambos han reportado el 40% de los 6.480 casos de bebés que han nacido con las cabezas reducidas, una extraña enfermedad conocida como microcefalia.
En Monteiro, un polvoriento pueblo del noreste, la cantidad de personas que ingresaron a la sala de emergencia del hospital se triplicó en Navidad. En un solo turno de 24 horas el hospital gastó la provisión de analgésicos de un mes.
“Fue un Año Nuevo muy triste. No hubo fiestas, ni fuegos artificiales. Cada familia tenía al menos una persona enferma “, dice Ana Paula Barbosa, directora del hospital que estaba embarazada y que trabajó sin parar hasta que cayó enferma temiendo que fuera el zika.
El hospital se vio obligado a hacerse cargo del tumulto de pacientes después de que el gobierno estatal dejara de enviar por 15 meses los cheques que mantenían las operaciones del lugar así como un servicio regional de ambulancias.
El secretario de Salud de Paraiba dijo que él ayudó a los funcionarios locales durante la crisis con dos visitas que hizo a Monteiro. Sin embargo, cuando se le pidió más detalles, se abstuvo de darlos.
El hospital Pedro I, operado por el estado en Campina Grande, es otro caso de negligencia gubernamental. Una petición del alcalde del pueblo al Ministerio de Salud por 1,5 millones de dólares para la compra de un escáner de resonancia magnética hasta ahora ha sido ignorada.
